La cara oculta del 'house flipping', el negocio de compraventa expreso de pisos

BarcelonaEl sector inmobiliario lleva años en constante transformación, sobre todo con la entrada de diferentes agentes digitales que ofrecen todo tipo de servicios dentro del proceso de construcción, compraventa, alquiler, gestión de activos y financiación. Se conoce como el sector proptech (acrónimo en inglés de propiedad y tecnología).

Entre los múltiples agentes, hay una serie de compañías que han irrumpido en el mercado con la promesa de simplificar el proceso de compraventa. El modelo de negocio es muy sencillo: compran una vivienda, la reforman y la ponen a la venta o alquiler. Prometen agilidad y comisiones bajas. Al sector se le llama house flipping.

Son empresas que cuentan con una situación financiera holgada: captan decenas de millones de euros en rondas de financiación –en algún caso incluso cientos de millones– para ejecutar planes de compraventa de viviendas en tiempo récord. El objetivo es obtener rápidamente beneficios, que a menudo son muy exiguos, para invertirlos en nuevas viviendas y volver a girar la rueda.

Ahora bien, el impacto que tienen en el mercado no es neutro. Son servicios dirigidos al vendedor que, desde una perspectiva económica, contribuyen a renovar y modernizar el parque de vivienda, con su consiguiente revalorización, pero a veces suponen un quebradero de cabeza para el comprador. Una vez realizada la operación, la diligencia inicial se esfuma.

Las principales empresas de este sector son la española Clikalia o la italiana Casavo, y otras empresas emergentes como Tiko o Kodit.io. Todas ellas han logrado convencer a los inversores para levantar el vuelo, especialmente la primera: fundada en el 2018, Clikalia cerró en el 2021 una ronda de financiación de 460 millones de euros, la mayor que se ha captado nunca por una start-up española.

De hecho, España fue el segundo país del mundo con mayor inversión anual en este segmento en los años 2020 y 2021, con 834 millones de euros, sólo por detrás de Estados Unidos, que lidera el ranking con 5.889 millones de euros, según datos de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya.

La cara oculta

Todas ellas buscan captar potenciales vendedores con las mismas promesas: hacer una oferta para tu piso en pocas horas o días, e incluso comprarlo en un período máximo de siete días. Pago al instante. Así se puede ver en sus páginas web, que contrastan con las opiniones que muchos clientes vuelcan en las principales plataformas de valoración, donde los comentarios negativos se acumulan por decenas.

"Es un sector que está creciendo mucho. Son empresas que reciben mucho dinero y tienen un plan de base bueno: comprar, reformar y vender... Han crecido de una forma tan rápida que les entra mucho dinero, compran a destajo para reformar y vender, y buscan empresas de obras baratas que les aseguran mucho volumen de trabajo y reformas iguales y sencillas porque el margen es muy pequeño", explica al ARA el personal shopper inmobiliario y cofundador de Nexitum Jordi Clotet.

Este experto indica que para el vendedor es una buena opción, porque pese a pagar por debajo del coste de mercado, lo hacen al contado. El problema es para el comprador, quien a menudo se encuentra con reformas inacabadas y un servicio postventa inexistente. Este diario ha hablado con media docena de personas, desde compradores y vecinos hasta administradores de fincas, que se han visto afectadas por estas prácticas. También ha intentado contactar con Casavo y Clikalia sin éxito.

Nyaps y nulo servicio postventa

Joan decidió comprar un piso en Barcelona a través de Casavo para ponerlo en alquiler. "Lo primero que vi es que tenían mucha prisa en firmar", explica. Una vez hecha la compra, cuando entró en el piso se encontró electrodomésticos sin instalación eléctrica, el lavavajillas sin desagüe, la caldera mal instalada y una ventana que no cerraba.

Después de que Casavo se desentendiera, tuvo que asumir la reparación de los desperfectos con miles de euros de su bolsillo. Pero esto no fue todo: habían hecho la reforma con la instalación eléctrica pinchada. "Todo fue un desastre, lo peor es la falta de atención. Han desaparecido, nunca han contestado más", lamenta.

"Casavo no actúa de mala fe, entiendo que se ha rodeado de empresas de bajo nivel. Hay un entramado de subcontratos", explica al ARA Guillermo, que compró un piso en Sevilla con esta compañía hace un año y aún está arreglando las chapuzas que se ha encontrado, como el suelo desnivelado, una persiana rota, un cuadro eléctrico sin los sistemas de seguridad bien atornillados y otras chapuzas.

"Me dijeron que lo repararían cuando compré la casa, y después de ver pasar diferentes operarios, no he tenido más acceso a nadie de Casavo. Las personas que me vendieron el piso al cabo de tres días me dijeron que no trabajaban allí", explica. Por último, una empresa de Málaga subcontratada se ha ido ocupando de algunas reparaciones. "Han hecho lo que han podido. Me dijeron que venían a Sevilla a solucionar los mismos problemas por 4 o 5 casas vendidas por Casavo", añade.

Falta de permisos e inspecciones

A la hija de Tomàs, esta problemática le ha costado una inspección del Ayuntamiento de Barcelona. Compró un piso en el barrio de Horta, en Barcelona. Fueron a verle cuando estaba en obras y cuando les entregaron las llaves, se dieron cuenta de que habían dejado muchas cosas inacabadas. Compraron el piso en Clikalia.

"Cuando abrimos el calefactor, salía agua de un radiador y después vimos que era un defecto de instalación: sólo habían puesto un tubo cuando tiene que haber dos , uno para sacar el gas y el otro para absorber el aire de fuera. Es un claro ejemplo de que no sabían lo que hacían", explica Tomàs. Durante la reforma, también cortaron el cable de la antena comunitaria del piso. De repente todos los pisos se quedaron sin señal de televisión.

El problema gordo llegó cuando a finales del 2021, antes de la firma de las arras, el Ayuntamiento de Barcelona realizó una inspección en la obra, a raíz de la queja de un vecino. Hace pocas semanas recibieron una notificación del consistorio con una multa porque las obras no eran legales. "No sabemos si se podrán legalizar. Clikalia se desentiende del tema y nunca más han contestado", dice Tomàs, quien lamenta que el consistorio vaya detrás cuando hay un registro que acredita que la inspección se lleva a cabo antes de la firma de las arras. "Es indignante que el Ayuntamiento actúe contra la parte más débil", añade.

Un caso similar lo vivió Berta, administradora de una finca de Getafe, donde Clikalia compró un piso e inició una obra sin comunicarlo lo a la comunidad, algo que va contra la ley. "Hasta que no amenacé con denunciar, no me hicieron caso. No tenían la licencia de obra", explica al ARA. Los principales afectados fueron los padres de Ana, vecinos del piso de abajo, que sufrieron humedades e inundaciones.

"Cuando se lo comunicamos, arreglaron las tuberías, pero tenían que cubrir los daños que nos habían causado en nuestro piso y ya dejaron de contestar. Hablé con un perito y me dijo que lo arreglara con mi compañía aseguradora porque había visto casos similares que siempre terminan igual", añade. Asegura que, de un día para otro, Clikalia y los trabajadores de la empresa subcontratada para realizar la reforma desaparecieron: "Pregunté para quién trabajaban y se negaron a responderme. Nunca apareció nadie ".

No muy lejos, en Móstoles, Carlota compró un piso a un precio competitivo. El vendedor era Clikalia, y cuando entró en el piso, se halló una ventana rota. "Se lo comuniqué y enviaron un reparador que me puso una mesa, ¡una mesa!", explica al ARA. "Tampoco me dieron las llaves del garaje, ni el mando, ni las llaves de la urbanización", añade.

Fuera de la ley de vivienda

En plena negociación de la nueva ley de vivienda estatal, aprobada en junio del pasado año, Podemos propuso un nuevo impuesto para gravar las operaciones de venta de viviendas que tienen lugar en menos de dos años desde el momento de su compra. La iniciativa, que tenía por objetivo acabar con el house flipping, no prosperó.

La misma formación defendía que esta práctica sitúa la vivienda como un activo financiero más, y no como un bien de primera necesidad. La propuesta estaba en su programa marco de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y apostaba por cargar al vendedor un impuesto del 20% al precio de la venta, salvo que alegara motivos de fuerza mayor.