El Estado acepta pagar 1.300 millones de euros a Abertis cuando levante el peaje de la AP-7

El gobierno central ha aceptado pagar 1.291 millones de euros a Abertis cuando levante los peajes de la AP-7 el próximo 31 de agosto, que es cuando se acaba el contrato de concesión. El plan de estabilidad enviado por el ejecutivo español a Bruselas la semana pasada reconoce que este año está dispuesto a pagar a Abertis por la AP-7, una partida que elevará el déficit público, según ha avanzado El País. Los 1.291 millones que dice el gobierno, sin embargo, quedan lejos de los 3.325 millones que reclama Abertis.

¿Por qué tiene que pagar el gobierno a Abertis por una concesión originaria del 1967, que ha sido la concesión más rentable de España y, en definitiva, una gallina de huevos de oro? Todo se remonta al 2006, cuando el ministerio de Fomento, que entonces lideraba Magdalena Álvarez, llegó a un acuerdo con Abertis para poner un tercer carril en algunos tramos de Tarragona y Girona. A diferencia de otras veces, esta vez la compañía no pidió alargar el contrato de concesión pero sí exigió que, en caso de una bajada de tráfico, el Estado le pagara una compensación.

Pocos años después llegó la gran crisis del 2008-2012, y la afluencia de vehículos cayó con fuerza. Entonces Abertis reclamó una indemnización, pero el Estado se negó. El caso acabó en el Supremo, que dictó una sentencia sorpresiva: el coste final de la compensación no se podría establecer hasta la finalización del contrato, es decir, hasta el 2021.

Este año ya ha llegado y el fin de la concesión está a solo cuatro meses. El gobierno ya ha aceptado oficialmente pagar 1.291 millones a la empresa, pero esta sigue defendiendo que tiene derecho a una indemnización de más de 3.000 millones. Previsiblemente, una vez más, esta disparidad de criterios volverá a acabar en los tribunales, que tendrán que arbitrar el conflicto.

Levantamiento de barreras a la vista

Mientras, el levantamiento de barreras avanza irremediablemente. Este 31 de agosto será el día en el que se acabarán más peajes simultáneamente, y la mayoría están concentrados en Catalunya: por un lado se eliminarán las barreras en la AP-7 (entre Salou y la Jonquera) y en la AP-2 (entre Barcelona y Zaragoza), que son concesiones del gobierno español. Y el mismo día también se acaban las concesiones de la C-31, C-32 (en el Maresme) y C-33 (que conecta Barcelona con la AP-7), que son carreteras controladas por la Generalitat. En todos los casos son peajes históricos: la AP-7 y la C-32, por ejemplo, se remontan al 1967 y fueron las primeras autopistas de peaje de toda Espanya. En el caso de la AP-2, se inauguró en 1973.

Los datos demuestran que, cuando se han levantado los peajes, el tráfico de estas autopistas ha crecido de forma muy significativa, entre un 20% y un 40%. Hace tiempo que la Generalitat plantea la necesidad de establecer un sistema de pago por el uso de las carreteras. Desde la llegada del PSOE al gobierno español, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, también ha ido planteando este deseo de forma cada vez más explícita. Sea como sea, de momento el plan no se ha cambiado y la idea es levantar los peajes y mantener las carreteras a cargo del presupuesto público. Tanto el gobierno español como el catalán ya han sacado a concurso los contratos para adjudicar el mantenimiento de estas autopistas una vez vuelvan a ser 100% públicas.