Energía

Cecot lleva a Competencia su histórica batalla contra los sobrecostes eléctricos en Cataluña

La patronal asegura que existen más de 3.200 industrias afectadas y cifra los sobrecostes en 200 M€

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Una torre de alta tensión en Cataluña.

BarcelonaCecot vuelve a poner sobre la mesa lo que considera un agravio histórico: la pérdida de competitividad de las industrias por los "sobrecostes" de los peajes eléctricos en alta tensión, que son los cobros de las compañías distribuidoras de electricidad a los usuarios -en este caso empresas – de sus redes eléctricas.

Esta vez ha presentado un documento de alegaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la modificación de la circular 3/2020 de 15 de enero sobre la metodología de cálculos de estos peajes de transporte y distribución de electricidad. En concreto, la patronal solicita que las redes eléctricas dentro de la tarifa 6.1TD –antes 6.1A– pasen lo antes posible a la tarifa 6.2TD –antes 6.2– para que las empresas afectadas puedan competir en el mercado en igualdad de oportunidades.

El documento insiste en el sobrecoste energético que sufren las empresas conectadas a la red de 25 kV, que son las que tienen la tarifa 6.1TD, por el hecho de contar con peajes de acceso a la red más caros que los de la red de 36 kV, dentro de la tarifa 6.2TD.

Más de 4.500 industrias en toda España

"Los sobrecostes, en el caso de las más de 3.200 industrias catalanas afectadas, suponen 200 millones de euros al año", explica el director de la Oficina para la Transición Energética de Cecot, Josep Casas. Según la patronal, este agravio comparativo lleva décadas afectando también a la competitividad de las industrias catalanas, pero también de Andalucía, Extremadura, Aragón o Murcia. En total, son más de 4.500 afectadas en toda España.

En 2017, el entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente de EBB, Andoni Ortuzar, pactaron, en el marco de los presupuestos generales del Estado (PGE), un nuevo tramo en la tarifa eléctrica que benefició a las empresas en 30 kV y 36 kV, la mayoría de ellas en el País Vasco. Esto dejaba todavía las 4.500 industrias citadas –3.200 en Catalunya– con sobrecostes "derivados de criterios políticos y no imputables a criterios técnicos, ni de eficiencia de la red", según Cecot.

Dos años antes, en el 2015, diferentes entidades impulsaron una plataforma para corregir "arbitrariedades y discriminaciones" que se daban en la regulación de las tarifas de acceso a la red eléctrica y que entonces afectaban a 5.800 industrias en España, la mayoría en Cataluña.

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