Finanzas públicas

Alemania, atrapada en su dogma de la austeridad

El motor económico europeo aprueba recortes en su presupuesto después de un duro debate con la amenaza de entrar en recesión

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El canciller alemán Olaf Scholz (C), el ministro de Economía Robert Habeck (L) y el ministro de Finanzas Christian Lindner hablan en los medios para confirmar que el gobierno de coalición ha acordado una solución a la crisis presupuestaria federal el pasado 13 de diciembre.

BarcelonaLa austeridad presupuestaria, dogma intocable durante décadas entre la clase política alemana, es ahora fuente de problemas para el gobierno alemán. El ejecutivo del canciller Olaf Scholz, una coalición de tres partidos –el Socialdemócrata, el liberal FDP y los verdes– se ha visto obligado a aprobar recortes presupuestarios de cara al 2024 para cumplir el mandato constitucional que le obliga a contener la gasto público.

Durante la crisis, y por dar ejemplo a los países periféricos a los que acusaba de derrochadores, Alemania incorporó a su constitución un límite del déficit público (la diferencia entre gastos e ingresos del Estado). Aunque las normas europeas sitúan el déficit máximo permitido en los estados miembros al 3% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el tamaño de una economía) nacional, el Parlamento situó la barrera muy por debajo, en el 0 ,35%.

Este límite tiene excepciones para emergencias, como la pandemia, pero el mes pasado, el Tribunal Constitucional alemán prohibió al gobierno trasladar 60.000 millones de euros no utilizados de un fondo antipandemia hacia un fondo de transformación climática, en considerar que haría superar el déficit permitido constitucionalmente. "Fue el mayor error en política económica alemana en 20 o 30 años. Y ahora esa estupidez está en la Constitución y no podemos deshacerse de ella", declaró al Financial Times Jens Südekum, profesor de economía en la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, sobre el límite del 0,35%.

La decisión del Tribunal dejó sin margen de maniobra al ejecutivo de Scholz y la aprovechó el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, defensor de la ortodoxia presupuestaria: Lindner ha impuesto a socialdemócratas y verdes un recorte de gasto en el presupuesto de 17.000 millones de euros.

Así, el plan de modernización de la empresa pública de ferrocarriles se realizará a través de la venta de participaciones minoritarias del estado en empresas privadas. El gobierno también suspenderá los subsidios a la compra de coches eléctricos ya empresas de energía solar. A cambio, los liberales aceptan nuevos impuestos sobre el queroseno de los vuelos nacionales y sobre las emisiones fruto de combustibles fósiles.

Rozando la recesión

La decisión de recortar el presupuesto llega en un momento en el que Alemania ha pasado de ser la locomotora de la zona euro al enfermo del Viejo Continente. Desde el final de la pandemia, la economía germánica ha flirteado con la recesión, registrando decrecimientos en tres de los últimos siete trimestres en los que existen datos. Pero el freno fiscal aprobado ahora por el gobierno puede ser el impulso definitivo hacia la crisis: Commerzbank, el segundo banco del país, calcula que los recortes pueden reducir el crecimiento del PIB el próximo año en medio punto. Teniendo en cuenta que en noviembre la Comisión Europea pronosticó un crecimiento del 0,8% el próximo año, si se cumplieran ambas predicciones, Alemania cerraría el 2024 con un magro 0,3%, prácticamente el estancamiento económico.

Alemania tiene varios puntos flacos. El primero, la mala marcha de las exportaciones, primero afectadas por los problemas en las cadenas de suministro y los cuellos de botella al finalizar la pandemia, y ahora por el enfriamiento de la economía china. Por si fuera poco, la invasión rusa de Ucrania disparó los costes de materias primas y de la energía para la industria, lo que derivó en una fuerte inflación, superior a la media de la zona euro.- _BK_COD_

Revanchismo griego

El 4 de marzo de 2010, la portada del diario sensacionalista Bild –el más leído de Alemania– enviaba un mensaje al gobierno de Grecia: "¡Venos las islas, griegos en quiebra!". El titular se hacía eco de las peticiones de políticos y empresarios germánicos, que reclamaban al Estado griego que hiciera cajón de todas las formas posibles –también privatizando islas mediterráneas– para pagar la elevada deuda que había ido acumulando, primero por derroche y, ya con el estallido de la crisis financiera de 2008, por el rescate de la banca. Hace un mes, el mismo rotativo publicaba las declaraciones de Panagiotis Lafazanis, que en el 2015 fue ministro de Energía y Medio Ambiente de Grecia: el político griego invitaba a Berlín a "vender activos públicos, como islas, para recaudar rápidamente grandes sumas de dinero".

A raíz del crack financiero de 2008, las finanzas públicas griegas terminaron intervenidas por la Troika, el trío formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Los estados de la UE rescataron al gobierno griego (y el de otros estados periféricos, como España) y, Alemania, junto con los países del norte del continente, fue el estado que aportó más dinero.

La Troika y Berlín lograron imponer un relato basado en la incapacidad de los países mediterráneos de controlar el gasto y, a cambio de los rescates, exigieron la aplicación de duras medidas de austeridad, principalmente el recorte del gasto en servicios públicos esenciales, sobre todo sanidad, pensiones, subsidios por desempleo, transporte público y educación. Fueron los años de los recortes y del mantra que afirmaba haber vivido por encima de nuestras posibilidades, repetido por políticos de todos los colores. En el caso griego, añadieron la privatización de infraestructuras y, al igual que en España, se aplicó una política de devaluación interna: ganar competitividad, produciendo lo mismo con menos trabajadores y pagando menos. Los sueldos se desplomaron un 25% y el paro se disparó por encima del 20% durante casi siete años.

Fue en este contexto que políticos de dos partidos alemanes, la democristiana CDU (la formación de la entonces cancillera Angela Merkel) y el FPD, pidieron la venta de islas griegas. La cara visible de la austeridad y los recortes durante la crisis fue la de Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas del gobierno de Merkel. Schäuble mostró tanta rigidez negociando con los países endeudados que en Bruselas recibió el mote de "Dr. No". Merkel, a quien ahora parte de la opinión pública alemana culpa de fomentar una dependencia casi total del gas ruso y de las exportaciones a China, tuvo como socio principal a los socialdemócratas, con los que fomentó a escala europea un relato sobre las bondades de la austeridad.

La excancillera alemana Angela Merkel junto al exministro de Finanzas Wolfgang Schäuble.

Lafazanis –hoy líder de un partido de extrema izquierda y admirador del presidente ruso, Vladimir Putin– insistió en el Bild que ahora es Alemania quien amenaza con abocar al resto de Europa a "una crisis duradera", lo que, a su juicio, se puede solucionar: "Si los alemanes no pueden controlarlo solos, deberán ponerse bajo supervisión de la Troika". La realidad, sin embargo, es que ningún ministro de Economía europeo se plantea intervenir financieramente al Estado alemán –su deuda pública no es especialmente elevada– y mucho menos mientras no existe acuerdo en la UE sobre las nuevas normas presupuestarias, que el ejecutivo germánico quiere volver a endurecer.

Esto no impidió, sin embargo, que con su populismo habitual el Bild se preguntara si una de las posibles islas alemanas en venta debía ser la de Sylt, en el mar del Norte, conocida por las residencias de lujo y por ser el lugar donde el año pasado se casaron justamente el ministro Lindner, último defensor ahora de los recortes y el rigor presupuestario, y la conocida presentadora Franca Lehfeldt. Irónicamente, la celebración levantó críticas a los medios por su escasa austeridad: los novios no escatimaron nada en un momento en que el gobierno alemán reclamaba a los ciudadanos que ahorraran energía. El jefe de la oposición llegó en avión privado y el tesoro público financió un amplio despliegue policial para garantizar la seguridad de los cientos de invitados, muchos de ellos políticos, famosos y empresarios.

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