Calviño avisa a la banca que llevará el nuevo impuesto al Congreso la próxima semana a pesar de su rechazo

MADRIDEl gobierno español tiene intención de registrar la semana que viene el nuevo impuesto a la banca a través de una proposición de ley para que empiece así su trámite parlamentario en el Congreso de Diputados. Así lo ha comunicado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, este viernes después de la reunión con el sector. "El sector bancario puede y tiene que contribuir a responder al impacto [económico] de la guerra", ha dicho Calviño, que rápidamente ha reconocido que tanto las entidades financieras como la patronal de la banca "no comparten esta decisión". "Desde el gobierno creemos que es importante que no paguen siempre los mismos", ha reiterado Calviño.

"Cuestionamos la mayor, que es que haya [necesidad de] un nuevo impuesto", han contestado desde el sector bancario, que han pedido al gobierno español que "no se les estigmatice y han dicho que están dispuestos a ayudar", según ha explicado Calviño. Desde la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal que agrupa las principales entidades financieras del Estado, han reiterado que les "preocupa" el impuesto. "No es una medida que pueda resolver el problema que tenemos sobre la mesa. No ayuda a controlar la inflación", ha afirmado la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, después de la reunión.

En la misma dirección se ha pronunciado el director general de CEAC, José María Méndez, que ha apuntado que la banca "ya tiene impuestos" y que el camino por el que ha optado España "no es el adecuado". "Sería ideal buscar armonizaciones tributarias en el conjunto de la Unión Europea", ha dicho Méndez. La banca también ha alertado que la figura podría ser "contraproducente" para los clientes en cuanto a la concesión de créditos. El mismo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, recordó este jueves que estas medidas no pueden "dificultar" el acceso al crédito ni endurecer las condiciones financieras o perjudicar la solvencia del sector.

De la reunión de casi dos horas de este viernes, sin embargo, han trascendido pocos detalles sobre cómo será esta figura tributaria que el ministerio de Hacienda está diseñando a contrarreloj. Más allá de saber que se trata de un impuesto temporal para las empresas que facturen más de 1.000 millones de euros, que entrará en vigor el año que viene y durará hasta el 2024, y que a través suyo el gobierno español estima recaudar hasta 1.500 millones de euros cada año, Calviño no ha dado ninguna pista más. "No tenemos ningún detalle del impuesto y cualquier valoración técnica se tendrá que hacer después", ha contestado Kindelán al ser preguntada por la vía judicial que ya han planteado entidades como Bankinter.

De momento, el ministerio de Hacienda estaría estudiando establecer un impuesto del 5% sobre las comisiones y los intereses que cargan las entidades a los clientes, según avanzaron Bloomberg y El País. Fuentes del ministerio apuntaban al ARA que es "una de las posibilidades" que se están valorando, pero que "hay más".

Entre los asistentes al encuentro de este viernes destacan el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. Desde el sector bancario reiteran que tienen "absoluta disposición" a buscar soluciones para ayudar a paliar el choque económico que está suponiendo la escalada de precios para familias y empresas, pero rechazan el impuesto. El gobierno español, sin embargo, tiene claro el objetivo. La presentación de la proposición de ley la tendrán que hacer el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de Diputados, para que después empiece el trámite parlamentario y la negociación con los grupos políticos para que puedan introducir mejoras, según ha avisado Calviño, que ha cerrado la puerta a diseñar el impuesto de la mano con el sector financiero. La ministra también ha insistido que este tributo "no afectará" la economía española. "Se tiene que pensar en el bienestar general", ha concluido.