La vivienda, el nuevo filón de los detectives: "Si antes hacíamos dos o tres servicios al año, ahora hacemos quince"

Barcelona"Nos encontramos con bastantes Airbnb falsos, están muy organizados", explica un detective privado en el ARA, que pide que no se revele el nombre de su agencia: "No quiero que se puedan asociar casos concretos". También ha notado otro aumento: el de encargos para demostrar que el inquilino no es vulnerable. Son dos ejemplos del enésimo síntoma de la crisis de la vivienda, que ha aterrizado con fuerza en las agencias de detectives a través de los arrendadores, desde pequeños tenedores hasta grandes fondos de inversión, que buscan acreditar las irregularidades que sospechan de sus inquilinos. Y muchos terminan en los tribunales.

"Los propietarios que nos contratan lo tienen bastante claro porque nuestros precios no son precisamente baratos", explica al ARA Lluís Bernal, director de la agencia de servicios de investigación Kyu Detectius. "Fácilmente, un servicio te cuesta unos 2.000 euros", añade este detective. En su despacho también han notado un aumento de demandas relacionadas con la vivienda: "Nos llegan muchos casos; si antes hacíamos dos o cuatro servicios al año, ahora hacemos quince", dice Lluís, que ha realizado últimamente investigaciones de todo tipo relacionadas con la vivienda: subarrendamientos ilegales, casos de renta antigua fraudulentos.

Muchas de ellas son situaciones complejas que no cuestiona. "A veces también lo entiendo, la gente busca sobrevivir", dice. Pero también hay otros que no: "Hay gente que tiene la cara muy dura: trabajan en negro mientras reciben ayudas sociales. El padre y el hijo se llevan 3.000 euros cada uno y la mujer no trabaja". Lluís habla del caso concreto de unos inquilinos que vivían en el piso de una mujer de 86 años que necesitaba vendérselo para pagarse la residencia, pero no podía hacerlo porque sus inquilinos se habían declarado insolventes. "Hemos tenido que desmentir la vulnerabilidad. En ese caso no era verdad", dice el detective.

"Habría que ver si todo esto es un hecho o es la sospecha, con propietarios que busquen demostrar cualquier cosa para justificar una rescisión de contrato. Al final, nos encontramos en una batalla para aumentar las rentas de un bien escaso como la vivienda, que no es tan diferente a lo que pasó con la pandemia con las masías reventa", explica al ARA el investigador y director de Vivienda del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera.

Negocios para lucrarse

Pero estas prácticas no son las únicas. "Ahora hay personas que alquilan un piso grande de 120 m² o 140 m² y lo realquilan por habitaciones. Ellos pagan 1.200 euros y sacan un rendimiento elevado", explica al ARA el consejero delegado de Cosmopolitan. económicas, como estudios de grabaciones. Intentan sacar el máximo provecho", añade.

En este sentido, el director de RP Detectives Privats, Roger Ferrer, explica que se han encontrado casos con un prostíbulo o, incluso, con un negocio de máquinas de hacer chapas. inquiokupas y se aprovechan de la situación de vulnerabilidad", señala este detective.

Fondo de inversión

"Hace poco dormí en una vivienda que sobreexplotaban con alquileres turísticos ilegales. En los últimos diez años, se han multiplicado por cinco los usos turísticos ilegales", añade, y dice que también hay fondos extranjeros que los contratan para realizar análisis de fincas enteras una vez han efectuado la compra. "Después de presentar nuestras pruebas, generalmente existe una negociación o directamente se presentan las pruebas en un juicio", señala. Recientemente, el ARA recogía el caso de una pareja de jubilados que habían sido espiados durante meses por un detective contratado por el fondo que había adquirido la vivienda.

"Hay fondos inversores que compran pisos o casas en subastas públicas y después realizan una investigación para saber si está ocupado y si los inquilinos tienen menores de edad. Nos contratan y, después, negocian", explica Aarón, de Sala Miralles Abogados. Los servicios relacionados con la vivienda representan el 10% de su cartera y son de subarrendamientos y rentas antiguas.