Este martes el Govern ha anunciado la puesta en marcha de un plan territorial para aumentar el alquiler asequible. El objetivo es que dentro de veinte años los municipios de zonas con demanda residencial fuerte y acreditada dispongan de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 15%, según ha explicado la portavoz del Govern, Silvia Paneque, en rueda de prensa. El plan también fija la reserva de suelo para protección pública, tal y como se prevé en la ley de vivienda del año 2007.
Juntos permitirá ahora debatir una propuesta de ERC para regular los alquileres de temporada
El partido de Carles Puigdemont avisa de que condiciona el apoyo final al texto a "cambios durante su tramitación"
MadridEste martes por la mañana, mientras en el Palacio de la Moncloa el gobierno español se reunía con distintas organizaciones para abordar la crisis de la vivienda que vive España, ERC ha anunciado el registro de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para regular los alquileres de temporada. Según ha explicado el partido, ya falta de conocer la letra pequeña del texto, se trata de una proposición pactada con EH Bildu, Sumar, BNG y Podemos similar a la que impulsaron los movimientos sociales en junio y que acabó decayendo después de que Juntos, PP y Vox votaran en contra de su toma en consideración y, por tanto, de iniciar el debate del texto en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el documento de ERC incorpora algunos cambios respecto a aquella proposición, que son los que han permitido que el partido de Carles Puigdemont vote ahora a favor de la toma en consideración y permita el debate, tal y como ha anunciado la diputada de Junts en el Congreso, Marta Madrenas, en una atención a los medios de comunicación este martes por la tarde.
"[El texto] incorpora modificaciones para que no vuelva a fracasar y partidos como Junts puedan firmarlo", ha explicado este martes por la mañana la diputada de ERC en el Congreso, Pilar Vallugera. La diputada republicana ha detallado que se han añadido "pequeñas modificaciones técnicas", pero también cambios más importantes como la ampliación en cuanto al período de tiempo en el que se podría firmar un contrato de alquiler de temporada (hasta nueve meses) , así como la eliminación de la capacidad de los arrendatarios que tienen un contrato de temporada de subarrendar y ceder la vivienda a terceros sin la autorización del propietario. Por su parte, Junts añade que el texto refuerza "el blindaje" de las competencias de la Generalitat. Sin embargo, la formación de Carles Puigdemont no garantiza su apoyo final y anticipa que quiere introducir más cambios durante la tramitación. "La propuesta sigue manteniendo aspectos que no pueden tener nuestro apoyo", afirman fuentes del partido.
Con todo, hay que tener en cuenta que se desconoce el calendario de la tramitación y, por tanto, el momento en que el texto pueda ir al Pleno para que se vote su toma en consideración. En las últimas semanas, ERC y Junts han mantenido contactos informales para que esta proposición se pueda al menos debatir. También ha habido contactos con el Sindicato de Alquiladoras. En su momento, el no de Juntos en la proposición generó una ola de indignación de los movimientos sociales que incluso se manifestaron ante la sede del partido independentista. El propio Puigdemont, de hecho, hizo declaraciones en las que justificaba el sentido de voto a raíz de las críticas y asegurando que el gobierno español "no podía dar por supuesto sus votos".
Ahora, sin embargo, habrá que ver qué hacen el resto de partidos. El PNV, por ejemplo, votó favorablemente a la toma en consideración de la proposición presentada en junio, pero ya advirtió de que presentaría enmiendas. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, apuntó que estudiarán con "detenimiento" la propuesta, pero recordó que el gobierno español acaba de impulsar un reglamento para regular los alquileres de temporada y turísticos.
ERC también presentará una moción en el Parlament en la que pedirá que el Govern recupere, "antes de acabar el año", la ley catalana de regulación del alquiler de habitaciones y alquiler de temporada, además de los artículos que el Tribunal Constitucional (TC) tumbó y pedirá crear un pacto nacional por el derecho a la vivienda, entre otros,informa Mireia Esteve.
Reunión en la Moncloa
El gobierno español aspira a alinear movimientos sociales y patronales para hacer frente a la crisis de la vivienda. Sin embargo, el objetivo no arranca con buen pie si se tiene en cuenta que en el encuentro de este martes por la mañana con hasta veintisiete entidades vinculadas a la vivienda, los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona han decidido no asistir y plantar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, viendo que también estaba convocada la patronal de las inmobiliarias. "No nos haremos una foto con la patronal inmobiliaria porque no podemos esperar solución alguna de los culpables del problema", han denunciado los sindicatos en un comunicado.
Entre los asistentes a la reunión ha habido representantes de las promotoras, las grandes constructoras o la banca. A diferencia de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, estos tres actores ponen el foco en la oferta y hace tiempo que exigen desbloquear la ley del suelo que el gobierno español retiró por falta de apoyos. "El gobierno ha cumplido, ahora falta que cumpla el Congreso de los Diputados", ha apuntado la ministra Isabel Rodríguez, quien ha exigido a los partidos políticos que reactiven la tramitación.
Por el contrario, otras organizaciones ponen el foco en la regulación, sobre todo de los precios de los alquileres. En este sentido, el último paso adelante del gobierno español ha sido el de aprobar el reglamento para poner freno a alquileres de temporada o turísticos y que ahora está en audiencia pública.
Comparecencia en el Congreso
Rodríguez deberá rendir cuentas de todo ello al Congreso de los Diputados. La ministra de Vivienda comparece mañana miércoles a petición de ERC, Bildu y BNG, socios habituales del gobierno español. Para todos ellos, la política de vivienda del gobierno español se está quedando a medio camino. Sin embargo, las discrepancias también están con Sumar, el socio minoritario dentro del ejecutivo. De hecho, la ministra de Trabajo y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, ha lamentado que el ejecutivo "no" está haciendo todo lo posible. La vivienda es una de las materias que marca la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2025 entre los dos miembros del gobierno español, PSOE y Sumar, pero también la negociación con los socios de investidura.