Cómo la burocracia frena la economía

Dosier La burocracia nos ahoga Desplega

1

Cómo la burocracia frena la economía

2

“Tardas lo mismo o más en obtener los permisos que en ejecutar la obra”

3

La cara y la cruz de la agilidad para arrancar un negocio

4

La ventanilla única, un proyecto a medio camino para acabar con el papeleo

5

El papeleo "asfixia" a las entidades y deja a personas vulnerables sin derechos reconocidos

BarcelonaMás de un millón de páginas de boletines oficiales –entre el Estado y las comunidades– en España durante 2021. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la gran patronal, las cuenta cada año. ¿Por qué? Pues porque las disposiciones que se publican, en forma de leyes, reglamentos, órdenes y otras, acaban creando trámites o modificándolos. Unos trámites que tienen una incidencia directa en la actividad económica. Es difícil de cuantificar cuánto cuesta a la economía esta burocracia. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CEOE) presentó en 2020 un informe titulado Reforma de la regulación en España. Un par de conclusiones claras: la complejidad reguladora y la burocracia en el Estado son un caldo de cultivo “para la corrupción” y “una amenaza para el crecimiento económico”. “Los obstáculos para constituir nuevas empresas son muchos más que en otros países comparables de la OCDE”, explicaba Seiichi Kondo, vicesecretario general de este organismo entonces.

El informe de la OCDE es muy claro. Un exceso de burocracia se traduce en una tasa de paro más elevada que en otros países del entorno, impide que haya más proveedores de productos y servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios a un mejor precio y con más calidad. Cuando se opta por el libre mercado y se derrocan las barreras comerciales también se tienen que derrocar las barreras burocráticas, alerta el organismo. El profesor del IESE Pedro Nueno, en un artículo publicado en el diario económico Cinco Días justo antes de la pandemia, aseguraba que la Unión Europea calculaba que la carga administrativa derivada de la legislación comunitaria supone anualmente 123.000 millones de euros para las empresas, y en España el coste se sitúa alrededor del 4,7% del PIB.

Paloma Miranda, responsable del servicio de emprendimiento y financiación de la Cámara de comercio de Barcelona, reconoce que en los últimos años “constituir una empresa se ha simplificado y abaratado mucho”. El problema, explica, no es la constitución de la empresa, que “en sí es rápida”, sino los trámites, autorizaciones y licencias que hacen falta después. 

El Banco Mundial, hasta 2020, hacía un ranking sobre la facilidad para hacer negocios en el mundo. El último, con 190 estados analizados, situaba a España en el lugar número 30. Una posición que coloca al Estado por delante de vecinos como Francia, Portugal o los Países Bajos; pero por detrás de estados como todos los países bálticos, Islandia, Irlanda, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria e, incluso, Macedonia del Norte, Georgia, Rusia o Kazakstán.

El coste y los trámites que hacen falta para poner en marcha una empresa dependen mucho del sector, apunta Miranda. “No es lo mismo un emprendedor en un coworking con un ordenador que un establecimiento abierto de cara al público”, explica. Además, hay sectores que necesitan autorizaciones especiales, como el transporte o los centros médicos. “Los emprendedores –dice– se continúan quejando” por las dificultades para poner en marcha una empresa. Y uno de los aspectos de los que más se quejan, concreta Miranda, es “del lenguaje que se utiliza” a la hora de llenar formularios y hacer trámites, que no es "nada amistoso y es poco accesible".

Moisès Bonal, economista de la patronal Pimec, coincide en esta misma crítica. “El modelo tendría que estar fundamentado en la claridad, simplicidad, seguridad jurídica y proporcionalidad, es decir, no se tendrían que pedir cosas excesivas y hace falta celeridad en la respuesta”, indica este economista. “Hay muchas administraciones y la complejidad legislativa es alta, cambiante, poco clara y difícil de entender”, apunta.

Duplicidades

Pero además se añade otro problema. A pesar de los intentos de crear una ventanilla única, lo cierto es que en el proceso intervienen varios niveles administrativos. “Las cosas dependen de muchos”, apunta Bonal, y añade que haría falta “que la información fluyera”. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que, aunque haya una ventanilla única, las administraciones a veces piden dos veces el mismo documento o informe, o piden al solicitante una información de la que en el fondo ya disponen.

Por eso, este economista indica que la ventanilla única, además de ser un front office donde tramitar todos los papeles independientemente de qué administración sea la destinataria, tendría que tener a un funcionario que se responsabilizara de todo el expediente.

Otro problema que apunta Bonal es el ritmo de los trámites. Una administración pide un informe o documento, pero no se puede tramitar hasta que no se dispone de otro documento o informe que depende de otra administración o negociado. “Hay trámites secuenciales que se podrían tramitar en paralelo”, afirma el economista, y esto permitiría avanzar de forma más rápida en la tramitación del expediente.

Diferentes actividades

Los trámites para poner en marcha un negocio varían mucho en función de la actividad. Obtener la licencia para arrancar una obra puede costar un año o más. En cambio, para algunos trabajos que no son de cara al público –consultoría, marketing o aplicaciones tecnológicas, por ejemplo— en una semana se puede tener todo a punto para empezar. Las actividades industriales y las que requieren tener abierto un establecimiento al público exigen muchos más trámites, algunos, como la declaración de impacto ambiental, que pueden durar meses. “Lo más complicado son los trámites asociados a la actividad que se quiere desarrollar”, indica Paloma Miranda. “El sector industrial cuesta mucho más, como mínimo meses”, apunta esta experta, que dice que, en contraposición, “las actividades profesionales lo tienen mucho más fácil”. Bonal, por su parte, indica que, cuando hay una actividad física, un establecimiento, todo se complica porque entra en juego la normativa de urbanismo, la ambiental, la de prevención de incendios y otras.

A pesar de esto, no se puede decir que en los últimos años no se haya avanzado, explica Miranda. “Hay muchas actividades en las que solo hace falta una comunicación previa”, dice. Además, muchos trámites se pueden hacer ahora de forma telemática, lo que ayuda a agilizar, al menos, la presentación de la documentación a la administración correspondiente.

Estos problemas no afectan solo a los emprendedores locales. También inciden directamente en los inversores extranjeros que quieren aterrizar en el Estado o las multinacionales que quieren ampliar la actividad de sus filiales españolas. Un reciente estudio del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la escuela de negocios Iese destacaba que la inversión extranjera en España ha vuelto a los niveles prepandemia y auguraba unos buenos datos para 2022. Pero este mismo estudio analizaba las principales trabas para conseguir inversión extranjera. Entre los aspectos que frenan esta inversión, el estudio destacaba “el exceso de la carga burocrática”, con quejas sobre la falta de rapidez en los trámites oficiales, la lentitud en el funcionamiento de los juzgados mercantiles y, en definitiva, el exceso de burocracia.