Clam para salvar la moratoria antidesahucios y evitar "una nefasta ola" de expulsiones a partir de enero

Madrid"Un derecho no puede ser un negocio y quien tiene el poder de cambiarlo está ahí dentro". Éste es el grito de alerta de colectivos de defensa del derecho a la vivienda para que el Congreso de los Diputados prorrogue la moratoria de desahucios a familias vulnerables, que caduca el 31 de diciembre y que entre el 2020 –se puso en marcha con la pandemia– y en el 2024 consiguió detener 60.000 desahucios. Es un decreto ley que debe impulsar al gobierno español y que debe ser convalidado en la cámara baja, con la imprescindible complicidad –a través de un voto afirmativo– de Junts y el PNV. Según denuncia el manifiesto, firmado por 26 organizaciones, serviría para "evitar una previsible y nefasta ola de desahucios sin alternativas".

En una convocatoria de prensa a las puertas del Congreso, el portavoz de la PAH, Paco Morote, ha reclamado que la medida deje de ser "coyuntural" y se convierta en "absolutamente estructural" mientras dure "la emergencia habitacional" y los poderes públicos "no sean capaces de garantizar una vivienda alterna". En la misma línea se ha expresado Mari Carmen, que tiene 87 años y hace un mes su desahucio fue paralizado por el Sindicato de Inquilinas. Reclama que el decreto "debe mejorarse para ampliarlo definitivamente" y para que deje de ser un "parche". "Lo que debe hacer este gobierno es atreverse a meter la mano de forma fuerte en el tema de la vivienda. Yo lo que quiero es vivir tranquila", ha dicho.

Desde el Observatorio Desca, Irene Escorihuela ha dicho que la redacción del texto es "mejorable" y ha denunciado que los jueces hacen una interpretación "restrictiva". De hecho, el manifiesto lamenta la "falta de cobertura" de la moratoria, ya que quedan fuera las familias vulnerables que han ocupado viviendas vacías tras la pandemia y los contratos de renta antigua. Esto explica, por ejemplo, que sólo se suspenda uno de cada cuatro desahucios.

Fuentes del ministerio de vivienda consultadas por el ARA coinciden en el diagnóstico y en la hoja de ruta. Aseguran que la prórroga de la moratoria es una de las medidas que quieren que salga adelante y que están negociando con los grupos parlamentarios en el marco de la "renovación" del escudo social. Asimismo, las mismas voces apuntan a que debería impulsarse una revisión del sistema para dar una "respuesta estructural" de la mano de los servicios sociales para poder ofrecer una "atención integral".

Ruegos en la Moncloa y pendientes de Junts

Los mensajes han ido dirigidos en dos direcciones: en la Moncloa y en Barcelona. Por un lado, Richard Rodríguez, de la Plataforma Stop Deshaucios, ha dicho que cuando "solo existen palabras" sobre el derecho a la vivienda la "frustración en la vida real" es "enorme" y ha reprobado la pasividad del PSOE. "Si esto no lo detiene el gobierno español no habrá quien lo pare. Que tengamos que suplicar para que las familias no se queden en la calle es de preescolar político", ha denunciado.

Por otra parte, Escorihuela reconoció que la correlación parlamentaria "no es muy favorable" y admitió que les preocupa "en particular" Junts, ya que el año pasado "costó un poco". "Haremos contactos específicos para poder hablar con ellos", recalcó. Eso sí, todavía están en una fase de "conversaciones muy preliminares" con las formaciones políticas y en un "punto de partida para empezar a hacer presión". La previsión es reunirse la próxima semana con todos los grupos parlamentarios. La problemática "sigue vigente" y confía en que "ningún grupo político" quiera que en enero haya "decenas de miles de desahucios".

¿Qué pasó la última vez?

La suspensión de los desahucios que afectan a familias en situación de vulnerabilidad sobrevenida o que ya sufrieran y se hubiera agravado estaba incluida en el decreto ómnibus que Junts, PP y Vox tumbaron en el Congreso en enero. Posteriormente, el gobierno español y Juntos acordaron un nuevo texto –que dejaba fuera aspectos económicos que los junteros no compartían– para salvar, entre otros, la revalorización de las pensiones, las bonificaciones en el transporte público, las ayudas para los afectados por la dana y, precisamente, la prohibición de algunos desahucios. Ahora comienza una nueva cuenta atrás.