Así pretende construir Salvador Illa los 50.000 pisos de alquiler público

BarcelonaLa promesa es clara: en su primer debate de política general, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció la construcción de 50.000 pisos nuevos hasta el 2030, que se destinarán íntegramente a alquiler social permanente (es decir, que no caducarán, como ocurre con los actuales). La cifra pretende doblar el escaso parque público que existe actualmente –sólo el 2% de las viviendas son públicas– y llegar hasta situar la cifra en torno al 5% (la media europea se mantiene por encima, en el 9,3%). El Govern ha salido adelante hoy el acuerdo para cumplir esta promesa, que forma parte de los pactos con ERC y los comunes a cambio de la investidura. ¿Pero cómo se harán todos estos pisos? ¿Con qué dinero, en qué suelo y con qué plazos? Esto es todo lo que han detallado hasta ahora.

El departamento de Territori ha explicado que una de las primeras medidas será encontrar todo el suelo disponible en el que se puede construir y movilizarlo, es decir, transformarlo en solares edificables. La consejera Sílvia Paneque ha explicado que los delegados del Govern de las diferentes demarcaciones ya han enviado cartas a los ayuntamientos para ver qué suelo y solares disponibles tienen, tanto públicos como privados. El objetivo es hacer una reserva pública de suelo, y para ello se harán convocatorias públicas (la primera se hará en febrero del próximo año) para que los propietarios se vayan uniendo.

El Govern se plantea todas las posibilidades, es decir, terrenos que ahora están en manos de la Sareb, de los ayuntamientos y también del Incasòl, aparte de los privados. "Tenemos estudiado que si conseguimos movilizar todo el suelo, tendremos sitio para construir estos 50.000 pisos", apuntan desde la conselleria.

El Govern instará al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a dotarse de los medios para facilitar esta movilización de tierras, con un total de 500 millones de euros anuales, y también impulsará las modificaciones normativas necesarias. En este estadio, la Generalitat ayudará a encontrar constructor, facilitará créditos del ICF para el 100% de la promoción y ayudará también en toda la logística necesaria para explotar estos alquileres. "Queremos eliminar cualquier miedo a llevar adelante estas operaciones", apuntan fuentes del departamento. Así, los propietarios que se inscriban en la reserva pública de suelo podrán solicitar cuantas ayudas necesiten para su construcción. Además, los tipos de interés estarán bonificados.

Actualmente, desde que se encuentra un suelo disponible hasta que se hace la entrega de las llaves, pasan 100 meses (60 meses si el solar ya está preparado y con los permisos para construir). "Estos tiempos no son compatibles con los plazos que nos hemos marcado: es necesario rebajarlos a la mitad", indican desde Territori. Para agilizar los trámites de construcción, el Gobierno propone realizar una "licencia básica", en la que ya están trabajando, que se obtendrá en el plazo de un mes y permitirá empezar a construir aunque no estén hechos ni el proyecto ejecutivo ni , por tanto, la licencia urbanística definitiva.

Esta licencia básica tendrá en cuenta sólo aspectos generales de las obras, como la distancia con las parcelas vecinas y la volumetría de los edificios. Con esto la construcción se aceleraría unos 10 o 12 meses. También desean acortar los trámites de otras normas y crear una nueva oficina para centralizar todos los informes.

La consejera Paneque también ha destacado la fuerte bajada de la oferta de alquileres habida en los últimos trimestres a consecuencia de la nueva ley estatal de vivienda, y por eso también apuestan por sacar adelante pronto un régimen sancionador para los propietarios que "se saltan la ley". "Interpretamos que hay una parte de estos pisos de alquiler del mercado libre que se ha ido hacia el alquiler de habitaciones y el alquiler de temporada, pero también hay otra desviación: la de los que se saltan la ley", ha dicho . En este sentido, el departamento quiere sacar adelante un cuerpo de inspección que se encargue de controlar y aplicar sanciones. Sin embargo, para conseguir este punto todavía hay que sacar adelante el reglamento que lo regule.

Aparte de los 50.000 pisos de alquiler público, el Govern también ha previsto una ayuda para quienes quieran comprar un piso de protección oficial y que podrían hacer frente a la cuota pero no tienen suficientes ahorros para la entrada. Se trata de una ayuda para más jóvenes de 35 años, dotada de 100 millones de euros anuales, que también se vehicularán a través del ICF, para ayudar a pagar la entrada del piso (con un máximo del 20% valor). Sólo podrá obtenerse si se cumplen ciertas condiciones, como que el piso sea de segunda mano y no supere los 90 metros cuadrados. A cambio, los compradores sólo tendrán que pagar los intereses del préstamo, que además estarán bonificados, y el capital total sólo tendrá que devolverse al final de la hipoteca (30 años). Si el propietario decide vender el piso antes de que finalice este plazo sí que deberá devolver el dinero del préstamo en ese momento.

Una de las condiciones más innovadoras en esta modalidad de ayuda es que el piso en cuestión tendría una nueva calificación: vivienda libre "de precio limitado", y sólo se podría vender por el precio fijado más el IPC. "Si no lo hacemos así podríamos estar alimentando una especulación futura con dinero público", ha explicado Paneque. La consellera ha apuntado que se podrían adherir a estas ayudas hasta otras 12.000 familias en toda Catalunya.

Para llevar adelante esta iniciativa de gran calado el Gobierno tiene previsto destinar 500 millones de euros anuales para la construcción de los 50.000 pisos nuevos, a través del ICF; 100 millones para las ayudas para la compra de pisos de precio limitado; y 500 millones a las ayudas ya existentes para el alquiler y para familias vulnerables. Son, en total, los 1.100 millones de euros anuales (4.400 millones en cuatro años) de los que ya habló Illa durante el debate de política general.

El Govern todavía no ha querido detallar cómo será el reparto de estas nuevas promociones y lo justifican diciendo que apenas están empezando a recabar toda la información relativa a los solares disponibles. Paneque sí ha matizado, en cambio, que la zona de Barcelona y su área metropolitana ya está bastante definida, porque es donde hay mayor demanda, pero que las promociones se extenderán por todo el territorio de la forma más equilibrada posible en función de la demanda.