Bruselas deja el impuesto sobre los beneficios de las energéticas en manos de los estados

BruselasEl gobierno español quiere gravar los beneficios de las compañías de petróleo y gas en la Unión Europea. Considera que en plena crisis energética, en la que se han disparado los precios, estas compañías están obteniendo beneficios extraordinarios derivados del contexto. Por ello, junto con otros cuatro países, han llevado este viernes a la reunión del Ecofin su ofensiva para imponerles un gravamen. Este impuesto se ha abordado en el encuentro informal de los ministros de Finanzas, que ha tenido lugar en Dublín, según fuentes del gobierno español.

De momento, sin embargo, al menos de puertas afuera, Bruselas descarta presentar ninguna propuesta legislativa en este sentido. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha asegurado a la entrada de la sesión de trabajo que la decisión de fijar o no este impuesto está en manos de los estados miembros. A su parecer, son los estados y no la Comisión quienes tienen las competencias, pero ha añadido que está dispuesto a "ayudar a los estados miembros a plantear este enfoque", si es necesario.

España y los países afines, entre los cuales se encuentra Alemania, han expuesto su visión para sacar adelante la propuesta de manera informal, con la esperanza de definir los próximos pasos para aprobar la medida. Según fuentes del gobierno español, los estados han abordado las consecuencias negativas de la subida de precios y la necesidad de actuar. Pese a la negativa de Bruselas, la Moncloa espera que la discusión entre estados miembros sobre la iniciativa continúe.

Antes de entrar, el ministro español de Economía y Finanzas, Carlos Cuerpo, ha defendido que esta medida permitirá "atender la situación de los hogares y las empresas" gracias a un "reparto justo de la carga" económica derivada de la inflación. Así, ha pedido a la Comisión que elabore un estudio sobre los beneficios que han obtenido las compañías de gas y de petróleo desde el inicio de la guerra en Ucrania y que los grave en función de ello.

Los beneficios que se quieren gravar son los llamados beneficios caídos del cielo (windfallprofits, en inglés). Es decir, las ganancias extraordinarias e inesperadas que consiguen las empresas energéticas derivadas de acontecimientos externos (como guerras o el mismo diseño regulatorio del mercado) cuando se dispara el precio de los combustibles fósiles.

Los ministros de Economía de Portugal, Alemania, Italia, Austria y España ya se mostraron favorables a imponer este gravamen en abril. Entonces enviaron una carta al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, pidiendo un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios derivados de la guerra y "alivien la carga" a los consumidores y contribuyentes. En la misiva recordaban que un impuesto similar se había fijado en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania hizo disparar el precio de los combustibles. En aquel momento, la Unión Europea introdujo una "contribución temporal de solidaridad" como mecanismo de emergencia, que gravaba un 33% sobre los beneficios extraordinarios. Bruselas recaudó unos 28.000 millones de euros, que se dedicaron a rebajar a los particulares la factura de la luz y del gas, así como a la bonificación en el precio de las gasolinas.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el precio del petróleo (el de referencia en Europa es el barril de Brent) se ha incrementado entre un 14% y un 15%, y la inflación interanual ha repuntado hasta el 3,3%. Dado el contexto de inflación, que según ha expresado el Banco Central Europeo será más sostenido y elevado de lo que se esperaba, el ejecutivo español confía en que su visión se imponga entre el resto de estados.

Fondo de resiliencia climática

¿Cómo deben invertirse los fondos recaudados con este gravamen? La propuesta del gobierno español es que se destinen a un fondo de resiliencia climática. La ministra española de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pidió en una carta a la Comisión Europea a principios de septiembre que establezca un fondo de adaptación climática para "reforzar la respuesta colectiva ante emergencias" y "anticiparse a los riesgos climáticos". El texto subrayaba que muchos estados miembros están altamente expuestos a las consecuencias de la crisis climática.

La iniciativa de la Moncloa prevé otras vías alternativas de financiación para la creación del fondo. Por un lado, tasas adicionales a actividades contaminantes o de lujo, como el uso de vuelos en jets privados. Y por otro, la emisión de deuda comunitaria, que permitiría crear un sistema europeo de seguros para cubrir grandes catástrofes naturales. Un mecanismo que ya anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el discurso del estado de la Unión en Estrasburgo.

No es el primer intento del ejecutivo de Sánchez de establecer un impuesto similar. En 2022 ya aplicó un impuesto extraordinario sobre las grandes empresas energéticas que era más amplio que el de Bruselas: aplicaba una tasa del 1,2% sobre la cifra de negocio de las compañías con una facturación superior a los 1.000 millones de euros anuales. Cuando la coalición de gobierno intentó prorrogarlo y hacerlo permanente a finales de 2024, la medida se encalló en el Congreso por la falta de apoyo de socios como Junts y el PNV. El gravamen decayó definitivamente a principios de 2025.