¿Qué puede hacer Bruselas en la crisis de la vivienda?

BarcelonaAhora que Bruselas se plantea modificar las reglas fiscales para dejar el gasto en defensa fuera de los cálculos del déficit, resuena otra reivindicación. ¿Podría hacer lo mismo en un ámbito con necesidades urgentes de financiación en toda la Unión Europea (UE) como lo es la vivienda? La Comisión Europea no flexibilizó sus topes sagrados del 3% de déficit para los estados miembros ni durante la crisis económica de 2008, que puso en riesgo la eurozona. La única excepción hasta ahora fue la pandemia, cuando éstos se congelaron y se dio vía libre a los gobiernos para gastar lo necesario para la recuperación económica. El armamento será la próxima anomalía en las estrictas normas de Bruselas, pero no existen planes ni perspectivas para que la vivienda se añada. Entonces, ¿de qué otra forma quiere solucionar la Comisión Europea una emergencia de la vivienda que atraviesa el Viejo Continente y sobre la que no tiene las competencias necesarias?

Por primera vez, el nuevo ejecutivo comunitario contará esta legislatura con un comisario de Vivienda (y Energía), el danés Dan Jorgensen, que cuelga de la vicepresidencia de la española Teresa Ribera. El 1 de febrero ya se puso en marcha un grupo de trabajo específico para desarrollar e implementar un plan europeo de vivienda asequible y otras políticas para "enderezar las causas estructurales de la crisis de la vivienda". Sin embargo, estos esfuerzos todavía están en una fase inicial de consulta, en la que se escucharán los problemas que sufren los estados miembros y sus regiones y qué soluciones —más o menos efectivas— se han aplicado hasta ahora. Fuentes comunitarias admiten que no se espera que el plan se apruebe antes del próximo año.

Estas mismas voces avanzan que están estudiando si se podría revisar la normativa sobre las ayudas de estado para permitir que los estados miembros puedan invertir más en vivienda asequible, es decir, que se puedan subvencionar a las empresas que construyen promociones de pisos sociales. El propio Jorgensen lo confirmó esta semana durante su intervención en la primera reunión del comité especial sobre la crisis de la vivienda, que también ha creado el Parlamento Europeo.

Sin embargo, esto no es lo que reclaman las principales afectadas. Algunas de las grandes ciudades de la UE –como Barcelona, ​​París, Atenas o Amsterdam– pidieron a finales de febrero a las instituciones comunitarias la flexibilización de las normas fiscales y que las inversiones en materia de vivienda no se computen a la hora de calcular el déficit de los Estados miembros. También instaron a Bruselas a ampliar el presupuesto que destina a este ámbito y que los municipios tengan "acceso directo" a los fondos europeos para poder dedicarlos a la construcción de pisos "sociales y asequibles".

El papel del BEI

Mientras no existen planes para aplicar esta excepción, la Comisión también quiere diseñar una estrategia europea para la construcción de parque público. Ésta incluiría medidas sobre cómo reducir sus costes, mejorar las habilidades de los trabajadores del sector y combinarlo todo con la sostenibilidad. "Fui miembro de esta casa durante casi 10 años, del 2004 al 2013, y no recuerdo tener ninguna discusión sobre vivienda. Probablemente, si las hubiéramos tenido hace veinte años, quizás no estaríamos en esta situación hoy", dijo el comisario Jorgensen en el Parlamento Europeo esta semana. También apuntó que en 2023 en torno al 10% de la población europea destinó el 40% o más de sus ingresos disponibles en la vivienda y otros gastos relacionados.

Pero el aspecto en el que Bruselas puede incidir más para resolver esta emergencia es la financiación de las nuevas inversiones en vivienda asequible. Para ello quiere trabajar con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por la exvicepresidenta española Nadia Calviño, y otras instituciones financieras internacionales y nacionales para movilizar más fondos en esa dirección. El pasado verano el BEI ya concedió un préstamo de 490 millones de euros a la Generalitat para financiar la construcción de más de 4.300 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en Catalunya. Este jueves pasado hizo lo propio con el Ayuntamiento de Barcelona, ​​al que le ha prestado 175 millones para vivienda, pero también para cuestiones climáticas.

"La UE ya está movilizando financiación sustancial", aseguró Jorgensen esta semana en un foro organizado por el BEI en Luxemburgo. Asimismo, recordó que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha destinado más de 22.000 millones de euros en vivienda social en todo el territorio europeo y que cerca de 85.000 millones de euros irán a reformas de eficiencia energética y la construcción de edificios adaptados a estos nuevos criterios. "También buscaremos fuentes de financiación dentro de los fondos de la UE. Por ejemplo, sacaremos adelante una propuesta para permitir a los estados miembros inyectar liquidez en el mercado de la vivienda y duplicar la política de cohesión prevista para inversiones en vivienda asequible", insisten fuentes del ejecutivo comunitario.

Sobre otras cuestiones vinculadas con la crisis de la vivienda como el fenómeno de los alquileres de temporada, la Comisión Europea no se moja mucho y asegura que estudiará sus consecuencias y que implementará un marco normativo "robusto".