El BBVA recurre ante el Supremo las condiciones del gobierno español en la opa sobre el Sabadell

MadridEl BBVA ha decidido recurrir al Tribunal Supremo las condiciones que el gobierno español ha impuesto a la opa hostil sobre el Banc Sabadell, tal y como ha avanzado El Español y confirman fuentes del BBVA al ARA. De esta forma, la entidad financiera materializa la advertencia que había lanzado contra el ejecutivo de Pedro Sánchez cuando decidió aprobar condiciones adicionales a las aprobadas con anterioridad por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y vinculadas al interés general.

En concreto, el consejo de ministros acordó imponer al BBVA mantener el Banc Sabadell por separado durante tres años, con la posibilidad de ampliarlo dos años más, es decir, durante un total de cinco años. Esto significa que durante ese plazo de tiempo el BBVA no puede fusionarse con el Sabadell. En caso de que la opa prospere, pues, el BBVA sólo podrá adquirir el banco vallesano como una filial, lo que impacta directamente en las sinergias o el ahorro de costes de la operación (unos 850 millones de euros durante tres años), como el propio BBVA ha reconocido.

"Esta vía [judicial] por supuesto que siempre existe", llegó a afirmar el presidente del BBVA, Carlos Torres, a principios de junio, cuando aún no se conocía la decisión del ejecutivo español pero se intuía que movería ficha por el rechazo público que siempre ha mostrado en la opa. Cuando Pedro Sánchez puso sus cartas sobre la mesa, el BBVA se reafirmó en que no descartaba ninguna respuesta, tampoco la judicial: "Es nuestro deber tener todas las alternativas y posibilidades [abiertas] dentro de este análisis [de las condiciones del gobierno español]", afirmó el director general del BBVA en España, Peia Belau.

Fuentes del banco bilbaíno aseguran al ARA que la decisión de abrir la vía judicial "no interfiere" en el proceso de la opa, que se encamina hacia su desenlace: está previsto que el periodo de aceptación de la opa (la votación de los accionistas del Banco Sabadell) comience en septiembre, una vez la Comisión de Valor de la Comisión de Valores la opa. De hecho, esta semana el BBVA se ha reafirmado en su voluntad de continuar con la operación, pese a los obstáculos de estas últimas semanas: desde las condiciones adicionales del gobierno español hasta la venta por parte del Sabadell de su filial británica TSB y el reparto de un dividendo extraordinario. Por todo ello, el propio BBVA había recordado que podía echarse atrás.

Interpretaciones diferentes

BBVA siempre ha mostrado malestar con la idea de que el gobierno español pudiera interferir en la opa. Cuando éste decidió aprobar las condiciones adicionales, la entidad bancaria ya explicó que no estaba de acuerdo con la interpretación realizada por el ejecutivo español de la Ley de Defensa de la Competencia del año 2007, la norma que ha permitido al gobierno pronunciarse sobre la operación.

La Ley de Defensa de la Competencia establece que cuando una opa llega a fase 2, como es el caso de la opa hostil en el Banc Sabadell, el ministerio de Economía puede elevar el dictamen final de la CNMC al consejo de ministros. Si el gobierno español considera que la operación afecta al interés general, puede decir la suya. Sin embargo, el pronunciamiento sólo puede basarse en esta razón: el interés general.

El BBVA, sin embargo, interpreta que esta ley sólo permite al gobierno la posibilidad de mantener las condiciones de Competencia o suavizarlas, pero no endurecerlas, como ha ocurrido en el caso del Sabadell. Además, considera que las condiciones acordadas con la CNMC "van más allá" de la competencia y cubren también el interés general.

El redactado de la norma, sin embargo, está abierto, como ha reconocido la propia CNMC: "La ley nos ayuda poco porque no nos dice si el gobierno puede imponer más o menos condiciones. No dice nada", reflexionaba la presidenta del organismo, Cani Fernández, el pasado junio. Pero Fernández indicaba que se "cumplía con el espíritu de la ley" cuando la decisión del gobierno español se basaba en el impacto en el interés general, y no en la competencia, materia sobre la que sólo se puede pronunciar la CNMC. En el caso de la opa en el Sabadell, el ejecutivo de Pedro Sánchez consideró que sí existe un impacto en el interés general, por lo que decidió endurecer las condiciones. Una decisión que carece de precedentes.

Fuentes del ministerio de Economía defienden que el gobierno ha actuado "en todo momento" en línea con la normativa española y recuerdan que la decisión del consejo de ministros tiene el aval de la Abogacía del Estado y se tomó "respetando la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias". "En cualquier caso, respetamos la decisión del BBVA", indican desde la cartera que pilota Carlos Cuerpo.

Sea como fuere, con la decisión del BBVA la opa da el salto a los tribunales españoles. Aquí, no sólo será clave la interpretación que haga el Tribunal Supremo de la Ley de Defensa de la Competencia, sino también lo que entiende por interés general. Como ha explicado el ARA, la interpretación que hace el Supremo está abierta: "un concepto jurídico indeterminado".

Mientras tanto, el gobierno español también tiene un frente abierto en Bruselas. El ejecutivo comunitario ha abierto un procedimiento de infracción contra España al duda sobre si la Ley de Defensa de la Competencia contraviene el derecho de la Unión Europea. Bruselas considera que el dictamen de Competencia era suficiente y suficientemente exhaustivo. En cualquier caso, el ejecutivo comunitario no pretende con esta decisión intervenir directamente en la operación de la Moncloa, sino obligar a España a reformar su legislación.