El estado español declara la guerra a la cultura

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Pablo Hasél en el momento de ser detenido

La detención de Pablo Hasél de madrugada no es solo la noticia del día. Este hecho marca un punto de no retorno en la deriva del estado español en su ataque selectivo contra los derechos y las libertades. El de Pablo Hasél no es el primer paso en este sentido. El caso de Josep Miquel Arenas, Valtònyc, exiliado en Bélgica, es un precedente significativo en cuanto al desprecio de la justicia española hacia la libertad de expresión, la libertad ideológica y la libertad artística. Hoy podemos decir que el estado que lidera desde el 2019 la lista de países del mundo con más artistas represaliados, condenados y encarcelados, según el informe de la organización internacional Free Muse, da un paso adelante hacia la ignominia.

El sector de la música, y como consecuencia todo el mundo cultural, tenemos que entender el encarcelamiento del cantante de Lleida como una amenaza y una advertencia al resto de creadores. No es solo su libertad la que está penalizada. Él solo es el cabeza de turco que tiene que servir para que callemos. Y la cultura callada es solo un jarrón pasado de moda sobre la mesa luciendo unas flores marchitas en un agua podrida. Con la detención de Hasél el estado español ha declarado la guerra a la cultura y estamos seguros de que toda la creatividad del sector se les girará en contra. Si la cultura no puede ser crítica y no nos puede interpelar ante los abusos del poder, no es nada.

Ahora hay que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para resolver esta injusticia. La anulación de su causa tiene un largo recorrido hasta llegar a las instancias europeas, y la amnistía depende de dos tercios de un Congreso de Diputados insuficiente. Las claves legales parecen ser la reforma del Código Penal y, por lo tanto, del marco legal que ha hecho posible que un cantante entre en la prisión por sus canciones y sus declaraciones. Otra vía es el indulto, que el propio Pablo Hasél ya ha dicho que no pedirá porque hacerlo sería aceptar la culpa, pero que podría servir para reivindicar su inocencia y la vulneración de sus derechos, en el supuesto de que le fuera concedido y decidiera rechazarlo. Las movilizaciones se extienden en todo el territorio, y confiamos también en la respuesta y la denuncia del mundo cultural en el ámbito internacional.

Con el encarcelamiento de Hasél el estado español hunde la escasa credibilidad democrática que le quedaba.

Gerard Quintana es músico y presidente de la Acadèmia de la Música

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