Primera sentencia del caso BPA: 18 condenados, 84 años de cárcel y 66M€ en multas

BarcelonaPenas de hasta siete años de cárcel para 18 exdirectivos y trabajadores de la Banca Privada de Andorra (BPA) por haber cometido un delito de blanqueo de capitales. Es la primera gran sentencia derivada del caso BPA siete años y medio después de que se iniciara la vista oral del caso, que estalló en 2015, cuando la entonces tercera entidad bancaria andorrana fue acusada por Estados Unidos de blanquear capitales y posteriormente fue intervenida por el gobierno andorrano. La sentencia tiene que ver con la operativa de un solo cliente del banco, el empresario chino Gao Ping, entre 2008 y 2011.

Esta primera sentencia del Tribunal de Cortes de Andorra no es firme porque aún puede ser objeto de recurso de apelación ante la sala penal del Tribunal Superior. En concreto, se acusa a 24 empleados de BPA de haber facilitado el blanqueamiento y el envío a China de 70 millones de euros de la mafia china liderada por Gao Ping. De momento, la sentencia ha condenado a dieciocho personas y ha absuelto a seis en un texto que incluye más de 6.180 páginas. De los condenados, cinco lo son con prisión firme, trece con prisión provisional, lo que hará que no entren en el centro penitenciario de la Comella, y también hay seis absueltos. La trama sigue abierta también en España, donde se encuentra a la espera de juicio bajo el nombre de caso Emperador.

En concreto, las condenas dictadas por el tribunal oscilan entre siete y cinco años de cárcel firme, y entre cinco y tres años y seis meses de prisión condicional, mientras que las multas varían entre los 30 millones de euros y los 15.000 euros, con penas complementarias de inhabilitación o por plazo de ejercicio de ejercicio y años, y de expulsión del Principado para algunos de los acusados extranjeros para un período de diez años.

La pena más alta es para el exconseller delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, al que se le ha impuesto una pena de siete años y una multa de 30 millones de euros, seguido del ex director adjunto de la entidad, Santiago Rosselló, con seis años de cárcel y una multa. Las condenas son inferiores a las que pedía la fiscalía, que eran de ocho años de cárcel y cien millones de sanción y ocho años y setenta millones, respectivamente. El Código Penal andorrano castiga el delito calificado de blanqueo de dinero con penas de prisión de entre tres y ocho años, y con una multa que puede llegar al triple del valor del dinero blanqueado. Sus defensas podrán a partir de ahora presentar recurso ante el Tribunal Superior.

10 años del estallido del caso

A raíz de la investigación de Estados Unidos, se cortó el acceso del banco a los mercados internacionales y el gobierno del Principado, entonces encabezado por Antoni Martí, decidió intervenir la entidad en marzo del 2015 a través del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF). Este organismo cesó todo el consejo de administración de BPA y algunos dirigentes, para después nombrar a tres nuevos administradores provisionales mancomunados. El consejo de administración estaba formado por los hermanos Higini y Ramon Cierco –entonces propietarios de la entidad bancaria–, Joan Pau Miquel, Frederic Borràs, Ricard Climent, Bonaventura Riberaygua y Rosa Castellón. Todo ello desató una especie de corralito, con casi 30.000 clientes sin poder sacar más de 2.500 euros semanales.

Un año después, la consultora PWC, encargada de realizar la revisión independiente de la entidad, ya constató que un total de 923 clientes de Banca Privada de Andorra (BPA) utilizaron su relación con esta entidad para blanquear dinero, el equivalente al 3% del total de clientes de la entidad, pero que suponían el 19% del volumen total de BPA, con unos 1.000 millones de euros en volumen de negocio. Tres meses después de la intervención, el gobierno de Andorra decidió partir BPA en dos: uno banco malo con los activos tóxicos y uno banco bueno de nueva creación para quedarse con los activos sanos, lo que supuso el nacimiento de Vall Banc. El primero fue adquirido por fondo estadounidense JC Flowers, y el segundo, en 2021, fue adquirido por Crèdit Andorrà.