Se duplican las ayudas de urgencia a familias para no perder el piso

BarcelonaQue la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus ha llevado a muchos ciudadanos al límite hace meses que se percibe. Ahora, sin embargo, los datos empiezan a cuantificar estas desigualdades de manera objetiva. Y uno de los efectos más evidentes es en el ámbito de la vivienda. El número de ayudas públicas de urgencia a familias para evitar que pierdan su piso se han duplicado este 2021 respecto al año anterior, según ha podido saber el ARA. Cuando todavía falta un mes para acabar el año, el Govern ya ha destinado más de 9,3 millones de euros a estas prestaciones, una cifra tres veces más alta que en 2020.

Así, en los primeros 10 meses del año –desde principios de enero hasta finales de noviembre– la Generalitat ha dado 3.623 ayudas de este tipo, mientras que en 2020 (ayudes covid a parte) se dieron la mitad: 1.469 por valor de 3,1 millones. La cifra de 2021 también supera con creces la de dos años atrás, previa al estallido de la pandemia. Entonces, en 2019, casi 1.780 familias se beneficiaron de esta prestación de emergencia y, en total, el Govern destinó a ella unos 3,6 millones de euros (véase el gráfico).

Dentro del maremágnum de ayudas públicas –solo en Cataluña hay más de un centenar–, la prestación de urgencia para la vivienda es una ayuda que se puede pedir en cualquier momento del año y tiene por objetivo ayudar a las familias con una economía doméstica al límite, que han sufrido una sacudida y han dejado de pagar “puntualmente” las cuotas del alquiler o la hipoteca. El objetivo es cubrir la deuda y dejar el marcador a cero para que la familia pueda seguir en su piso, con una ayuda máxima de 4.500 euros por hogar y año. “Es el último recurso para muchas familias y este repunte demuestra que la pandemia ha hecho que mantener la vivienda se haya convertido en un reto todavía mucho más complejo”, admite Carles Sala, secretario de Vivienda e Inclusión Social de la Generalitat, que añade: “Preferimos pagar deudas y que la familia mantenga su piso que buscar una vivienda alternativa temporal, porque la exclusión residencial tiene un coste psicológico que queremos evitar”.

A pie de calle el aumento de las desigualdades también va calando. “Este año he acompañado a una madre con tres hijos, uno de ellos discapacitado, que cobraba 1.100 euros y pagaba 650 de alquiler. Le hicieron un ERTE y ya no pudo con todo: son situaciones sobrevenidas durísimas”, explica una trabajadora social que acompaña normalmente a familias beneficiarias de esta ayuda. “Es una ayuda y bienvenida sea, pero estos datos son solo la punta del iceberg: ¿tú sabes cuánta gente queda fuera de esta prestación?”, añade.

A pesar de que cada vez hay más familias informadas que piden y optan a la ayuda, para acceder hay que cumplir unos condicionantes, como en todas las prestaciones, que ya suponen una barrera de entrada burocrática para muchas familias vulnerables. “Por ejemplo, por cualquier ayuda al alquiler no puedes tener un piso de más de 800 euros al mes cuando, de media, la mayoría son más caros”, remarcan los trabajadores sociales consultados por este diario.

La necesidad de una solución duradera

Más allá de la cobertura social de esta ayuda concreta, lo cierto es que el repunte de este año evidencia un problema creciente de fondo. “Seguimos trabajando desde la emergencia, ponemos tiritas que, sí, son bienvenidas y alivian, pero se aflojan muy rápido”, lamenta la trabajadora social. Desde la secretaría de Vivienda, Sala señala además que el aumento de los datos se está detectando incluso con la moratoria antidesahucios del gobierno español todavía en marcha. “Cuando decaiga nos podríamos encontrar con un verdadero tsunami de desahucios; el más grande de la historia”, avisa.

Por eso el departamento de Derechos Sociales, en el que ahora se enmarcan las competencias de vivienda, admite que, más allá de cubrir “necesidades puntuales”, hacen falta “medidas estructurales” para cambiar la situación. Con la ley catalana que regula los alquileres recurrida y a la espera de sentencia del TC, el ejecutivo catalán también pide responsabilidades al gobierno español. “¿Qué pasará con los desahucios cuando acabe la moratoria? –insiste Sala–. Hacen falta medidas, las que sean, pero estructurales, dotadas de presupuesto; así solo generan más ansiedad”. La opción de la Generalitat sería una mediación obligatoria entre las partes antes de poner una demanda: “Es una alternativa a más y más sentencias”, explica Sala.

¿Y es que cumplen su objetivo, las ayudas? “Alivian pero no hacen desaparecer la angustia”, concluye la trabajadora social. “Las familias piensan: de acuerdo, nos hemos salvado de esta y ahora a ver qué pasa”.