La esperada revancha de los ganaderos contra el cártel de la leche

Barcelona"Quedé en la ruina total. Tuve que dejarlo". Así de claro lo explica Jordi, un ganadero de la comarca del Ripollès que tenía una granja de vacas lecheras, de un centenar de animales. Atribuye el fin de su negocio al denominado cártel de la leche, que pagaban tan poco por cada litro que, al final, no pudo seguir; ahora se dedica a engordar terneros para carne ecológica. No es el único caso. Joan, ganadero de la comarca de Osona, se jubiló el año pasado, pero también dejó de producir leche cuando el cártel, además de pagarle poco, le empezó a hacer boicot y no le recogía la producción. Estuvo un tiempo vendiendo la producción de sus vacas incluso por debajo de coste, solo para que se la retiraran. Tenía 150 vacas con una producción de 1,5 millones de litros al año. Ahora su hijo ha heredado la granja, pero ya no cría vacas lecheras.

El caso del cártel de la leche ha afectado a bastantes explotaciones ganaderas. Muchas han desaparecido. Joan calcula que en Catalunya había 26.000 granjas lecheras hacia el año 2000 y ahora quedan solo unas 10.000. Jordi asegura que este negocio ya solo es rentable si hay mucho volumen. "Quedan muy pocas explotaciones, pero muy grandes", dice, porque el margen, si hay, es tan pequeño que hacen falta muchas reses para lograr la rentabilidad.

El caso viene de muy lejos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo examinó y concluyó que entre el año 2000 y el 2013 las principales empresas del sector lácteo habían formado un cártel, en el que pactaban los precios que pagaban a los ganaderos. El expediente acabó en una multa de 88,2 millones de euros a nueve empresas del sector por haber concertado los precios del mercado de aprovisionamiento de leche cruda en una "infracción continuada". Las multas más elevadas fueron para Danone, con 23,2 millones; Corporación Alimentaria Peñasanta, con 21,8 millones; Grupo o Lactalis Iberia, con 11,6 millones; Nestlé España, con 10,6 millones; Puleva Food, con 10,2 millones; y Calidad Pascual (antes del Grupo Leche Pascual), con una multa de 8,5 millones.

Las empresas presentaron un recurso ante la Audiencia Nacional contra la sanción de Competencia. Ahora este tribunal lo tiene sobre la mesa y, según fuentes judiciales, podría resolver este mismo año o a comienzos del año que viene. Los afectados por el cártel –o al menos una parte importante de ellos– creen que con la multa no hay bastante y que, cuando haya sentencia, si se ratifica la existencia del cártel, pedirán indemnizaciones. Y no son menores, porque quieren recibir la diferencia entre el precio que pactaba el cártel y el precio que tenían que recibir por la leche, además de los intereses legales. "Mi reclamación supera el millón de euros", calcula Joan. Reconoce que es un dinero que tardará mucho en llegar, teniendo en cuenta que el cártel empezó a actuar en el 2000 y que el proceso se ha ido alargando en el tiempo. Pero ve "factible" obtener la indemnización porque "pagaron mal para enriquecerse ellos". Ya jubilado, reconoce que la justicia es lenta. "Si no lo cobro yo, lo cobrará mi hijo", dice.

La sentencia de los camiones

La esperanza de los ganaderos les llega de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en el caso del cártel de los camiones, estableció que el caso no ha prescrito, porque el tiempo empieza a contar cuando hay sentencia firme. Joan, desde su granja de Osona, lo tiene claro: "Si los afectados por los camiones han cobrado, si los afectados por el cártel de los coches han cobrado, nosotros también cobraremos". Albert Poch, abogado de Redis, un bufete especializado en temas de competencia y cárteles, cree que vale la pena esperar a la sentencia firme para hacer la reclamación. Poch aconseja buscar toda la documentación, especialmente las facturas de la época en la que actuaba el cártel, para poder documentar cuánto se cobró por la leche y poder calcular a cuánto subiría la indemnización.

Según este letrado, teniendo en cuenta la dimensión de las explotaciones ganaderas, de media cada productor podría reclamar entre 300.000 y 400.000 euros. Poch reconoce que han pasado muchos años desde que pasaron los hechos y que la justicia es lenta, pero anima a pedir una indemnización, a pesar de que asegura que "no hay conciencia en la sociedad de que estos daños se pueden reclamar". Algunos ganaderos, sin embargo, no esperaron y fueron a los juzgados sin esperar la sentencia firme, explica Poch, con resultados desiguales. Unos ganaron porque formaban parte de los denunciantes del cártel y la empresa que les recogía la leche los castigó sin compras. Otros perdieron, con argumentación diversa por parte de los tribunales, pero, en algún caso, detallando que no se puede recibir una indemnización antes de una resolución firme. Albert Poch insiste en la importancia de que haya sentencia firme que confirme el cártel. A partir de aquel momento, dice, se podrá reclamar como ha pasado en el caso de los camiones.