Caldes de Montbui reclamará al Estado el patrimonio expoliado por Franco

BarcelonaTodos los intentos que se han hecho para reclamar el retorno del patrimonio y del dinero que fueron a parar a manos de España con el expolio franquista han fracasado. Pero Caldes de Montbui espera que esto cambie. "Hasta ahora nunca se ha conseguido, pero con la nueva ley de memoria democrática española se ha abierto una brecha", asegura Daniel Vallès, abogado y profesor de historia del derecho en la UAB.

En enero de 1939, cuando las tropas franquistas, con soldados italianos y marroquíes, entraron en Caldes de Montbui, este municipio tenía poco más de 4.000 habitantes. Por ser un pueblo pequeño, la represión fue bastante dura: se abrieron 183 juicios sumarísimos y 53 personas fueron encausadas por responsabilidades políticas. Algunos perdieron todo el patrimonio y otros vieron cómo el suyo se ampliaba. Hace tres años, el consistorio aprobó una moción impulsada a petición del Centro Ateneo Democrático y Progresista, y aprobada por el plenario calderín con los votos a favor de ERC, CUP, PSC y Junts, para realizar un estudio, que se encargó a la historiadora Neus Morán, sobre las víctimas del expolio. En marzo del año pasado se hizo pública la requisa en las instituciones, entidades y negocios.

El consistorio ha dado a conocer este lunes cómo el expolio afectó a las familias del pueblo con la lista de 55 hombres y mujeres que vieron cómo lo que tenían cambiaba de manos. Para atender a estas víctimas, se ha abierto una oficina de memoria democrática. "Pondremos a disposición de todo el mundo que se sienta interpelado, sea del bando que sea, toda la información que tenemos y también asesoraremos y acompañaremos a las familias que quieran iniciar los trámites para reclamar su patrimonio", explica el alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda (ERC-AM). De momento, el municipio descarta realizar una demanda colectiva con todos los casos particulares que se quieran sumar. Sí hará una sobre el expolio que afectó al consistorio republicano.

Aquel 1939 se bloquearon muchas cuentas corrientes y los propietarios nunca recuperaron su dinero. El Sindicato Agrícola y Caja Rural de Caldes de Montbui, una cooperativa campesina muy importante en el Vallès, fundada en 1917, sufrió también la requisa y asumió la dirección de la Falange local. La entidad acumulaba 55.900 pesetas que fueron bloqueadas y muchos vecinos perdieron sus ahorros. El consistorio reclamará ese dinero y las 3.000 pesetas que pertenecían al comedor popular infantil. "Estamos elaborando un informe económico para realizar una estimación sobre qué valor sería el actual y así saber qué reclamaremos, primero al ministerio de Hacienda, y, si se niega al retorno, iniciaremos una demanda jurídica", detalla Vallès.

Los precedentes

El abogado cree que existen posibilidades para que la demanda pueda salir adelante. En 2014 el caso de la familia Funes llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mariano Ruiz-Funes García fue ministro y embajador de la Segunda República entre 1936 y 1939. El 2 de julio de 1940, el estado franquista le condenó a una pena de incautación de todos sus bienes: dos casas en Murcia y la mitad de una finca rural. Su familia inició una reclamación en octubre del 2009 en base a la ley de memoria del 2007. El ministerio de Justicia inadmitió la demanda y la Audiencia Nacional desestimó los recursos interpuestos por los familiares de Funes. Sus herederos fueron entonces a llamar a las puertas del Tribunal Europeo.

"En ese momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos argumentó que la ley del 2007 excluía expresamente cualquier forma de reparación pecuniaria y que los demandantes no habían sido capaces de citar cualquier otra ley o jurisprudencia internas con la que poder basar sus demandas . Ahora sí que hay otra", detalla Vallès. La nueva ley de memoria incluía una auditoría de los bienes requisados ​​durante la Guerra Civil y la dictadura, y se le ponía un calendario: debía hacerse en un año (no ha sido así), y se reconocía el derecho a un resarcimiento por expolios producidos por "razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa".

Morán ha localizado los minuciosos informes de la requisa. Una estantería, un armario, un pájaro disecado, jaulas de conejos, tres sillas, una cómoda, un fogoncillo, una docena de platos, 180 papeles satinados, 790 hojas de papel de cebolla, una máquina de coser… y así hasta llegar a prácticamente más de un centenar de utensilios y muebles domésticos y de imprenta. Es el exhaustivo registro que hizo la Junta Local de Recuperación y Confiscación de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), el 24 de julio de 1939, en la casa y en la imprenta de Joan B. Pobla, que fue concejal por el PSUC entre en 1937 y 1938. Hay muchos más informes que afectaron a muchas otras familias. "Había dos almacenes que abrió el consistorio franquista con muchos muebles. La mayoría desaparecieron", detalla la historiadora.