Bruselas propone límites para que las plataformas digitales dejen de abusar de los falsos autónomos

BruselasLa Comisión Europea quiere poner límites para que las plataformas digitales —como Uber, Glovo o Deliveroo— no puedan abusar de la figura del falso autónomo y así los trabajadores conocidos como riders tengan los mismos derechos que el resto.

"Queremos corregir la mala clasificación laboral que existe actualmente. Los que trabajan para plataformas tienen derecho a tener trabajos de calidad", ha dicho el comisario de Trabajo, Nicolas Schmit, que ha apuntado que legislaciones como la llamada ley rider en España han servido para inspirar esta propuesta.

En materia laboral, la Unión Europea tiene poco margen de actuación, sobre todo por las reticencias de los gobiernos a interferir en sus competencias estatales, pero ante un reto global como el trabajo de plataforma y el alud de casos judiciales resueltos y por resolver que abordan esta cuestión en toda Europa, Bruselas quiere fijar unos mínimos comunes para todo el continente. La Comisión propone hasta cinco criterios que permitirían determinar cuándo una plataforma tiene que ser considerada como una empresa con una serie de trabajadores a su cargo y, por lo tanto, tiene que cumplir sus obligaciones como empresa hacia sus empleados (salario mínimo, protección social, derechos laborales...). Bruselas calcula que hay entre 4 y 5,5 millones de personas en la UE que son trabajadores autónomos y que tendrían que ser contratadas como asalariados.

La propuesta del ejecutivo comunitario prevé que, si se cumplen dos de los siguientes criterios, la plataforma tiene que ser considerada "empresa" responsable de los trabajadores y, por lo tanto, no puede forzarlos a ser autónomos:

• La plataforma determina el nivel de remuneración o fija ciertos límites.
• La plataforma supervisa el nivel de trabajo a través de métodos electrónicos.
• La plataforma restringe la libertad de elección de las horas o periodos de trabajo o ausencia para aceptar o rehusar tareas y contratar sustitutos.
• La plataforma fija normas de indumentaria o estilo (por ejemplo, qué ropa tienen que llevar o con qué caja tienen que transportar los productos).
• La plataforma restringe la posibilidad de trabajar para un tercero o establecer una red de clientes.

Además de los hasta 5,5 millones de falsos autónomos que calcula que existen en base a estos criterios, la Comisión Europea aprecia que actualmente hay hasta 28 millones de europeos que trabajan a través de estas plataformas, una cifra que aumentará hasta los 43 millones hasta 2025. Fuentes comunitarias defienden que la cifra de falsos autónomos, aunque parezca una pequeña porción del total, es considerable teniendo en cuenta que hay muchas formas de trabajo autónomo que son legítimas y que también hay plataformas como JustEat que tienen contratados a sus trabajadores. De hecho, JustEat ha reaccionando rápidamente con un comunicado que da la bienvenida a la iniciativa. Otros, como Uber, han guardado silencio: "No recuerdo que Uber haya explicitado su apoyo a la propuesta", ha dicho Schmit.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis ha recordado que hay cerca de un centenar de resoluciones judiciales en toda Europa que han sentenciado que las plataformas abusan de falsos autónomos, una jurisprudencia que ha servido de referencia en Bruselas para confeccionar esta propuesta, cuando todavía hay centenares de otros casos pendientes de resolver.

Los algoritmos que deshumanizan la relación laboral

Otro de los elementos a tener en cuenta es el papel de los algoritmos en la relación laboral. A menudo son las mismas plataformas —a través de estos algoritmos— las que toman decisiones sobre la vida laboral de los empleados. Según fuentes europeas, esto puede ser más eficiente, pero "deshumaniza" el mercado de trabajo. Por este motivo, la Comisión también propone que tenga que ser obligatorio el control humano de estas decisiones automatizadas, una medida que se aplicaría tanto a aquellos que se acaben clasificando como asalariados como a los autónomos.

Ahora bien, ¿cómo lo puede hacer la Unión Europea para establecer estos mínimos sin interferir en las competencias nacionales?

Las mismas fuentes admiten que hay gobiernos europeos frontalmente opuestos a establecer una definición común de lo que es o no es un asalariado y, por lo tanto, esta directiva no puede ir por esta vía si no quiere nacer muerta (cabe recordar que Bruselas propone y después, en un periodo que puede durar años, gobiernos y Eurocámara negocian hasta acordar una posición). Y el camino legislativo no será sencillo. No solo por la reticencia de algunos gobiernos a legislar sobre esta cuestión a nivel europeo, sino por la oposición del sector. La patronal europea Business Europe ha reaccionado rápidamente después del anuncio de la ley con un comunicado en el que "lamenta" el enfoque de Bruselas, que considera "político" e "intervencionista": "No hay una solución única para el trabajo en plataforma y se tienen que respetar las competencias de los estados miembros de la UE y de los interlocutores sociales para definir quién trabaja en una relación laboral", sentencia la patronal.

Los tribunales todavía tendrán la última palabra

Por todo ello, la Comisión sugiere una directiva que fije estos criterios mínimos para establecer lo que denomina "presunción refutable" de relación laboral. Es decir, si se cumplen dos de los cinco criterios se establece la presunción de que la plataforma es empresa contratadora y el empleado no puede ser autónomo, sino que tiene que ser asalariado. Pero al mismo tiempo es refutable, porque se valora ya de entrada la posibilidad de que la conclusión sea recurrida en las autoridades competentes, que resolverán en función de la definición que cada país europeo tenga de lo que es un trabajador o un autónomo. "No hay definición europea de trabajador ni se imponen procedimientos administrativos, los gobiernos podrán integrar la presunción de estatus laboral en sus sistemas legales", aclara el ejecutivo europeo.

Lo que sí que pueden hacer los gobiernos europeos es regular a partir de estos criterios mínimos y ser más estrictos si lo consideran oportuno, pero una vez la directiva europea se apruebe, los gobiernos tendrán dos años para transponerla y aplicarla. En todo este paquete de propuestas, Bruselas también incluye una serie de recomendaciones para garantizar que los trabajadores de plataforma tienen el mismo derecho a la negociación colectiva que otros empleados a través, por ejemplo, de la obligación de fijar canales de comunicación entre trabajadores y empresa y permitir, además, que los trabajadores se organicen y puedan comunicarse con la plataforma a través de un portavoz, si lo consideran oportuno.