Más dinero en las arcas: Australia estudia aumentar la recaudación de las exportaciones de gas
El país, uno de los principales productores mundiales, recauda más del impuesto sobre la cerveza que del gas
SidneyEn Canberra corre el rumor de que el presupuesto de este año –que debe presentarse en mayo– es el más importante del siglo. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha pasado en tres meses de presumir de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años a dar un discurso por televisión por un shock económico que “estará con nosotros durante meses”. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado, según Goldman & Sachs, “la mayor interrupción del suministro energético de la historia”. “Hemos visto la destrucción de pozos de gas en Qatar y Irán”, subraya Tony Wood, investigador de Energía en el Grattan Institute, “si el conflicto se detiene mañana, aún tendrá que pasar un buen tiempo hasta que se reparen estas infraestructuras”.
Mientras tanto en Australia multinacionales como Santos o Woodside (la empresa que exporta más gas del país y una de las empresas más contaminantes) han visto cómo sus acciones cotizaban al alza. Una situación similar a la de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Ese año, Origin dobló los beneficios en un solo gasoducto. Pero a pesar del aumento de precios, Australia no espera aumentar la recaudación. Como explica Greg Jericho, economista jefe del Australian Institute, blogger y analista político, los australianos no reciben un retorno justo por el gas que se extrae de su territorio, ya que “el 57% de las exportaciones de gas no pagan ninguna tasa”. Entre los clientes hay Corea del Sur, Taiwán o Japón, que a través de Inpex, una empresa con participación estatal que “no ha pagado PRRT. Apenas pagan impuesto de sociedades, y exportan tanto gas a Japón a un precio competitivo que pueden venderlo a terceros países del pacífico y obtener beneficios. Parece que no es gas australiano, sino japonés, a estas alturas”, explica Jericho.
Hace quince días la cadena pública ABC reveló que el primer ministro había pedido al Tesoro que propusiera una reforma al PRRT (impuesto sobre el petróleo), así como un posible impuesto a las exportaciones de gas. “Las compañías energéticas no deberían beneficiarse de los altos precios internacionales a costa de los consumidores domésticos”, aseguraba el documento escrito por el departamento de Albanese. Un movimiento precedido por la presión de diputados independientes de electorados acomodados de Sídney y Melbourne, como Allegra Spender y Monique Ryan, pero que captó la atención popular cuando el gobierno admitió que recaudaba más de la cerveza que de las exportaciones de gas en respuesta a una pregunta del senador David Pocock.
A pesar de ser una situación conocida (el mismo departamento del Tesoro lo admitió en 2016 asegurando que las compañías podían posponer el pago de forma indefinida), ahora los laboristas en el Senado han dado apoyo a la creación del Comité para la Tributación de los Recursos Gasíferos, presidido por una senadora de los Greens y del cual Pocock es miembro, que debe entregar su informe el 7 de mayo. Justo antes de los presupuestos. Pocock propone un 25% de impuesto a las exportaciones, una medida que Samantha McCulloch, directora general de l’Australian Energy Producers, cree que llega “en el peor momento posible”. La jefa de la patronal aseguró que las inversiones se perderían a causa del “activismo descontrolado”.
Pero, según los modelos del Superpower Institute, Australia solo recauda el 27% de los beneficios de los combustibles fósiles, combinando el PRRT y todos los impuestos, lejos de países como Noruega o Qatar. Para Ingrid Burfurd, doctoranda en economía por la Universidad de Melbourne, la crisis es una oportunidad para la reforma: “Si Australia hubiera aplicado un impuesto, los ingresos se habrían incrementado 1.100 millones de dólares australianos desde el inicio de la crisis en Irán”, apunta. “En 2025 el Petroleum Resource Rent Tax recaudó solo 1.400 millones anuales”.
Para l’Australian Insitute, un impuesto del 25% aseguraría alrededor de los 17.000 millones de dólares anuales (10.184 M€), suficiente para financiar universidades, o dentistas en la sanidad pública, explica Jericho. “Es una amenaza vacía, no se irán, el gas está aquí. Un 25% no arruinará estas empresas”, añade.
“No hay una oportunidad más fácil”
El 83% del gas licuado de Australia se exporta. Al mismo tiempo, las emisiones del gas cuando se quema generan 1.100 millones de toneladas de dióxido de carbono, casi tres veces las emisiones domésticas del estado, en un país en el que, como revela Marian Wilkinson, Woodside ha conseguido que los espías trabajen para sus intereses. Pero las décadas de inacción podrían tener los días contados. Como recuerda Burfurd, las generaciones Y y Z conformarán la mayoría de votantes en las elecciones federales de 2028 y las encuestas “muestran un apoyo del 68% a favor del principio de hacer pagar a los contaminados por el daño que causan”. Presionado interna y externamente, parece que Albanese podría modificar el régimen fiscal de las exportaciones de gas licuado.
Jim Chalmers y Madeleine King, tesorero y ministra de Recursos, no han cerrado la puerta y cada semana que pasa caen más apoyos. Como el del director general de uno de los grandes bancos del país, el Commonwealth Bank. “Hay recursos que no estamos valorando como nación”, remachaba Matt Comyn en una conferencia en la que ha dejado claro que un impuesto entre el 15 y el 25% tendría mucho apoyo. “Es muy extraño que tengas una buena política que al mismo tiempo sea tan popular”, concluye Jericho, “sería muy tonto que el gobierno lo rechazase”.
