Las ampliaciones de aeropuerto también se entorpecen en toda Europa

BerlínLa defensa del medio ambiente y la voluntad de un modelo económico y de transporte más sostenible cada vez pesa más en Europa cuando se pone en la balanza con la conveniencia o no de la construcción de nuevas grandes infraestructuras aeroportuarias. “Efectivamente, hay un cambio de paradigma, hace unos años era impensable poner ninguna traba al crecimiento económico y no se tenían en cuenta los costes que pudiera tener para el medio ambiente”, asegura Andrei Boar, profesor de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Sin ir más lejos, el enclave de la Ricarda fue determinante en la ampliación fallida del aeropuerto de El Prat, y no es el primer caso.

Uno de los seriales más largos y jugosos de este género es el de la tercera pista del aeropuerto londinense de Heathrow, que diferentes grupos de activistas ecologistas, vecinos de la zona y el propio alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, llevaron a los tribunales porque no cumplía los compromisos del Acuerdo de París.

En un principio, los tribunales les dieron la razón y denegaron la ampliación, pero a finales del año pasado el Tribunal Supremo británico revirtió la sentencia y dictó que no era ilegal. Aun así, la empresa que gestiona el aeropuerto, la multinacional española Ferrovial, todavía no ha empezado a ejecutar el proyecto, puesto que continúa siendo un tema políticamente muy espinoso. Incluso el primer ministro, Boris Johnson, se niega a apoyar la construcción de la tercera pista a pesar de la decisión del tribunal de alta instancia y, cuando se presentaba como representante de la circunscripción de la que forma parte Heathrow (y necesitaba los votos de los vecinos hartos de los ruidos de los aviones), prometió que, si hiciera falta, se pondría ante las excavadoras para parar el adelanto de las obras.

El caso de París

Si bien en Londres la discusión ha llegado a los tribunales, en París fue el gobierno francés quien, directamente, el 11 de febrero de este año, después de diferentes protestas y una sentencia inédita que reprochaba al ejecutivo que no hiciera lo suficiente por la lucha contra el cambio climático, abandonó la propuesta de ampliación del aeropuerto más grande del país, el Charles de Gaulle. Estaba previsto que se invirtieran entre 7.000 y 9.000 millones de euros y que aumentara la capacidad de la infraestructura hasta los 40 millones de pasajeros al año. La propia ministra de Transición Ecológica, Barbara Pompili, calificó el proyecto de "obsoleto" y pidió a la operadora aeroportuaria que presentara uno más “coherente” con la protección del medio ambiente. “Siempre necesitaremos aviones, pero tenemos que avanzar hacia un uso más razonable del transporte aéreo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, respondió en una entrevista al diario francés Le Monde.

Además de los tribunales y los propios gobiernos, la mayoría de actores determinantes se están sensibilizando con la crisis climática. Es el caso de los inversores, según apunta Pere Suau-Sánchez, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y de la Cranfield University especializado en el sector aéreo. “Hay diferentes organismos económicos, el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, que para proporcionar deuda piden un plan de sostenibilidad ecológica”, remarca Suau-Sánchez. Además, tal como recuerda la ingeniera aeronáutica y consultora Bet Cahué, la mayoría de proyectos de ampliación ahora tienen expertos medioambientales. “A veces hay nuevas infraestructuras que se tienen que hacer porque, si no, frenaríamos el crecimiento, pero claro, ahora se destinan muchos más esfuerzos y recursos a hacerlas de la mejor manera posible para el medio ambiente”, asegura Cahué.

Veto a Nantes

Por otro lado, desde hace años, los movimientos populares y el activismo político también juegan un papel relevante. En Nantes, el movimiento Zone à Défendre (que unía militantes anarquistas y de izquierdas de toda Francia, conjuntamente con labradores y habitantes de la zona) evitó que saliera adelante el proyecto del nuevo aeropuerto Nantes Atlántico y se destruyeran espacios naturales muy ricos en fauna y flora. Los opositores se construyeron casas encima de los árboles y hacían barricadas para complicar el acceso a los bosques a la policía para que no los desocuparan. Durante 2012 y 2013, y, más adelante, en 2018, cuando el estado francés emprendió más operaciones de desalojo, también se celebraron manifestaciones multitudinarias que, finalmente, consiguieron hacer recular al gobierno de Emmanuel Macron. Más allá de estos casos, también ha habido protestas –de las cuales muchas sin éxito– contra ampliaciones de aeropuertos en Frankfurt, en Praga o en Ámsterdam, entre otros.