El gobierno español promete una declaración de "reparación y reconocimiento" de Salvador Puig Antich

BarcelonaEl ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este miércoles que el gobierno español declarará "la reparación y reconocimiento personal" a la familia de Salvador Puig Antich cómo se hizo con el presidente Lluís Companys. En el caso de Companys, se han realizado dos "reparaciones": una en el 2009, que solicitó la neta del presidente asesinado, y otra en el 2018. Sin embargo, todavía no se ha llegado al final del camino. El pasado noviembre se inició el procedimiento para pedir al gobierno español la formalización de la nulidad de las sentencias impuestas al presidente catalán asesinado, pero todavía no se ha emitido el certificado de nulidad y la inscripción en los expedientes judiciales. "Vamos a seguir trabajando con la ley de memoria democrática y su aplicación con próximos pasos", respondió el ministro a una pregunta de Junts en la que se pedía al ejecutivo pedir perdón en nombre del Estado por la muerte del activista antifranquista, ejecutado en 1974.

Es un reconocimiento simbólico, porque la justicia española ha sido siempre un muro infranqueable. Se han intentado muchas estrategias, pero nunca se ha logrado que ningún juzgado aceptara revisar la sentencia que condenó a Puig Antich. El 2 de marzo se conmemoraron los 50 años de la muerte del joven luchador del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) y diferentes actos volvieron a poner sobre la mesa el juicio que le condenó a morir por el método del garrote vil. La nueva ley de memoria democrática española, aprobada hace dos años, contempla la posibilidad de declarar nulo su juicio. La ley de 2022 declara la ilegalidad y la ilegitimidad de cualquier órgano judicial, penal o administrativo de la dictadura creado para condenar y castigar por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa. Declara también ilegítimas y nulas las resoluciones de los tribunales franquistas, pero en ningún caso esto se traducirá en la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado oa cualquier administración pública o particular.

"El señor Salvador Puig Antich fue juzgado sin garantías por un consejo de guerra que no era un tribunal competente. Fue una lamentable acción que se cometió durante la dictadura con una motivación política del régimen. Fue ejecutado cruelmente en el garrote vil", ha afirmado Torres durante la sesión de control en el Congreso. Un régimen con ganas de venganza por el asesinato de Carrero Blanco decidió ejecutar al joven anarquista hace cincuenta años. Hasta el último momento la familia esperó a un indulto que nunca llegó. Fueron unas últimas horas angustiantes. Puig Antich no supo, hasta el 2 de marzo por la mañana, que le matarían con el garrote vil.

En julio de 2009, la neta de Companys solicitó una declaración de reconocimiento y reparación personal en favor de Lluís Companys i Jover. En esta declaración dejaba constancia de que sufrió violencia por razones políticas e ideológicas y que fue injustamente condenado a muerte en cumplimiento de la sentencia impuesta por un consejo de guerra ilegítimo. En 2018 hubo otra declaración.