Qué sabemos del fondo de rescate de la pandemia salpicado por la corrupción?

MadridLa pandemia de la covid-19 hizo volar por los aires una parte de los postulados económicos que desde la crisis financiera imperaban en Europa. Así, por ejemplo, los estados miembros acordaron aprobar los fondos europeos Next Generation, que justo finalizan este agosto; pero también hubo consenso en suspender las reglas fiscales. A ambas cosas se añadió un elemento: la flexibilización por parte de la Comisión Europea de la normativa comunitaria en ayudas de Estado. Gracias a ello, el gobierno español pudo crear en julio de 2020 el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE, en sus siglas en castellano), concebido como una especie de fondo de rescate y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que depende del ministerio de Hacienda. Seis años después, la que fue la medida pandémica más deseada para algunas empresas vive un quebradero de cabeza reputacional: la persigue la sombra de la corrupción.

El FASEE está en el punto de mira de jueces que pilotan algunas de las causas que han puesto contra las cuerdas al ejecutivo de Pedro Sánchez. En concreto, están en el punto de mira algunas de las operaciones, es decir, de los rescates que se ejecutaron sobre diferentes empresas. El más polémico es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, y que ha desencadenado en la causa judicial que implica al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Se suma el rescate a Air Europa y también el rescate de Tubos Reunidos, que a su vez conecta con el caso Leire Díez.

La polémica, sin embargo, no siempre ha perseguido este instrumento, que nació con el objetivo de ser un balón de oxígeno público para muchas empresas en dificultades por el shock económico de la covid-19, sobre todo del sector turístico y servicios.

¿Rescate o préstamos?

La Comisión Europea dio luz verde al fondo con un presupuesto de 10.000 millones de euros. No eran fondos europeos, pero se necesitaba su visto bueno porque su régimen se aprobó en virtud del marco temporal relativo a las ayudas de Estado. El ejecutivo comunitario no solo avaló el fondo español. Alemania, Francia, el Reino Unido o Italia aprobaron mecanismos similares. El alemán, de hecho, multiplicaba por cinco el presupuesto español, una diferencia a la hora de poder dar ayudas de Estado que generó recelos entre algunos estados miembros.

Aunque se hace referencia a un "rescate" de empresas, en el fondo se concedieron préstamos que después debían devolverse. Así, por ejemplo, el llamado "rescate" de Plus Ultra de 53 millones de euros fue, en realidad, un préstamo. El préstamo más elevado se dio a Air Europa (475 millones de euros), mientras que Tubos Reunidos recibió 112,8 millones.

Estas no fueron las únicas empresas que recibieron parte del dinero de este fondo. La SEPI recibió un total de 74 solicitudes de empresas para acceder a este apoyo financiero temporal. El importe de todas ascendía a 5.393 millones de euros, un 53% de los 10.000 millones con que se había dotado el fondo. Finalmente, se aprobaron un total de treinta operaciones por un importe de 3.256 millones de euros, es decir, el 32,5% de la dotación del fondo. Dos empresas, sin embargo, Cesa y Blue Sea, no acabaron ejecutando el préstamo y la financiación final fue de 2.681 millones de euros, según datos de la SEPI a los que ha tenido acceso el ARA. Hoy en día se han recuperado 1.745 millones de euros, el 65% del total de la financiación pública y los intereses cobrados superan los 340 millones de euros. Las empresas tienen tiempo de devolver el préstamo hasta el año 2029, según los acuerdos de financiación suscritos entre la SEPI y las firmas que se beneficiaron de él. Por parte del gobierno español se ha destacado que se salvaron "62.000 puestos de trabajo", indicaban fuentes del ministerio de Hacienda esta semana.

A la lista de firmas se suman nombres como Técnicas Reunidas, Duro Felguera, Airtificial, Air Nostrum, Volotea o Vincci Hotels. El Tribunal de Cuentas, el órgano que después se ha encargado de fiscalizar el FASEE, destacó que se trataba, sobre todo, de medianas empresas. "Las grandes empresas no se han acogido", incluyó en un informe sobre el fondo publicado en 2024. Empresas que requerían mucho menos capital (entre 2,5 millones y 25 millones) para sortear el bache de la covid-19, acudieron al fondo de Cofides.

¿Un procedimiento transparente?

Estos, sin embargo, no eran unos préstamos normales, principalmente porque el dinero con el que se sostenían era público. "El régimen [de ayudas] garantiza que el Estado reciba una remuneración suficiente por el riesgo que asume el contribuyente", aseguró entonces la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, cuando Bruselas aprobó el fondo. Así, el apoyo estaba condicionado. Por ejemplo, la empresa que recibía el préstamo no podía distribuir dividendos ni abonar primas, pero tampoco llevar a cabo una expansión "agresiva" del negocio o hacer operaciones "corporativas". El mismo ejecutivo comunitario fijó trece criterios "de elegibilidad".

El Tribunal de Cuentas avaló en su informe de fiscalización del fondo su funcionamiento –desde el cumplimiento de los requisitos, hasta el procedimiento de las concesiones– y la IGAE, como auditoría de la gestión que se hizo, también. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó un recurso de Ryanair en el que se cuestionaba el principio de no discriminación.

Pero el primer órgano sí detectó algunas carencias. En el informe de fiscalización de 2024, el Tribunal de Cuentas recomendó "que se aprobara una normativa que regule con claridad las decisiones a adoptar por parte del FASEE en el seguimiento de las operaciones de financiación y que la SEPI elaborara un procedimiento que permitiera realizar una imputación de costes al FASEE en virtud de criterios técnicos y objetivos". También destacó que el plazo de las resoluciones fue "muy elevado", a pesar de la urgencia del momento, y que la principal causa fue revisar los planes de viabilidad de las empresas que solicitaban la ayuda.

En un artículo elaborado por los técnicos del ministerio de Economía, Marisa Álvarez, Javier Domínguez y Pedro Garrosa se destacaba también entre las conclusiones que "en decisiones de tanta envergadura y que pueden determinar la dinámica del mercado interior [europeo], habría sido clave que se garantizaran en la máxima medida posible algunos mecanismos de consulta, participación y transparencia con la finalidad de favorecer la adopción de medidas que se ajusten a la necesidad y que se revistan de legitimidad".