De Celsa a Telefónica: la difícil 'españolidad' de las grandes empresas del Estado

MadridCorría el año 2014 y el entonces gobierno de Mariano Rajoy (PP) abría la puerta a la SEPI a entrar como accionista dentro del fabricante español de aceite de oliva Deoleo.el más importante del mundo y propietario de marcas como Carbonell—. El objetivo era mantener su "españolidad" en un momento en el que accionistas como Bankia y La Caixa estudiaban salir de ella. Ahora, ese movimiento que planteaba el ejecutivo de Rajoy y que no se acabó materializando ha vuelto a plantearse: "Esta marca [Deoleo] debe quedarse en España. Se pueden hacer cosas para que una empresa no se venda en un inversor extranjero. Se ha hecho con Telefónica", apuntaba Antonio Luque, presidente de la cooperativa de aceite Dcoop, cuando el gobierno de Pedro Sánchez anunciaba que "exploraba" la entrada en la teleco española. Las palabras de Luque deben enmarcarse en un momento en que el principal accionista de Deoleo, el fondo británico CVC (57% del capital), ha activado la maquinaria para desprenderse de su participación.

La alerta de Dcoop llega después que otras empresas, como Celsa y la propia Telefónica, hayan abierto y sufrido el debate sobre la difícil "españolidad" de las cotizadas radicadas en el Estado. La situación es especialmente acusada en las cotizadas que tienen un accionariado más fragmentado o un valor más bajo en bolsa, lo que suele atraer a "fondos especulativos u oportunistas" extranjeros, explica la presidenta del Grupo de Asesores en Inversiones Financieras del Colegio de Economistas de Cataluña, Begoña Castro. Cuando la llegada de inversiones extranjeras salpica a una empresa estratégica -transición energética, seguridad y defensa, tecnología o digitalización, entre otros campos-, las alarmas se disparan más, añade Castro.

Un 50% de las acciones españolas en manos internacionales

Lo cierto es que las grandes cotizadas españolas están cada vez más en el punto de mira del capital extranjero. Destacan los denominados inversores institucionales como las gestoras de fondos de inversión (BlackRock, por ejemplo, tiene presencia en 21 de las empresas que forman el Ibex 35). También los fondos de capital riesgo o los fondo soberanos, vinculados a un país. En 2022 cerró con un nuevo récord de capital de cotizadas españolas en manos de inversores internacionales: ya controlan el 50,3% de las acciones, según se desprende del último informe de inversores internacionales del centro de estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Mientras la presencia de estos inversores ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos treinta años, se mantuvo el peso de las empresas no financieras españolas en el accionariado de las cotizadas (21,3%). Por contra, ha caído el peso de los inversores individuales o las familias (16,2%), que principalmente recae en apellidos como Ortega, Entrecanales y Botín. También ha ido desapareciendo el papel de las administraciones públicas (de un 16,6% del capital de las cotizadas en 1992 a un 3,2% en 2022) y el de bancos y cajas (3,1%), como se puede ver en el gráfico adjunto.

La tendencia va en paralelo a la internacionalización de las compañías que cotizan en la bolsa y la consiguiente diversificación de inversores. La ola de privatizaciones de finales de los 90 empequeñeció la huella del Estado y favoreció la de las familias, pero sólo durante unos años. Con la crisis financiera de 2008 se tambaleó el rendimiento de la bolsa española, sobre todo en sectores como la banca, que concentraban muchas inversiones familiares.

La importancia del control

"¿Cuándo el gobierno habla de tener grandes fondos industriales españoles en las empresas estratégicas, a las que se refiere?", se pregunta una fuente financiera. "No hay en España", responde. "Tienes nombres como Florentino Pérez (ACS), Juan Roig (Mercadona) y Amancio Ortega (Inditex) que te invierten, pero a otro nivel", añade la misma fuente. "Las alternativas [en España] a los fondos de inversión extranjeros son limitadas", confirma el analista de XTB, Manuel Pinto, en una conversación con el ARA.

Un tema clave es "la estrategia" tras estos inversores internacionales , recuerda Castro. "Puedes vender acciones a un fondo extranjero, pero eso no quiere decir que tenga el poder sobre las decisiones que afectan a la compañía", añade el economista. Aquí son claves los miembros de los consejos de administración y los derechos de voto que puedan tener. "No es lo mismo ser un socio capitalista, que sólo busca el regreso, que pedir una silla [al consejo]", reflexiona.

Un ejemplo es Telefónica. Si finalmente la operadora saudí STC solicita adquirir hasta un 9,9%, pasaría a ser el segundo accionista mayoritario por detrás del Estado y, por tanto, el segundo accionista con más peso dentro del consejo (si pide estar). Ahora bien, el resto de accionistas con peso en el consejo decantarían la balanza hacia un núcleo duro radicado en el Estado: Criteria, CaixaBank y BBVA. Por eso, desde el entorno de la empresa se sostiene que, pese a la operación de STC, la españolidad de Telefónica "no se pierde".

Pinto también apunta a otro factor: "El miedo, sobre todo , es en los fondos que buscan potenciar rápidamente su inversión sin tener en consideración a los demás accionistas". ICEX Exportación e Inversiones, organismo que depende del ministerio de Economía y Comercio, explica al ARA que la mayoría de inversiones en cotizadas españolas no son directas (cuando el inversor logra una influencia significativa en la empresa), sino que "suelen estar enfocadas a obtener un rendimiento financiero y en principio no aspiran a participar en la gestión".

"Debemos asumir que crecerá la presencia de fondos extranjeros", añade Castro, quien recuerda que uno de los "alicientes" que tienen las cotizadas es captar nuevos inversores. En respuesta, añade, "los gobiernos están ahora mucho más comprometidos en invertir en sectores estratégicos, y no sólo en España, también en Alemania o Francia", afirma Pinto. Este compromiso, que reaviva con la pandemia y el estallido de la guerra en Ucrania, ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre globalización y refuerzo de la autonomía estratégica y se ha acabado de consolidar con casos como el de Celsa (que pasó de ser una empresa familiar catalana a ser propiedad de un conjunto de fondos internacionales) o la propia Telefónica.

El reto ahora es encajar los intereses de unos (rentabilidad) con la idea de los estados de rearmarse estratégicamente.