El Defensor del Pueblo pide que los hogares vulnerables no tengan que devolver ayudas sociales cobradas por error

MADRIDHaber cobrado el ingreso mínimo vital (IMV) y tiempo después recibir una carta de la Seguridad Social en la que se exige el retorno de una parte de la prestación cobrada ha sido un hecho que han vivido numerosas familias con un poder adquisitivo bajo y con riesgo de pobreza desde que se desplegó esta ayuda en el 2020, en plena pandemia de la Covid-19. Sin embargo, se trata de una situación que puede tener los días contados.

El Defensor del Pueblo acaba de iniciar una actuación de oficio en la que pide al gobierno español que acabe con el retorno del IMV que una familia vulnerable haya cobrado por error. En concreto, el organismo que preside Ángel Gabilondo propone limitar, a través de una modificación legal, la obligación de devolver esta prestación en caso de que el hogar afectado –es decir, los beneficiarios de la ayuda– “acrediten buena fe , o cuando el error sea atribuible a la administración". La modificación legal que propone el organismo también afectaría a otras prestaciones asistenciales, como las pensiones no contributivas de invalidez o jubilación, o los subsidios por desempleo de larga duración.

Tal y como ha informado este miércoles el ente, la propuesta ya ha sido trasladada al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que valore la modificación de la ley general de la Seguridad Social que obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en reclamar todas las deudas, en todos los casos. "A menudo, las entidades gestoras tardan meses, incluso años, en revisar la prestación [que se ha dado a un beneficiario] y cuando lo hacen reclaman la devolución de todo el período", ha denunciado el Defensor del Pueblo en un comunicado. Fruto de ello, el organismo que preside Gabilondo ha constatado que los beneficiarios del ingreso mínimo son contactados para devolver lo cobrado como perceptores de esta ayuda.

"Se trata de familias sin recursos y en situación, a veces, de extrema necesidad, que percibieron esta prestación social y que tienen dificultades para hacer frente a las cantidades que ahora se les reclaman", ha denunciado el ente, que pide que "se atienda la situación de emergencia económica en la que se encuentran muchas de estas familias, y que no se les exija la devolución de las cantidades que han recibido".

El Defensor del Pueblo también ha recordado que los recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo consideran que debe entenderse como "desproporcionado" reclamar la integridad de lo cobrado en concepto de prestaciones o ayudas asistenciales cuando se haya podido comprobar la buena fe de los beneficiarios o cuando el error haya sido cometido por la propia administración.

Reclamo del tercer sector

Para el tercer sector éste sería un avance importante. Múltiples entidades que trabajan con estas familias vulnerables reiteran que las personas a las que se les hace la reclamación, en el momento de la devolución "ya no tienen el dinero, porque se encuentran en situación de pobreza", comenta Teresa Crespo, presidenta de la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social. "Es imposible responder a esa reclamación", reitera.