¿Por qué lo que ha ocurrido con Celsa es una mala noticia para Catalunya?

BarcelonaLa primera empresa familiar catalana por facturación dejará de ser familiar y catalana. Es el caso de Celsa, un gigante siderúrgico –factura más de 6.000 millones de euros y tiene cerca de 12.000 trabajadores en todo el mundo– que pasará a manos de fondos extranjeros después de que ayer un juez decidiera transferirles la propiedad, hasta ahora de la familia Rubiralta, por la acumulación de una deuda superior al valor de la compañía.

La pelota es ahora sobre el tejado del gobierno español, que debe autorizar la operación, ya que está sometida al control de inversiones extranjeras del ministerio de Industria. Cuando se haga efectiva esta transmisión, que los futuros propietarios tendrán que solicitar, se tratará de un caso sin precedentes en Cataluña. ¿Pero qué supone realmente esta sentencia?

¿Qué ha pasado exactamente?

La resolución que publicó ayer el juzgado mercantil 2 de Barcelona era el punto y final de un conflicto entre la propiedad histórica de la compañía y los fondos extranjeros que desde hacía unos años se habían apropiado de su deuda a precios bajos –inicialmente en manos de la banca comercial–, y que se disparó fruto de un negocio muy intensivo en inversiones y compras. El magistrado aceptó el plan de homologación que presentaron estos fondos para apoderarse del control de la compañía.

Lo que debía determinar el juez era el valor de la compañía, motivo de defensa enconada durante el proceso judicial, en el que diferentes informes, tanto del experto independiente como de las partes, estimaban una cifra concreta: iba desde los 2.800 millones del experto independiente hasta los 6.000 de la compañía. El juez dijo ayer que las cifras de la segunda estimación estaban sobredimensionadas, y que, por tanto, Celsa, la cuarta empresa catalana en facturación en el 2021, valía menos que su deuda total, situada alrededor de 3.000 millones de euros.

¿Por qué puede suponer gran pérdida empresarial?

El tejido empresarial catalán está integrado en su práctica totalidad por pequeñas y medianas empresas. De cada 1.000 empresas con establecimientos en Cataluña, solo cuatro son consideradas grandes empresas, es decir, que cuentan con más de 250 trabajadores. En un país en el que no hay grandes gigantes empresariales, la pérdida de la propiedad catalana de uno de ellos es una mala noticia para la industria.

¿Qué harán ahora los nuevos propietarios?

Los acreedores pasarán a tener el 100% de la compañía, a través de la capitalización de 1.352 millones de euros de deuda convertible y parte de la deuda jumbo que acumulaban, lo que les permitirá hacer y deshacer e implementar un plan que, de momento, tiene previsto reducir los niveles de endeudamiento.

Una de las incógnitas es cuánto tiempo mantendrán la propiedad. El comportamiento habitual de muchos fondos extranjeros cuando entran en el accionariado de una compañía es estar unos 5-7 años y después vender su parte. Pero este caso es excepcional: los fondos no han entrado por una ampliación de capital o compra de activos, sino capitalizando una deuda preexistente.

¿Se pueden vender la empresa a trozos?

Esta compañía industrial catalana, con sede en Castellbisbal, es realmente un grupo empresarial que consta de seis empresas. Ahora una de las preguntas que aflora es qué van a hacer los fondos con cada una de las piezas del conglomerado. Una opción puede ser venderse algunas de las filiales para obtener capital de forma inmediata. Estas empresas tienen sus sedes en Reino Unido, Noruega, Francia y Polonia. Esto, lógicamente, haría de Celsa una empresa más pequeña.

¿Quién ocupará los puestos de decisión?

El plan de homologación incluye el nombramiento de un nuevo consejo de administración, que ahora está por ver si supondrá la entrada de perfiles internacionales y la pérdida completa de directivos catalanes. De ser así, Celsa se sumará a toda una serie de compañías que desde hace años han ido pasando a manos de fuera del país. Solo en 2018 lo hicieron Cirsa, Freixenet, Cellnex o Abertis.

Hasta ahora, este órgano estaba integrado por miembros de la familia Rubiralta, directivos de la empresa y también perfiles como el de Xavier Pujol, consejero delegado de Ficosa, compañía especializada en componentes del automóvil. Pujol, consejero independiente en Celsa, es una de las personas que compareció a la vista celebrada en julio.

¿Pueden los fondos llevarse la sede social fuera de Catalunya?

La sentencia publicada advierte que los fondos pueden implementar el plan propuesto con la obligación de no alterar a los centros estratégicos de decisión que "tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto". Horas más tarde, los propios acreedores aseguraban en un comunicado conjunto que "siguen comprometidos" con el mantenimiento de las operaciones de la empresa en España.

¿Qué les espera a los trabajadores?

El magistrado también recoge en el texto que dio a conocer ayer que los acreedores tendrán que implementar el plan de reestructuración "conservando los puestos de trabajo". Una demanda que este mismo martes ha hecho expresa la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha reclamado a los nuevos propietarios "garantizar la integridad del proyecto y los puestos de trabajo".

En sendos comunicados, el sindicato USO y el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca también han reclamado a los propietarios que no alteren la plantilla, en este último caso se referían a la planta de Castellbisbal. De los 800 trabajadores de las instalaciones, 200 son vecinos de ese municipio.

¿Deben preocuparse otras empresas endeudadas, como Grifols y el Barça?

Esta sentencia, que no tiene posibilidad de recurso, abre la puerta a que los acreedores propongan un plan de reestructuración del pasivo de compañías deudoras con situación de insolvencia actual o inminente, una situación que, por ahora, queda lejos de empresas como Grifols y el Barça, que están fuertemente endeudadas.

"Una reestructuración, como ha ocurrido en Celsa, puede acabar haciendo que los acreedores entren en la propiedad, total o parcialmente", explica al ARA la socia del departamento de reestructuraciones e insolvencias de Augusta Abogados, Alícia Herrador, que advierte, sin embargo, que es un precedente de primera instancia, de modo que otro magistrado puede tener criterios distintos.