Los fondos e inmobiliarias deben pagar a partir de ahora en Cataluña el doble de impuestos

BarcelonaFue un compromiso adquirido por el gobierno de Salvador Isla pactado con los comunes. Y este fin de semana ha entrado en vigor: el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPi AJD), que grava las transacciones mobiliarias e inmobiliarias de segunda mano, se encarece para los inmuebles de más de 600.000 euros y se duplica, hasta el 20%, para las compras de edificios y de grandes tenedores, como fondos o grandes inmobiliarias. La norma catalana entiende como grandes tenedores a quienes tienen más de 10 inmuebles o una superficie construida por viviendas de más de 1.500 metros cuadrados, pero se rebaja a partir de más de cinco inmuebles en las zonas declaradas tensionadas por la Generalitat, es decir, donde se regulan los precios. En Cataluña existen 271 municipios con esta regulación, entre ellos Barcelona. Estos incrementos se incluyeron en un decreto del pasado marzo convalidado en mayo y que preveía su entrada en vigor a los tres meses, es decir, a partir del pasado viernes, 27 de junio.

Hasta ahora había dos tramos del tributo, que recauda la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) porque es un gravamen cedido. Uno primero era del 10% para inmuebles hasta un millón de euros y un segundo del 11% para precios superiores. Ahora ha entrado en vigor una tarifa progresiva proporcional al valor del inmueble. Para todos los contribuyentes que no son grandes tenedores ni se encuentran en el supuesto del 20%, hasta 600.000 euros el gravamen es del 10%; desde 600.000 hasta 900.000 euros, del 11%; desde 900.000 euros hasta 1,5 millones, del 12%, y de 1,5 millones en adelante, del 13%. Con la entrada en vigor de la medida se duplica la factura fiscal de las sociedades especializadas en invertir en el sector inmobiliario (socimis), fondos y grandes inmobiliarias. Si hasta ahora para una vivienda de segunda mano de 200.000 euros debían tributar 20.000 euros, ahora tendrán que pagar 40.000. El objetivo inicial de este encarecimiento es evitar o reducir la acumulación de viviendas para alquiler y la revalorización especulativa.

Quedan exentos del 20% los promotores sociales y las entidades sin ánimo de lucro; y cuando el inmueble se utilice como sede social o centro de trabajo del gran tenedor, así como cuando si es una persona física e incluye un máximo de cuatro viviendas, siempre que se destinen a vivienda habitual propia o de familiares.

Pero no todos son subidas. El decreto que entra en vigor incluye la modificación de la edad de los jóvenes que hasta ahora gozaban del tipo reducido del 5% en la compra de la vivienda habitual, que pasa de 32 a 35 años. Y se suma la misma ventaja en la compra de vivienda habitual por parte de las víctimas de violencia machista.

Las medidas que entran en vigor han provocado críticas de diferentes actores del sector inmobiliario, que alertan de que este incremento fiscal puede afectar a la inversión residencial en Catalunya. De hecho, avisan de que puede suponer que todavía se frene más la oferta y, por tanto, acabe presionando más al alza los precios. La Asociación de Propietarios de Viviendas de alquiler (Asval) afirma que la introducción de medidas "altamente penalizadoras y complejas en su aplicación genera un impacto negativo en el propietario". Y esto, añaden, agrava una "situación preocupante de desaparición de oferta existente". Desde el sector todavía esperan que se produzcan cambios a corto plazo que aclaren algunos conceptos, como por ejemplo el de gran tenedor y otros aspectos.