El Gobierno negocia la compra de 500 viviendas de La Caixa para alquiler social
La operación rozaría los 30 millones de euros y sería la mayor del programa de adquisición de pisos de grandes tenedores
BarcelonaLa Generalitat mantiene hace semanas conversaciones con La Caixa para comprar cerca de 500 viviendas construidas por la Obra Social y que ahora pertenecen a empresas como InmoCaixa, propiedad al 100% de Criteria, el holding inversor de la Fundación Bancaria La Caixa, según ha podido saber el AHORA.
La negociación, que todavía está en una fase no conclusiva, podría rozar los 30 millones de euros y sería la mayor del programa de adquisición de pisos de grandes tenedores, a través del cual el Institut Català del Sòl ( Incasuelo) compra viviendas ya construidas o en construcción para destinarlas a familias con necesidades de vivienda. Esta iniciativa es una de las líneas de actuación del plan impulso de 10.000 viviendas que el ejecutivo catalán activó en marzo del 2023, con el que pretende incorporar esta cifra de viviendas en el parque de alquiler social de Catalunya hasta el 2026 para hacer frente a la dificultad de acceso a una vivienda. Actualmente, este parque cuenta con 55.000 viviendas.
Hasta ahora, el departamento de Territorio, a través del Incasol, ha adquirido un total de 461 viviendas de grandes tenedores a través de una inversión total de 59,2 millones de euros. Añadiendo los 10,3 millones de euros que ha destinado la administración catalana a rehabilitarlos, la cuantía total de la inversión se eleva hasta los 69,5 millones, según datos del Incasòl consultados por este diario. Fuentes de Territori y de InmoCaixa han declinado hacer comentarios sobre esta operación en curso.
Una de las compras más recientes de la Generalitat ha sido la adquisición de 32 viviendas de La Caixa en Reus, en una promoción de 90 pisos construida en 2011, por un total de 3,2 millones de euros. Ésta es la única que ha hecho hasta ahora el Incasol con La Caixa en el marco del programa de adquisición de pisos de grandes tenedores, que en conjunto suma las 461 viviendas mencionadas. La mayoría las ha hecho con Sareb, a quien la Generalitat ha comprado 195 unidades a través de seis operaciones en municipios como Constantí, Valls, Vilanova y la Geltrú, Camprodon y La Pobla de Segur.
Conflictos con los inquilinos
A finales de mayo, el Sindicato de Alquiladoras y el bufete de abogados Col·lectiu Ronda interpusieron una demanda colectiva de cese para conseguir la nulidad de 16 cláusulas que consideran abusivas en contratos de alquiler de la promotora inmobiliaria InmoCaixa. Según los demandantes, estas cláusulas afectan a hasta 2.000 viviendas de 37 promociones en 23 municipios de Catalunya, como Vic, Reus, Salou, Vila-seca, Terrassa, Sabadell, Girona y Tarragona, entre otros. Todas se realizaron en régimen de alquiler protegido, con una fecha límite para su descalificación. Fuentes de InmoCaixa explicaban entonces que siempre buscan "un equilibrio entre la defensa de su cartera y la sensibilidad en los casos de vulnerabilidad económico-social acreditada por los inquilinos".
Estas promociones se construyeron entre 2002 y 2012 a través de la Obra Social en un régimen de protección oficial de dos fases: una primera de diez años, en la que era obligatorio un precio protegido, y una segunda fase, en la que la propiedad puede vender o alquilar las viviendas a un precio estipulado. El cumplimiento de esta segunda fase es lo que encontró oposición: hace un año, cientos de inquilinos de 14 edificios de protección oficial construidos por la Obra Social alertaron de que la entidad quería echarlos de casa o subirlos el alquiler.
A mediados de junio, CriteriaCaixa anunció un plan estratégico con el que pretende pasar de gestionar 27.000 millones de euros de activos a tener 40.000 en 2030, lo que prevé también una amplia reestructuración del negocio inmobiliario "con la desinversión de una parte de la cartera de gestión directa y la reinversión en activos de gestión indirecta con ingresos recurrentes y mayor potencial de revalorización".
Ante esta situación, la operación de los 500 pisos busca dar una salida social a unas viviendas que, si no se venden a los mismos inquilinos oa la administración, podrían acabar vendiéndose a precios de mercado y acabar privatizando- se del todo. "Es una forma de dar salida a un stock de pisos con un perfil social, y no venderlo a un fondo buitre", explica al ARA una fuente conocedora de la operación.
El Sindicato de Alquiladoras pide compromisos
"La mayoría de las promociones están en fase concertada, es decir, que pueden venderse, pero a un precio protegido. El conflicto que tenemos es contra las expulsiones de inquilinos derivadas de la no renovación de contratos por la voluntad de venta", explica al ARA el miembro de la comisión de acción sindical del Sindicato de Inquilinos Aldo Reverte.
La sección sindical que representa a los afectados vería con buenos ojos esta operación de compra de cerca de 500 viviendas si antes se llega a un pacto que implique detener todos los desahucios en cualquiera de las 2.000 viviendas de las 37 promociones, se consigue una prórroga extraordinaria de tres años para dar tranquilidad a todos los inquilinos y se acuerda que la compra sea un primer paso para evitar la privatización de las promociones.
Una de las promociones donde este conflicto ha trascendido es la de Salou, donde la mitad de los pisos ya están vacíos porque se han ido terminando los contratos, y que presenta signos de falta de mantenimiento, según alertan desde hace muchos meses sus vecinas.