La Generalitat llevará el control de los alquileres a los tribunales si no incorpora el índice catalán

BarcelonaLa aplicación del índice de control al precio de los alquileres, en vigor desde hace escasos días, puede terminar en un litigio judicial entre la Generalitat y el gobierno español. "Si no rectifican, iremos a los tribunales", ha dicho la consellera de Territorio, Ester Capella, en declaraciones a los medios este miércoles.

Antes, sin embargo, el ejecutivo catalán presentará un requerimiento al ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana para que el índice estatal de control al precio de los alquileres incorpore el índice catalán. Si en el plazo de un mes el gobierno español no rectifica, la Generalitat interpondrá un recurso contencioso administrativo que deberá resolver la Audiencia Nacional. Fuentes del departamento de Territori han explicado que no pedirán medidas cautelares, por lo que el índice estatal no dejará de aplicarse en ningún momento.

La Generalitat endurece así la ofensiva tras presentar este mismo miércoles un informe que concluye que el índice de referencia catalán es menor que el estatal en el 79% de la muestra analizada. Según el estudio, el índice medio estatal se sitúa en 745 euros, mientras que el catalán se queda en 683 euros y la combinación de ambos en 677 euros. También expone que, con la aplicación conjunta de ambos, se reduciría el precio del 57% de las viviendas, frente al 36% en caso de aplicarse sólo la estatal.

Estas diferencias se explican porque, a pesar de tener un valor medio muy similar, en el caso del estatal el precio crece muy rápido cuando la vivienda tiene características especiales, mientras que el catalán sólo se sitúa por encima en los pisos que son bajos con patio o áticos.

“La propuesta de combinación no es un capricho. El estudio demuestra sobre una realidad que el índice catalán sería más beneficioso. La combinatoria de ambos responde a la ley de vivienda ya un acuerdo político sobre la coexistencia de ambos índices, que el gobierno español ha incumplido”, defienden desde el departamento.

De hecho, el ejecutivo catalán se ampara en dos elementos: por un lado, argumenta que el acuerdo político alcanzado hace semanas con el ministerio ya preveía este escenario de coexistencia y, por otro, asegura que, de no hacerlo, el gobierno español incumple la disposición adicional primera de la ley de vivienda porque este apartado recoge que "se promoverán los mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas", así como que se asegurará "la co ción entre sistemas”.

El informe incluye 17.000 alquileres a los cálculos, para los que se han aplicado simulaciones de cuál sería el efecto si se aplicaran los tres índices –estatal, catalán o ambos– y se ha comparado el impacto.