Las 285 mayores empresas españolas pagaron un tipo del 7% por sus ganancias

MadridLas 285 empresas españolas que más facturaron en 2022 (sin distinción de grupos) pagaron por el impuesto de sociedades un tipo del 7% sobre sus beneficios. Se trata de grandes empresas con una cifra de negocio superior a los 1.000 millones y que juntas anotaron unos beneficios de 107.236 millones de euros, tal y como se desprende de la última estadística sobre el impuesto de sociedades que la Agencia Tributaria ha publicado esta semana. Si se observa el tipo impositivo en relación a la base imponible, en el caso de estas 285 empresas se dispara hasta el 20,1%. De esta forma se aproxima al tipo general del impuesto de sociedades en España (25%).

La base imponible es la cuantía sobre la que se calcula el importe a pagar por el impuesto de sociedades. Por tanto, da la imagen más fiel de lo que se paga. Sin embargo, esta base imponible sale de aplicar una serie de ajustes fiscales sobre el resultado contable (la diferencia entre los ingresos y los gastos). Por eso, si lo que queremos saber es lo que una empresa paga sobre lo que gana es necesario observar el tipo efectivo sobre el beneficio. Como se ha visto con anterioridad, esto da lugar a un tipo mucho más reducido.

De hecho, si se observa en detalle la información de estas 285 grandes empresas, de media registraron un beneficio de 107 millones de euros en 2022, según los datos de la Agencia Tributaria recogidos por el AHORA. El resultado contable, en cambio, cayó hasta 91 millones de euros, mientras que la base imponible se situó en 37 millones. Se habían aplicado diferentes ajustes, como las exenciones por los dividendos que recibe una empresa de sus filiales en el extranjero, o las deducciones por actividades vinculadas con la I+D+i. Desde hace tiempo, el debate entre los expertos en fiscalidad es si las empresas abusan de estas exenciones. La propia Airef ha planteado cambios en las deducciones para mejorar su transparencia.

A diferencia de lo que ocurre en estas grandes compañías, las empresas con una facturación mucho menor tributan por un tipo mucho mayor sobre la base imponible, pero también sobre los beneficios. Por ejemplo, según los datos de la Agencia Tributaria, 144.113 empresas con una cifra de negocio entre los 50.000 y los 100.000 euros pagaron por el impuesto de sociedades un tipo de un 11% sobre el beneficio, y de un 23 % sobre la base imponible. Lo mismo ocurre en aquellas empresas con una facturación menor a los 50 millones.

Energéticas y banca

En pleno debate sobre la posible permanencia de los impuestos en la banca y en las energéticas, el patrón de lo que ocurre en el conjunto de las grandes compañías se repite cuando se desglosa por actividades. En cuanto a los grandes bancos (se incluyen dentro de las actividades financieras y servicios a empresas, como puede ser la asesoría), las 68 empresas con mayor facturación vinculadas a esta rama pagaron un tipo de un 4,5% sobre beneficios (un 21,9% sobre la base imponible). Las energéticas con una facturación superior a los 1.000 millones (90 empresas) pagaron un tipo de un 6,8% sobre los beneficios, y un 18,3% sobre la base imponible.

Cuenta atrás por los impuestos

Precisamente, este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a defender sus impuestos extraordinarios sobre estos dos sectores. El gobierno español trabaja a contrarreloj para definir nuevos tributos (decaen el 31 de diciembre), pero necesitará los votos del Congreso de los Diputados, algo que no tiene garantizada por parte del PNV y Junts. "Nuestro objetivo es convencer a los partidos y tener la mayoría suficiente. Si el gobierno no cuenta con esa mayoría, no podrá cumplir con su vocación", ha asumido Montero. La sensación es que los dos gravámenes cuelgan de un hilo. "Deben ser impuestos concertados en las instituciones forales", volvió a exigir el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. Esta condición que ponen los nacionalistas vascos, y que ya acordaron con el PSOE en el 2023, ha empezado a levantar polvareda territorial. Aragón y Andalucía, comunidades gobernadas por el PP, no solo rechazan los tributos, sino que advirtieron de que abrirán una batalla judicial si se ceden las competencias al País Vasco.