BarcelonaLa Generalitat ha acordado la compra de 1.064 pisos en Inmocaixa, filial inmobiliaria de CriteriaCaixa (el holding inversor de La Caixa), por 87,2 millones de euros. Estas viviendas serán a partir de ahora públicas y de alquiler asequible, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una conferencia en Fira Sabadell. Esto significa que el Govern pagará, de media, unos 82.900 euros por cada vivienda.
El millar de pisos que la Generalitat ha sumado ahora a su parque público se encuentran en Barcelona, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornés del Vallés, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Olot, Lleida, Tarragona y Sabadell. La operación se llevará a cabo a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).
Esta nueva adquisición de pisos, la mayor jamás realizada por el ejecutivo catalán, se añade a otras tres operaciones que el ejecutivo ya había cerrado con esta entidad en los últimos años. La primera, de 450 viviendas –y que avanzó el ARA–, la inició el anterior gobierno liderado por Pere Aragonès, mientras que las otras dos, de 214 y 179 viviendas, se han cerrado últimamente. En total, la asociación entre la administración catalana e Inmocaixa ha derivado en casi 2.000 viviendas más para el parque público.
La operación de 179 viviendas, materializada este pasado mes de noviembre, incluía promociones ubicadas en Lleida y Mollet del Vallès, y también en Banyoles,donde viven varios inquilinos en huelga de alquileres, una acción iniciada hace siete meses por el Sindicato de Alquiladoras que hasta ahora reunía a un total de 68 familias de Banyoles, Sentmenat, Sitges y Palau-solità y Plegamans. Esta acción para denunciar cláusulas abusivas, a la que estaba previsto que se sumaran próximamente las inquilinas de los bloques que la Generalitat adquirirá en Lleida, llegó a mediados de octubre al Palacio de la Generalitat, donde una delegación del Sindicato de Alquiladoras, que contaba con delegados "de los huelguistas contra La Caixa", se reunió con Salvador Illa.
El Sindicato de Inquilinos canta "victoria"
Es por ello que hoy, el Sindicato de Alquiladoras considera esta operación una "victoria rotunda" de la huelga de alquileres contra La Caixa. "La huelga de alquileres ha sido sostenida por 71 familias de las promociones de Sentmenat, Sitges, Banyoles y Palau Solità y Plegamans, que desde el 1 de abril están en huelga y han retenido 257.631,73 euros en rentas de alquiler", ha explicado el sindicato.
En su día, sobre las acciones de las inquilinos, fuentes de InmoCaixa explicaron que siempre buscan "un equilibrio entre la defensa de su cartera y la sensibilidad en los casos de vulnerabilidad económico-social acreditada por los inquilinos". Según explica la Generalitat, InmoCaixa está llevando a cabo desde 2021 un proceso responsable y paulatino de desinversión de la vivienda residencial, y prioriza la venta a los mismos inquilinos que los han querido adquirir así como a las administraciones locales y autonómicas.
Cambios en la gestión inmobiliaria de CriteriaCaixa
En junio de 2024 CriteriaCaixa anunció un plan estratégico con el quepretendía pasar de gestionar 27.000 millones de euros de activos a tener 40.000 en 2030, el cual preveía también una amplia reestructuración del negocio inmobiliario "con la desinversión de una parte de la cartera de gestión directa y la reinversión en activos de gestión indirecta con ingresos recurrentes y mayor potencial de revalorización". Muchas de las promociones que ahora han ido pasando a manos públicas se construyeron entre 2002 y 2012 a través de la Obra Social de La Caixa en un régimen de protección oficial de dos fases: una primera de diez años, en la que era obligatorio un precio protegido, y una segunda fase, en la que la propiedad puede vender o alquilar las viviendas a un precio estipulado. El cumplimiento de esta segunda fase es lo que encontró oposición: hace un año cientos de inquilinos de catorce edificios de protección oficial construidos por la Obra Social alertaron de que la entidad quería echarlos de casa o subirles el alquiler.
El Gobierno constituye la comisión sobre compra especulativa de vivienda
El Govern y los comunes ha constituido este miércoles la comisión de estudio de la compra especulativa de vivienda con el objetivo de tener un informe jurídico este año, que fijará "qué aplicación puede tener o no, qué recorrido normativo requeriría, qué calendarios y qué efectos puede tener sobre el mercado de alquiler", según ha informado este mismo miércoles la consellera de Territorio, Vivienda.
El grupo de trabajo analizará el informe encargado al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y que lo integran el director del Área de Vivienda y Ciudad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, y los juristas Fuensanta Alcalá, Rosa Fornas y Pablo Feu, entre otros.
