2022, el año de la caja de los truenos de la fiscalidad

MADRIDSi hay una caja de los truenos en un gobierno, esta es la de la fiscalidad. En el caso español hace años que no se abre o, como mínimo, no del todo. Ahora, sin embargo, el ejecutivo, y en concreto el ministerio de Hacienda, tiene encima de la mesa dos compromisos que cambian la situación: el de la reforma fiscal, por un lado, y el de un nuevo modelo de financiación autonómica, por el otro. Si bien las dos cuestiones están lejos de darse por cerradas, forman parte de la lista de deberes que el gobierno español tiene este 2022 en materia fiscal.

Con la reforma fiscal, el ejecutivo central busca aproximar los niveles de tributación de España "a la media de los países del entorno", tal como se recoge en el plan presupuestario para el 2022 enviado a Bruselas el pasado mes de octubre. De hecho, España tiene un problema histórico con la recaudación de impuestos y hace años que se sitúa a la cola de Europa, solo por delante de algunos países del Este (como Estonia, Letonia, Bulgaria o Rumanía) y de un paraíso fiscal como Irlanda. Para revertir esta situación, el ministerio ha puesto encima de la mesa medidas tributarias que afectarían a la fiscalidad medioambiental (como por ejemplo los peajes en las carreteras), la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la aplicación y concreción de la armonización patrimonial o la fiscalidad de las actividades económicas emergentes, tal como se desprende del plan presupuestario. Todo ello, para garantizar "la sostenibilidad a medio plazo del estado del bienestar".

Por ahora, el ejecutivo se ha limitado a hablar de las grandes líneas maestras. El ministerio de Hacienda tiene intención de concretar sus planes una vez el comité de expertos, capitaneado por Jesús Ruiz-Huerta, el creador de las balanzas fiscales de Zapatero, presente su propuesta de reforma fiscal. Si todo va como está previsto, el documento final se presentará en febrero. Habrán sido diez meses de trabajo desde que se formó el grupo en abril pasado, con una pandemia por el medio que "no ha puesto las cosas fáciles", apuntan desde dentro del comité. Reuniones maratonianas online y "diferencias culturales" a la hora de entender la fiscalidad –en el grupo de expertos confluyen economistas y juristas– han provocado que por ahora el comité no tenga ningún tema "cerrado del todo". A esto se añaden dos dimisiones por el camino, fruto de discrepancias internas: las de los catedráticos Carlos Monasterio e Ignacio Zubiri.

¿Pero qué se puede esperar de este documento y cómo lo materializará el ejecutivo? Antes que nada, hay que recordar que la propuesta no será de obligado cumplimiento y que, por lo tanto, el gobierno podrá hacer lo que quiera. De hecho, en el comité no hay esperanza de que se traslade de forma literal al Boletín Oficial del Estado. Tampoco hay un calendario concreto. Fuentes del ministerio de Hacienda hablan de "cambios progresivos" en materia fiscal a lo largo del año, mientras que Pedro Sánchez ha reiterado este lunes que la reforma llegará solo cuando "se consolide el crecimiento económico".

En cuanto a la propuesta en sí, el texto del grupo de expertos no se traducirá en una disección de todos los impuestos y de cómo habría que modificarlos para recaudar más –el ministerio de Hacienda ya ha anticipado que no se tratará de una "revolución fiscal" que afecte a todas las capas de la sociedad–, sino más bien en cómo se afrontan los nuevos retos del sistema tributario, como por ejemplo la digitalización, la compra por internet o la fiscalidad verde. Por eso, el grupo de expertos no solo se ha alimentado de las propuestas que han hecho llegar las comunidades autónomas, los sindicatos o las patronales, entre otros, sino que también ha mirado de reojo a cualquier movimiento de la Unión Europea y la OCDE. En cuanto a los tributos clásicos, la propuesta abordará pequeños cambios sobre el impuesto sobre sociedades, la posible armonización de impuestos como el de patrimonio –de hecho, el PSOE acordó con ERC la creación de un grupo de expertos en este sentido a cambio del sí a los presupuestos del Estado del 2021– y los tramos del IRPF, pero todo apunta que, por ejemplo, no se tocará el impuesto de sucesiones y donaciones. Además, cualquier modificación que implique un tributo cedido totalmente o parcial a las comunidades habrá que negociarla después con estas.

Población ajustada, el primer paso

De hecho, son las comunidades autónomas las que toman todo el protagonismo en el otro gran debate: el de la reforma del modelo de financiación autonómica. Después de la propuesta de población ajustada que el ministerio de Hacienda envió a las comunidades a finales de diciembre, los gobiernos autonómicos tienen todo el mes de enero para decir la suya. "Hay que buscar un mínimo común denominador y no hacer un modelo a medida de cada región", apuntan fuentes del ministerio de Hacienda, que confían en que su propuesta inicial no reciba grandes cambios.

El concepto de población ajustada, que la Generalitat rechaza de partida, es el primer paso para reformar el modelo y define el sistema con el que se reparten los recursos de la financiación autonómica siguiendo criterios como la población o el gasto en sanidad o en educación, por ejemplo. La ponderación de cada uno de estos criterios es decisiva para saber cuánto recibe cada autonomía, y el nuevo sistema introduce cambios importantes.

Una vez se resuelva esto, sin embargo, vienen otros puntos polémicos como por ejemplo simplificar y entender los fondos en los que se basa el modelo: el de suficiencia global, el de garantía de los servicios públicos fundamentales y el de convergencia. Entenderlos es una tarea "heroica", reconocen los expertos. En este sentido, sin embargo, el gobierno español no tiene fijado un calendario más allá de lo que dure la legislatura para cumplir con una reforma del sistema de pies a cabeza. Mientras tanto, el único consenso es que el modelo actual, que se tendría que haber revisado en 2014, ya no funciona.