Eutanasia, periodismo, tolerancia

La eutanasia es un tema muy delicado, muy íntimo, en una sociedad que por fortuna protege la intimidad, legislada por la Constitución y el Estatut, que, veinte años atrás, se anticipó a su tiempo y en el artículo 20 argumenta el “derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte”. El periodismo ha de afinar para abordar su complejidad, aunando el respeto por la ética de las personas que se encuentran en una situación tan límite y la deontología del oficio, sabiendo moderar sus focos, Criterio 6 del Código Deontológico de los periodistas catalanes.La polémica sobre la eutanasia ha llegado a nuestras páginas a raíz del revuelo mediático que ha generado el caso que ha protagonizado Noelia Castillo. La posición de ARA ha sido a favor de su derecho a la muerte digna, según la ley de 24 de marzo de 2021, y las opiniones publicadas han ido mayoritariamente en esta línea: artículos deEmpar Moliner, Mònica Planas, Josep Ramoneda, Ester Busquets, David Miró, Àlex Gutiérrez y la apelación al debate sosegado que nos proponía Antoni Bassas. Elena García Dalmau se suma a ella con una visión diferente en el artículo que, titulado “Eutanasia por dolor psicológico?”, salió el 28 de marzo en la sección muy propiamente definida como “Debate”, que ella conoce muy bien al ser editora de textos. Anoto algunas de las quejas de lectores sobre su reflexión.La subscriptora Sonia Garcia califica el artículo de “sectario, tramposo y ofensivo para mucha gente que comprende la eutanasia como un derecho”, considera que es fruto de una “profunda ignorancia”, y concluye: “La publicación de piezas como esta perjudica la reputación de diario serio que hasta ahora tenía para mí el ARA, y a nivel personal me hacen plantear darme de baja de la suscripción”. En similar dinámica, el lector Xavier Clèries manifiesta: “¿Cómo puede ser que se publique un artículo semejante? El articulista emite opiniones imprecisas y sin conocer la realidad de los trastornos psicológicos”. De los cuarenta y siete comentarios a pie de artículo, siete nos interpelan por haberlo publicado.El suscriptor fundador Albert Martín parte del respeto por algunas de las opiniones, pero no le parece correcto que, en el epígrafe de la firma, Elena García “añada a su condición de filóloga, la de “editora de la sección de Opinión”. El argumentario en este caso señala que ser filóloga no la acredita para opinar con solvencia sobre el tema y que, en consecuencia, “al autoagregarse su cargo en el ARA, busca reforzar su auctoritas”. Al final, Albert Martín detalla el nudo de la crítica:“Pero lo que resulta del todo inadmisible y grave, y más aún tratándose de una filóloga, es el uso perverso que hace del lenguaje cuando solo empezar el artículo suelta que “Y es muerta porque el estado la ha ejecutado”, en una burda manipulación del lenguaje para condicionar al lector digna de un “Paren máquinas” e indigna del ARA.En derecho, y según el Institut d'Estudis Catalans, ejecutar es obligar al cumplimiento de una deuda o sentencia y, en justicia penal, como todos sabemos, la aplicación de la pena capital. No es la consecuencia de un acto de libre voluntad autorizado por una resolución (no una sentencia) que ha de estar motivada jurídicamente y médicamente por un órgano formado por profesionales de prestigio y siguiendo todos los trámites que dispone la ley.Evidentemente –concluye el suscriptor– que hay una acepción del concepto “ejecutar” de “llevar a cabo alguna cosa” pero si la excusa de la Sra. García fuera que este era el sentido que le quería dar, por favor, que no lo empeore pretendiendo hacer pasar un buey por bestia grande y que tenga más respeto a la inteligencia de los lectores que ha querido manipular”.Le he pedido a Elena García Dalmau su visión de contraste, preceptiva en mi función arbitral, y me responde:“El debate sobre la eutanasia y sobre el rol que debe tener el Estado en su aplicación hace décadas que dura y no tiene una respuesta fácil. Prueba de la dificultad de establecer un patrón moral irreprochable es la diversidad de formas que toman las leyes sobre la eutanasia en países con largas trayectorias democráticas. Las vacilaciones no afectan tan solo el caso de los pacientes con patologías psicológicas, a las que aludía mi artículo. El Tribunal Constitucional alemán estableció en 2020 que el derecho a autodeterminar la propia muerte existe en todas las etapas de la vida humana; la ley española lo circunscribe a un contexto muy delimitado. Que dos democracias avanzadas lleguen a conclusiones tan divergentes es la mejor prueba de que no hay respuesta técnica unívoca.La cuestión, sin embargo, es si la perspectiva técnica en asuntos morales –continúa Elena García– debe ser la única válida. Creo que el debate sobre cuestiones éticas de esta gravedad no puede circunscribirse a las autoridades de la medicina, la enfermería y el derecho: interpela a toda la ciudadanía. Y es como ciudadana que ha dedicado mucho tiempo a pensar en la cuestión por motivos personales que escribí la columna. Que apareciera mi formación —filóloga— y mi trabajo —editora en la sección de Opinión— responde a una convención del diario; de ninguna manera quería reforzar una autoridad a la cual, por otra parte, ni podía ni creo necesario apelar en este debate”.Sobre este último aspecto, el de la firma con su cargo dentro del equipo de Opinión, el jefe de la sección, Toni Güell, apunta que "habría sido raro ocultar este hecho, de manera que incluimos su cargo en la firma del artículo por una simple razón de transparencia". Por otra parte, y con relación a la publicación de la columna, la directora, Esther Vera, me subraya que "la pluralidad y la diversidad de opiniones es una de las características esenciales del diario y una condición irrenunciable si verdaderamente queremos hacer una contribución a los debates informados de nuestra sociedad".El criterio del Defensor, ya manifestado en otras crónicas, es que un diario demócrata y generalista debe priorizar el interés informativo y publicar toda clase de opiniones emitidas desde el respeto, y aún más en temas tan sensibles y polémicos. La eutanasia admite muchas lecturas, hermenéuticas, consideraciones legales y de conciencia. Por un lado está el integrismo católico, tristemente célebre por su activismo demasiado a menudo invasivo e inapropiado. Pero sin salir de la doctrina cristiana hay matices que podemos remontar a Thomas More (Utopia, 1516), que deja la cuestión en abierto, donde la Escolástica predica que “de internis, neque Ecclesia”, que significa que la intimidad no puede ser interferida por el derecho canónico, diría en versión libre. Más allá de los avances de la medicina y la bioética, entre la sedación terapéutica y la sedación paliativa, los creyentes que han de afrontar casos de esta índole tienen un espacio interpretativo que permite rodear la dogmática. Al otro lado de las creencias religiosas, tampoco hay un pensamiento monolítico más allá de defender el derecho a la muerte digna y las legislaciones garantistas que lo amparan, textos jurídicos que ellos mismos recogen registros variados en sus primmiradas redacciones.Es posible, en esta dimensión de una diversidad de criterios tan abierta, que no todas las opiniones sean respetables a juicio de cada lector, pero es seguro que lo que es respetable siempre es el derecho de opinar. El periodismo debería ser tolerancia de una manera pragmática, menos grandilocuente que el dominio ético: de oficio escuchamos y difundimos mensajes –no solo opinión, también cuando informamos– con los cuales no estamos de acuerdo, en la convicción de que los responsables de las opiniones son quienes las firman o expresan, no el diario. En reciprocidad, los lectores tienen derecho a elegir qué leen y qué dejan de leer, a elogiar y a criticar. También tienen derecho a decirnos que no publiquemos informaciones y opiniones que pueden detestar –he visto comentarios muy negativos por ejemplo cuando entrevistamos a algún político del PP; el más reciente, Ana Pastor–, pero apelo a la comprensión de que, en estos casos, el emisor periodístico y el receptor lector puedan administrar una sana discrepancia que activa el feedback y nos mejora a todos juntos.El Defensor del Lector toma conocimiento de las dudas, sugerencias, críticas y quejas sobre los contenidos del diario en sus ediciones digital y en papel, y cuida que el tratamiento de las informaciones sea conforme a los códigos deontológicos.Para contactar con el Defensor del Lector puede enviar un correo electrónico a eldefensor@ara.cat o registrar un mensaje de no más de un minuto al número de WhatsApp 653784787. En todos los casos, se requiere identificación con nombre, apellidos y número de DNI.