"No hace falta que compartas esto, porque se supone que es secreto": escándalo fiscal en PwC
Un caso en Australia que se remonta a 2015 pone de manifiesto las malas prácticas y puertas giratorias en las Big Four
SydneyEn el corazón del distrito financiero de Sydney es habitual ver rebaños de americanas con cafés para llevar entrando en las sedes de las corporaciones, pero este lunes en la torre uno de las International Towers también se veían uniformes de la Policía Federal Australiana. Los agentes llevaban a cabo un cacheo en la sede de la consultora PwC Australia que tanto la empresa como el cuerpo policial anunciaban que duraría días. Un portavoz de PwC afirmaba que la policía buscaba información sobre empleados que han dejado la compañía y que "habían trabajado con la AFP (Policía Federal Australiana) desde el principio".
La orden de registro se enmarcaba dentro de la operación Alesia, que la AFP empezó el pasado mayo. Ian McCartney, comisario adjunto, confirmaba que en agosto se registraron dos casas en los suburbios acomodados de Sandringham y Sorrento, en Melbourne, antes de registrar las oficinas de Sydney. Una visita anticipada, ya que fuentes periodísticas afirman que la empresa tenía conocimiento de la investigación y avisó a la plantilla por correo electrónico. Sin embargo, McCartney aseguraba que la investigación ha dado pasos significativos en un serial que arrancaba hace más de 10 años.
Una filtración delictiva
La policía investiga las implicaciones delictivas de la venta de información gubernamental secreta a clientes como Google con el objetivo de pagar menos impuestos. Así, gracias al privilegio parlamentario, la senadora Deborah O'Neill pudo acceder y revelar el contenido de 144 páginas de documentación interna de PricewaterhouseCoopers (PwC, una de las Big Four del mundo de la consultoría global) que implican a 53 personas y 14 compañías . Sin embargo, Andy Schmulow, abogado del Tribunal Supremo de Suráfrica, se pregunta por qué se hacen ahora estos registros si la policía recibió el aviso hace 18 meses. El escándalo estalló en el 2023 con una noticia del Financial Review sobre la revocación de la licencia de agente fiscal a Peter Collins por parte de la Tax Practitioners Board. Socio de PwC, Collins había trabajado para el Tesoro entre 2013 y 2016 como asesor de una nueva ley para obligar a las multinacionales –sobre todo las tecnológicas– a pagar los impuestos correspondientes. La llamada MAAL (por sus siglas en inglés, multinational anti-avoidance law) entró en vigor el 1 de enero de 2016, pero había empresas que conocían su contenido meses antes. En efecto, el 5 de agosto de 2015, Collins escribió a sus excompañeros de PwC, que se apresuraron a hablar con sus clientes.
Aunque había firmado hasta tres cláusulas de confidencialidad con el Tesoro de Australia entre 2013 y 2018, Collins continuó filtrando la información a la consultora hasta 2018: “No hace falta que compartas esto, porque se supone que es secreto” , escribía en un mensaje. “Es posible que sea en enero del 2016, ya que el tesorero presiona para que el Parlament apruebe las leyes en octubre. Podemos hablar de las novedades si tienen un momento”, redactaba Paul McNab, abogado y socio de PwC. Collins llegó a enviar documentación de la OCDE.
Un impacto de 110 millones anuales
En 2016 el Australian Taxation Office (ATO) detectó que clientes de PwC estaban sorteando la nueva ley y evitaban así que el estado recaudase 180 millones de dólares australianos anuales (110 millones de euros). Alertaron a la consultora y la policía federal (AFP) en múltiples ocasiones hasta el 2018, aunque un año después, conjuntamente con la AFP, descartaban investigar a Collins porque no encontraban delitos fiscales. Fue entonces cuando el secretario de Tax Practitioners Board, Michel O'Neill, tomaba el caso y no descansó hasta que a finales del 2022 revocaron la licencia de Collins. Las investigaciones revelan que O'Neill se topó con las reticencias de sus homólogos de la ATO, que intentaban entorpecer la investigación. De hecho, la agencia tributaria australiana ha recibido críticas porque dos de sus cuatro máximos dirigentes proceden de bufetes de abogados privados o de la consultoría KPMG, una de las Big Four.
Para la senadora Deborah O'Neill, el escándalo es “una violación flagrante de la confianza pública” y critica que PwC presionara a su filial australiana para que no colaborara con la comisión parlamentaria. De hecho, un informe encargado por la propia consultora en 2023 resolvió que la cultura empresarial estaba basada en “beneficios, beneficios, beneficios”, sin tener en cuenta ningún otro parámetro. Schmulow apunta que PwC es una empresa que "ha asesorado al gobierno sobre el precio que tenía que pagar por equipamiento médico y al mismo tiempo asesoraba a los fabricantes sobre a qué precio debían vender", sin que a nadie le saltaran las alarmas.
Según Schmulow, uno de los problemas son las puertas giratorias de una consultora que ha contado con contratos públicos por valor de 600 millones de dólares australianos anuales (367,7 millones de euros) en algunos sectores como la policía federal o defensa: “Todo el mundo en nuestro sistema político cuando se jubila busca trabajo en una de las Big Four”, subraya. "La única persona que no han contratado aunque les pidiera trabajo ha sido el ex primer ministro Scott Morrison", añade. La situación afecta incluso al comisario de la AFP, Reece Kershaw, que tuvo que salir al paso de las críticas por unos SMS que envió a Mick Fuller, excolega a la policía de Nueva Gales del Sur y hoy asesor de PwC.
