Presentan una demanda colectiva por cláusulas "abusivas" en alquileres de InmoCaixa

BarcelonaEl Sindicato de Alquiladoras y el bufete de abogados Colectivo Ronda han interpuesto una demanda colectiva de cese para conseguir la nulidad de 16 cláusulas que consideran abusivas en contratos de alquiler de la promotora inmobiliaria InmoCaixa, propiedad al 100% de Criteria, el holding inversor de la Fundación Bancaria La Caixa. Según los demandantes, estas cláusulas afectarían hasta 2.000 viviendas de 37 promociones en toda Cataluña y provocan que los vecinos afectados acaben pagando más dinero por su alquiler.

En una rueda de prensa este miércoles, la abogada Montse Serrano, del bufete demandante, y la portavoz del sindicato, Carme Arcarazo, han explicado que estas cláusulas que quieren declararse nulas contravienen hasta cinco leyes relacionadas con el vivienda. El objetivo es que la demanda surta efectos también en futuros contratos con la inmobiliaria.

Entre estas cláusulas se encuentra la obligación de pagar toda la anualidad de la renta si no se cumple con el preaviso de no renovación, la exclusión de la prórroga voluntaria, la penalización por retraso en el desalojo, la exclusión de la tácita reconducción –un mecanismo que establece el Código Civil español y que tiene la finalidad de atribuir un plazo de duración a los contratos de arrendamiento una vez concluidos–, la repercusión de gastos generales y del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI ) al inquilino, el pago de los derechos de conexión a servicios y suministros y también el retorno y requisición de la fianza.

Promociones de protección oficial

Las 37 promociones se construyeron entre 2002 y 2012 a través de Obra Social La Caixa en un régimen de protección oficial de dos fases: una primera de diez años en la que era obligatorio un precio protegido y una segunda fase en la que la propiedad puede vender o alquilar las viviendas a un precio estipulado. En marzo del año pasado un centenar de inquilinos de 14 edificios de protección oficial construidos por Obra Social ya alertaron de que la entidad quería echarles de casa o subirles "abusivamente" el alquiler aprovechando que caducaba la condición de protección oficial.

Fuentes de la parte demandada consultadas por este diario han explicado que su actuación se basa en un estricto cumplimiento de la legalidad. "La compañía busca siempre un equilibrio entre la defensa de su cartera y la sensibilidad en los casos de vulnerabilidad económico-social acreditada por parte de los inquilinos. En caso de desacuerdos puntuales con sus inquilinos, InmoCaixa lo gestiona caso a caso y con flexibilidad para encontrar la mejor solución", añaden estas fuentes.