El papeleo "asfixia" a las entidades y deja a personas vulnerables sin derechos reconocidos

BarcelonaAgendas bloqueadas durante días. Facturas, carpetas, excelso. Mesas enteras llenas de papeles. Aplicativos informáticos que se cuelgan. Desesperación. Llamadas de teléfono constantes a los técnicos de la administración, auditorías y mil dudas. Esta es la escena que se repite en la mayoría de las entidades sociales cuando se abre una convocatoria de subvenciones pública a la que quieren optar. “Es un infierno”, resume una directiva, que añade: “La burocracia se nos come”. Este panorama se multiplica por las más de 3.000 entidades sociales que hay en Catalunya y, a la vez, por cada uno de los proyectos para los que se presentan una subvención. Pero es que, además, una vez hecho todo el papeleo, a menudo la ayuda no llega a tiempo. 

La semana pasada, la Mesa del Tercer Sector Social denunció que la burocracia es tan grande y la administración tan lenta resolviendo trámites que muchos de los proyectos sociales que tenían que recibir subvención ya han arrancado, sin la ayuda. “Las entidades los sacan adelante endeudándose, con pólizas de crédito o préstamos, porque es que, además, si no empezamos en la fecha prevista después tampoco nos dan la ayuda”, explica la vicepresidenta de la Mesa, Sira Vilardell. “Tenemos la percepción de que cada vez hay más rigidez –continúa Vilardell–. Y además la interoperabilidad entre diferentes ventanillas o administraciones es nula: cada vez que pides algo tienes que presentarlo todo de nuevo”.

Esta manera de hacer las cosas está “asfixiando” a las entidades, que aseguran que ya han avanzado en conjunto más de 33,6 millones de euros este año para poner en marcha proyectos que, en principio, tendrían que estar subvencionados. “Es una incertidumbre brutal saber si finalmente lo podrás financiar con una ayuda o no te la darán”, admite Vilardell. 

La situación es, en realidad, parecida en otros sectores de actividad económica, con la diferencia que, en el caso de las entidades sociales, afecta directamente a más de 1,5 millones de usuarios y familias vulnerables que atienden en Catalunya. “La burocracia ahora solo quiere controlar que a nadie se le dé aquello que no se merece”, se queja Vilardell, que asegura que el sistema tendría que bascular para poner los derechos en el centro. “Si tienes el derecho a recibir esta ayuda, no pongas trabas y, si una vez solicitado, se hace un mal uso ya lo valoraremos”, propone la vicepresidenta de la Mesa.

“La obsesión” por no dar más de lo que corresponde, controlar el acceso a las ayudas y evitar el fraude también supone paradójicamente, según Vilardell, un derroche de recursos por parte de la administración. “¿Cuánto dinero destinamos a controlar que se podría destinar a otras cosas?”, se cuestiona. La economista y socia de Ksnet, Elena Costas, coincide: “Estos trámites quieren evitar el fraude sin saber si las sospechas son ciertas, mientras que nadie ha estudiado cuánto fraude se hace en prestaciones más flexibles”, apunta. 

Trabas a los más vulnerables

“Se da por hecho que [entidades y personas vulnerables] mentirán para conseguir las ayudas”, dice Costas, y por eso la administración endurece requisitos y trámites. De hecho el laberinto “infernal” que describen las entidades se complica tanto que ni siquiera los trabajadores sociales, avezados a tratar con ayudas y prestaciones, saben ayudar a los usuarios que acompañan. “Acabamos dedicando una o dos horas por cada trámite cuando ayudamos a pedir la renta garantizada o el ingreso mínimo vital. Es complejísimo y, después de todo el vía crucis, todavía te envían un montón de requerimientos –lamenta Vilardell–. ¡Nos han echado para atrás trámites porque la fotocopia era en blanco y negro y no en color!”, exclama.

Lo cierto es que solo el 28% de los catalanes que viven en situación de pobreza cobra la renta garantizada de ciudadanía (RGC). La ayuda estatal del ingreso mínimo vital (IMV) apenas cubre el 13% de los catalanes pobres y no llega ni al 6% si se cogen a él las personas que están bajo el umbral de ingresos que da derecho a cobrarlo. Un estudio reciente hecho por Ksnet para la Mesa –del que Costas es coautora– constata que este cojín no llega por varios motivos: todos relacionados con la burocracia. Los beneficiarios no conocen la prestación, la brecha digital supone un grave problema para tramitarlas, la saturación administrativa no ayuda y finalmente el embrollo de papeleo que hay que recopilar acaba de complicarlo todo. “Hay criterios que no se entienden, como por ejemplo que para recibir una ayuda te tengas que registrar como solicitante de ocupación o tengas que tener más de 23 años. Muchos de estos criterios son en realidad prejuicios ideológicos hacia los jóvenes o las personas pobres”, afirma Costas que cree que hay medidas muy económicas para desburocratizar, como por ejemplo simplificar el lenguaje, enviar información o recordatorios al móvil o al correo postal con mensajes sencillos para renovar las ayudas o bien reducir incompatibilidades entre prestaciones. Otras soluciones requerirían cambios legislativos como por ejemplo reducir los tiempos de respuesta o los requisitos. “Hay que tener en cuenta que muchas de estas ayudas son de las llamadas de emergencia, para personas que este mes ya no pueden pagar”, recuerda Costas. 

Simplificar es la palabra más repetida en las entidades. “Hace mucho tiempo que reclamamos una ventanilla única para acabar con el papeleo que es desesperante, sobre todo para las personas más vulnerables”, concluye Vilardell. 

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