El retroceso silencioso de la ley de memoria democrática allí donde gobiernan el PP y Vox
Andalucía, tierra natal de Lorca, se añade a las comunidades que quieren sustituir las leyes de memoria por "leyes de concordia"
BarcelonaHace exactamente 90 años que el poeta Federico García Lorca fue fusilado en las afueras de Granada, en un lugar entre los municipios de Alfacar y Víznar que todavía nadie ha podido confirmar con exactitud. Su desaparición no es una excepción: es el símbolo más conocido de un fenómeno que continúa abierto en todo el Estado y que, ahora mismo, vive un retroceso silencioso allí donde el PP y Vox comparten gobierno. Justo cuando se cumple el aniversario de la muerte de Lorca, la Junta de Andalucía –la comunidad autónoma de donde era el poeta y la que tiene más fosas comunes de todo el Estado, con más de 3.000 personas enterradas solo en el barranco de Víznar– ha puesto fecha de caducidad a la ley que ampara la búsqueda de los desaparecidos del franquismo.
El caso andaluz, entre la ley de memoria y la de "concordia"
En el año 2022 el Estado aprobó la ley 20/2022 de memoria democrática, la norma que amplió la ley de memoria histórica del año 2007 y que impone a todas las administraciones públicas un "deber de memoria": buscar y exhumar víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, retirar simbología franquista del espacio público y también mantener mapas públicos de fosas. Sobre la primera norma del año 2007, 12 de las 17 comunidades autónomas aprobaron sus propias leyes de memoria –como la que Andalucía validó en el año 2017, sin ni un solo voto en contra–, que despliegan y financian este deber histórico en cada territorio. Así pues, son las comunidades las que subvencionan excavaciones, gestionan los mapas de fosas y tramitan las ayudas a las familias.
Es precisamente esta ley andaluza la que ahora está en peligro. El 2 de julio Juan Manuel Moreno (PP) fue investido presidente de la Junta con los votos de Vox. El pacto de gobierno entre los populares y el partido de extrema derecha preveía la aprobación de una "ley de concordia" que debe sustituir la ley de memoria andaluza del año 2017. La diferencia entre una y otra es clara –si tomamos de ejemplo las normas que han planteado otras comunidades donde gobierna el PP y Vox–: mientras que la ley de memoria parte del reconocimiento específico de las víctimas del franquismo, las leyes de concordia tienden a borrar esta especificidad y hablan, en genérico, de "todas las víctimas de la violencia" de ambos bandos –una equiparación que pone al mismo nivel los crímenes de una dictadura y los de un conflicto bélico.
En la práctica, esto se traduciría en tres cambios: la administración deja de tener la obligación de impulsar exhumaciones por iniciativa propia y pasa a depender de que lo solicite la familia; los presupuestos dedicados a excavaciones se reducen o desaparecen como partida específica, y los mapas públicos de fosas dejan de tener carácter vinculante. En Andalucía, esta incertidumbre ya se nota sobre el terreno: en Córdoba, el consistorio ha tenido que recurrir a contratos menores de emergencia para no detener las excavaciones en la fosa de La Salud, donde se calcula que puede haber enterradas hasta 4.000 víctimas, contando también la fosa vecina de San Rafael.
Un patrón calcado
El caso andaluz no es un caso aislado: es el quinto capítulo de una serie que se repite casi calcada allí donde el PP y Vox comparten gobierno. El mecanismo es siempre el mismo: se deroga la ley autonómica de memoria y se sustituye por una "ley de concordia"; el gobierno español recurre esta eliminación al Tribunal Constitucional (TC) invocando el artículo 161.2 de la Constitución, que permite suspender cautelarmente la decisión impugnada mientras resuelve el fondo.
Las Baleares, el País Valenciano, Cantabria y Extremadura son los casos más consumados. En Baleares, la derogación aprobada el marzo pasado con los votos del PP y Vox quedó suspendida por el TC en julio, después de que Memoria de Mallorca denunciara que el gobierno de Marga Prohens ya había mantenido la ley en una "inactividad deliberada" durante tres años antes de derogarla. En el País Valenciano, el Constitucional ha suspendido cautelarmente varios artículos de la ley de concordia aprobada en 2024, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. En Cantabria, el PP derogó la ley de memoria en noviembre del año 2024 con el apoyo de Vox, y el TC también suspendió cautelarmente esta derogación mientras resuelve el recurso. Extremadura es el caso más reciente: la derogación formaba parte del pacto de investidura de María Guardiola desde 2023 y se concretó en octubre de 2025; el recurso del gobierno español es de hace poco más de un mes.
Pero es Aragón quien rompe la narrativa de que el TC siempre protege estas leyes mientras resuelve. La comunidad fue la primera en derogar la ley de memoria, en febrero de 2024, y el tribunal suspendió la derogación aquel junio. El problema es que el plazo legal de cinco meses para ratificar la suspensión caducó el 29 de octubre de 2024 sin sentencia sobre el fondo: la derogación aragonesa es, hoy, vigente de facto, a pesar de que el recurso continúa abierto.
El "Plan de Concordia" de PP y Vox en Aragón –que también evita mencionar a Franco o la Guerra Civil– mantiene un presupuesto de solo 110.000 euros propios para exhumaciones, en un territorio con más de 1.000 fosas documentadas en el mapa de fosas de esta comunidad. La supresión del carácter vinculante de los mapas de fosas es una medida que también incluían las propuestas de Castilla y León y el País Valenciano.
Las excepciones
No todos los territorios con pacto PP-Vox han seguido el mismo camino. EnCastilla y León, el PP y Vox iniciaron los trámites para sacar adelante la ley de concordia, pero con la salida del partido de extrema derecha del gobierno autonómico, los populares frenaron esta norma y, de hecho, votaron junto al PSOE no tramitarla. En Murcia, en cambio, donde el PP gobierna con el apoyo externo de Vox, no ha habido derogación formal de la norma porque esta comunidad autónoma no tiene una ley propia. Ahora bien, por ejemplo, el gobierno murciano se niega a enviar al Estado el catálogo de vestigios franquistas que aún quedan en el territorio, un catálogo elaborado por las mismas entidades memorialistas murcianas.