PalmaJuanfran y Bea llevan quince años viviendo en Mallorca. Llegaron a la isla como pareja y encontraron trabajo en breve. Él es instalador eléctrico y ella, camarera de pisos. No han estado prácticamente nunca en paro, aunque él, que es autónomo, no está de confesarlo: “Durante la pandemia lo pasé mal”. En 2021 más o menos todo volvía a la normalidad, pero en 2022 llegó la comunicación del propietario del piso que tenían alquilado. Se acababa el contrato y la propuesta era pasar de pagar 875 euros al mes a 1.500: “No podíamos pagar esto en modo alguno. Yo solo trabajo seis meses y él hay meses que factura más y otros menos, y tiene muchos trabajos pendientes de cobrar”, dice Bea. “Nos pedían al menos 4.000 euros entre fianza y pagos adelantados. Una noche no podía dormir y le dije: «Tenemos que cambiar de estrategia o de ciudad, porque aquí, en los pisos, no nos quieren», concluye Juanfran.
Un amigo tenía a la venta una autocaravana, y llegaron a un acuerdo con él. Le pagan un alquiler de 480 euros mensuales que descontarán del precio de venta, si pasados tres años quieren quedársela. “Los primeros días me sentía fracasada. Con trabajo, no había sido capaz de tener una vivienda como el resto de la gente. No podemos tener amigos a cenar, no se lo he contado a la familia. Vivo en una media mentira, dando la dirección postal de mi hermana, que vive en un piso compartido. He pasado más vergüenza y rabia que nunca en mi vida. Además, cuando sacamos del piso habíamos empezado a hablar de tener hijos. ¿Cómo puedo ser madre si vivo en una caravana?”, dice Bea.
El de esta pareja no es un caso aislado, ni una excepción. El precio del alquiler en Baleares, especialmente en Mallorca y Pitiusas, se ha duplicado en quince años, pero los salarios no han subido al mismo ritmo. Esta realidad ha provocado una expulsión de los trabajadores de los modelos convencionales de vivienda, obligándoles cada vez más a compartir piso o buscar alternativas como una caravana. En la entrada a Palma desde la carretera de Manacor, hay más de cincuenta aparcadas, y la mayoría de sus habitantes son personas con trabajo.
En la ciudad de Ibiza, hasta una cincuentena de caravanas se habían ido concentrando en los últimos meses en el solar de la Joveria. Pero frente al control policial de los vehículos, algunos han decidido cambiar de ubicación para evitar problemas. La mayoría de los ocupantes son trabajadores del sector turístico y de la construcción que no pueden pagar los precios tan elevados de la vivienda ibicenca.
Un problema de primer orden
“Antes es cierto que tener un trabajo era prácticamente una garantía de poder cubrir las necesidades básicas, incluida la vivienda. Ahora, en nuestro contexto, esto ha ocurrido en la historia. La vivienda es un problema de primer orden que no puede obviarse porque está provocando mucho sufrimiento y tendrá también consecuencias económicas”, explica Thomas Ubrich, sociólogo y técnico del equipo de estudios de Cáritas y Foessa. De hecho, a la subida generalizada del coste de la vida, sobre todo después de la pandemia, se añade que la entrada en una vivienda es principalmente un negocio.
Ésta es una tormenta perfecta que “ha hecho que, en poco tiempo, los ciudadanos hayan pasado de destinar seis euros, de cada diez de los que ganan, a necesidades básicas como la vivienda, la calefacción y otros suministros, a destinar -ocho”, dice Ubrich. Y los datos oficiales confirman el cambio de los demandantes de ayuda tanto económica como orientación en materia de vivienda. En el caso de la Oficina Insular de la Vivienda, en Mallorca, cerca de la mitad de los 260 casos atendidos en el escaso primer año de vida son personas con nómina, con ingresos regulares del trabajo.
“El perfil ha cambiado drásticamente por la enorme subida del coste de los alquileres. Nos llegan familias derivadas de los servicios sociales, pero también muchas que vienen por iniciativa propia, asustados, con la cara desencajada, porque les ha llegado una carta de finalización del contrato del alquiler, y ya sabemos que esto significa una subida importante del precio” , explica Carolina Solano, coordinadora de la Oficina. El perfil principal está formado por parejas con hijos, personas solas y familias monoparentales. Y todos los técnicos y especialistas coinciden en que faltan recursos para abordar la emergencia de la vivienda.
Multas de hasta 1.500 euros para evitar los asentamientos de caravanas en Palma
La nueva ordenanza cívica de Palma contempla sanciones para acabar con los asentamientos de caravanas y sanciones que van de los 750 a los 1.500 euros. El Ayuntamiento de Palma prohibirá con la norma, aplicable en dos meses, estacionar durante más de diez días en el mismo sitio, según ha avanzado Última Hora. Transcurrido ese plazo, el propietario deberá mover el vehículo al menos 250 metros y señalizar el día y hora de llegada a la nueva ubicación.
El Ayuntamiento advierte que vigilará, para poder sancionar, si el propietario está utilizando el vehículo como vivienda cuando se le dé algo distinto del estacionamiento, como dormir, comer o beber. Vigilará que las autocaravanas estén enganchadas a su vehículo tractor y no podrán acampar más allá de las zonas habilitadas y señalizada por el consistorio.
