Derrota de Ana Botín: el Santander tendrá que pagar 68 millones a Andrea Orcel

Derrota estrepitosa de Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, en el caso que la enfrentaba a Andrea Orcel. El banco de origen cántabro tendrá que pagar 68 millones de euros por el fichaje frustrado del propio Orcel, según ha decidido el juzgado de primera instancia número 46 de Madrid. La entidad ya ha dicho que recurrirá la sentencia porque no está de acuerdo.

El Santander anunció hace poco más de tres años que el italiano sería el nuevo consejero delegado del banco. Era septiembre de 2018. Cuatro meses después, en enero de 2019, el banco dio marcha atrás y decidió no fichar a Orcel a pesar del compromiso público que se había anunciado, con foto del protagonista y Botín incluida. El italiano todavía no había tomado posesión del cargo porque, para evitar los riesgos de revelación de secretos empresariales, en este nivel de la banca acostumbra a haber un periodo de transición entre que se pasa de una entidad a otra. Orcel, que provenía del banco suizo UBS, ya había dejado de trabajar en esta entidad a la espera de poder ingresar en el Santander.

El argumento de Botín para rechazar al banquero italiano era que su fichaje tenía "un coste inaceptable". Orcel tenía derecho a cobrar 50 millones de UBS en concepto de los bonus que había ido acumulando durante su etapa en esa entidad, siempre que no se marchara a trabajar a un banco de su competencia. Botín aseguró que UBS no podía considerar que el Santander fuera un competidor, puesto que el banco suizo se dedica a la banca de inversión y el cántabro a la banca comercial. Pero no era así y, o bien el Santander pagaba, o bien Orcel renunciaba a 50 millones de euros. Todavía había una última opción, que era la de dar marcha atrás, que es lo que finalmente pasó, dejando a Orcel en el paro.

El caso dejó muy tocada la reputación del Santander, el tercer banco de Europa por valor en bolsa. La entidad se vio obligada a recuperar a José Antonio Álvarez, el consejero delegado saliente, para que mantuviera el cargo. Una posición que, por cierto, sigue ocupando a día de hoy.

En el sector está muy extendida la sensación de que una entidad como el Santander no comete errores involuntarios como este y de que, en realidad, la rectificación fue más bien por una cuestión personal entre Botín y Orcel. El mismo banquero italiano ha defendido este punto de vista. En Europa los presidentes de los bancos no tienen poder ejecutivo, y de hecho el Banco Central Europeo así lo exige —a pesar de que en España de momento hace la vista gorda—. El BCE pide que el presidente tenga un papel más institucional y que el poder ejecutivo recaiga en el consejero delegado, de forma que cada entidad tenga una bicefalia que haga de contrapeso. Pero el Santander es una entidad española y quien la gobierna es la presidenta, Ana Botín. Orcel provenía de otra tradición, y la posibilidad de que pisara terreno de la presidenta podría haber sido un desencadenante de la decisión final.

El juicio

Andrea Orcel, que desde abril es el consejero delegado de Unicredit, llevó el caso a los tribunales. Inicialmente pedía una indemnización de 112 millones, que después rebajó a 76 millones: 17 millones de prima de incorporación, 29 millones por la parte del bonus diferido que estaba pendiente de percibir en UBS, 20 millones correspondiente al sueldo que tenía que cobrar en el Santander durante dos años y 10 millones de euros por daños reputacionales. Finalmente el juez ha aceptado que reciba 68 millones de indemnización.

El Santander defendió que la carta de oferta que envió a Orcel, y que el italiano mostró en el juicio, no era un contrato válido porque no lo habían aprobado ni el consejo de administración ni la junta de accionistas, aparte de que el nombramiento todavía tenía que recibir la luz verde del BCE.

Entre los testigos que declararon en el juicio estaban tanto Botín como Orcel, pero también el presidente de UBS, Axel Weber, o el ex director de recursos humanos del Santander Roberto di Bernadini.