Guerra del PP-Vox contra las leyes de memoria (pero con división interna)

BarcelonaCuando se fraguaron los pactos autonómicos entre el PP y Vox hubo como punto clave para la extrema derecha el desmenuzamiento de las leyes de memoria democrática que señalan el régimen franquista. Este martes han sido las Islas Baleares el territorio que ha dado el último paso para derogar la ley de memoria que había aprobado el gobierno anterior de izquierdas y ha prometido homenajear a las víctimas de los bombardeos republicanos para contentar a Vox. Ahora bien, éste no es un caso aislado. Extremadura también la ha derogado y ha impulsado una "ley de concordia", al igual que Aragón, Comunidad Valenciana y Cantabria. Sin embargo, el asunto divide al PP.

Mientras se extiende la ofensiva contra la memoria histórica, se evidencia un choque interno. Los populares carecen de una línea clara sobre estas leyes. El propio Mariano Rajoy prometió derogar a la de José Luis Rodríguez Zapatero y no lo hizo. Actualmente, mientras cinco regiones populares hacen la guerra contra la memoria histórica por la presión de Vox, Andalucía, la más poblada del Estado, no ha querido sacar ni una coma de la actual norma vigente, al igual que La Rioja –que la aplica a su manera, pero no la ha derogado–. La diferencia de estas regiones con el resto es que existe una mayoría absoluta popular.

En el caso andaluz se trata de un barón, Juanma Moreno Bonilla, destacado con un talante marcadamente centrista que no ha querido hacer ruido en este ámbito: el más reacio a los pactos con Vox –que le ha pedido su dimisión por un escándalo de salud pública– y que ha defendido públicamente futuros acuerdos con Junts. Un perfil diferenciado del presidente valenciano, Carlos Mazón, que es el primer presidente autonómico que pactó con Vox, estropeando la estrategia sigilosa de la dirección estatal, y de los más entusiastas con la derogación de la ley autonómica de memoria, aunque el primero en hacerlo fue el Aragón de Jorge Azcón. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tampoco ha querido impulsar ninguna ley de concordia, iniciativa que el PP solo impulsa si depende de Vox.

Goteo

Si el PP ha cumplido en las Islas Baleares con el acuerdo con la extrema derecha a cambio de la aprobación de los presupuestos del 2025, en Extremadura ha ocurrido algo similar. Hace diez días, PP y Vox también derogaban la ley y aprobaban la denominada "ley de concordia". Era la última concesión pendiente que, por ahora, tenía el gobierno de María Guardiola con sus exsocios de la extrema derecha, que a cambio ofrecieron el apoyo de sus cinco diputados para aprobar una rebaja fiscal después de que el PP no fuera capaz de sacar adelante los presupuestos del 2025 y debiera prorrogar los del año anterior.

Era un asunto que la presidenta extremeña había intentado retrasar, consciente del rechazo social que genera la derogación de esta ley en una comunidad donde se estima que desaparecieron 14.000 personas durante la Guerra Civil y el franquismo. De hecho, la derogación de la ley coincidió el mismo día en que aparecían restos humanos en una mina de Cáceres, donde hace tres años que la Diputación y la Universidad de Extremadura buscan restos de víctimas del franquismo. Por eso, cuando el acuerdo entre PP y Vox saltó por los aires en el verano del 2024, Guardiola aseguró que la derogación de la ley no estaba sobre la mesa porque no era una "prioridad". La debilidad parlamentaria ha obligado a Guardiola a aprobar una norma que poco tiene que ver con la anterior porque el texto ni siquiera hace referencia a la dictadura franquista. Amplía el marco temporal desde 1931 hasta la actualidad e incluye a las víctimas del terrorismo, aunque Extremadura cuenta con una ley específica para este ámbito. Además, la enseñanza de la memoria histórica sale de las aulas y tampoco se persigue la apología del franquismo.

La primera comunidad en abolir la ley de memoria histórica, sin embargo, fue Aragón. El pleno de las Cortes de Aragón derogaba el 15 de febrero del pasado año la primera ley que aprobó el ejecutivo de izquierdas la pasada legislatura. "Hoy se empieza a reconocer a todas las víctimas, sin distinción", dijo la portavoz del PP en la cámara, Ana Marín, resaltando que también se englobe a las víctimas del terrorismo. "Gracias a ustedes, Franco está más vivo en el debate que hace 30 años", añadió el portavoz de Vox, Santiago Morón, acusando a las izquierdas de "desenterrar" al dictador. La derogación se anunció el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, lo que la oposición interpretó como una provocación.

Se sumó después el País Valenciano, con un planteamiento que equiparaba a víctimas del régimen de Franco con las de la República con un concepto de "violencia política" para incluir el terrorismo de ETA y el islamista, pero no el blavero españolista contra el catalanismo. Cantabria también ha seguido los pasos de estas comunidades y ha derogado la ley que aprobó en el 2022 la cámara, cuando gobernaba la coalición de regionalistas y socialistas. Quien dio marcha atrás fue Castilla y León, aunque había pactada una ley de "concordia" con Vox. Se desdijo después del estropicio de los ejecutivos regionales. Todo ello ha supuesto en las regiones la eliminación de rutas de memoria y la equiparación de la República con la dictadura, una palabra que ha desaparecido de la mayoría de textos.

Pendiente del Tribunal Constitucional

El gobierno español no se ha quedado con los brazos cruzados y ha presentado recurso al Tribunal Constitucional contra todas las derogaciones de las leyes autonómicas de memoria y el alto tribunal las ha paralizado de forma inmediata. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya anunció que recurriría estas nuevas legislaciones si conculcaban la ley de memoria democrática del 2022 y pidió su suspensión cautelar con la prerrogativa que tiene el gobierno español para suspender las leyes autonómicas a la espera de una resolución final del TC. El recurso alegaba que varios artículos de la ley podrían vulnerar los artículos 10 y 15 de la Constitución española, relacionados con los derechos fundamentales y la dignidad de las víctimas.

En el País Valenciano, el TC ha suspendido la vigencia de varios artículos que fueron recurridos en su día por el gobierno español, principalmente por comportar la restricción de los derechos de las víctimas y las actuaciones dirigidas a su protección, reparación y garantías de no repetición. En Aragón, pasados ​​estos cinco meses de plazo, la derogación salió adelante porque el pleno del TC quiso acordar una prórroga fuera de plazo. Esto significa que desde entonces la ley derogatoria recobró su vigencia y que seguirá desplegándose hasta que el TC sentencie definitivamente este asunto. En Cantabria, en cambio, se ha acordado mantener suspendida la ley que derogó a la de memoria histórica a la espera de una resolución, mientras que en Extremadura, el gobierno español todavía no ha podido presentar recurso.