La quimera del bono joven de alquiler: "En Barcelona no encontrarás un piso por 600 o 900 euros"

Clara Fernández paga 400 euros por su habitación, pero está realquilada sin contrato. Roger Santacreu comparte piso, pero el alquiler es de 1.200 euros. Javier de la Sotilla se ha mudado por trabajo a Barcelona, pero no está empadronado. A los tres les iría bien poder acogerse al bono joven, pero no pueden. Hace una semana el gobierno español aprobó esta ayuda de 250 euros mensuales durante dos años, destinada a las personas de entre 18 y 35 años que vivan de alquiler. El objetivo es paliar las dificultades que tienen los jóvenes para independizarse; en los países europeos la edad de emancipación se acerca a los 26 años, mientras que en España, de media, se tarda casi cuatro años más.

El gran handicap del bono joven es el umbral máximo del precio mensual del alquiler: no puede superar los 600 euros y, en determinados casos, es ampliable a 900 –Catalunya es una de las comunidades que ha solicitado el aumento–. Esta condición obvia la realidad de ciudades como Barcelona, donde la media del alquiler es de 932,32 euros, y según dice la portavoz del Sindicat de Llogaters, Carme Arcarazo, la medida tendrá un efecto limitado y puede hacer que los propietarios aprovechen la ayuda para subir los precios.

Pero los requisitos no se acaban aquí. Los jóvenes que tengan unos ingresos anuales de más de 24.319 euros, cantidad equivalente a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), quedan fuera de la ayuda. También hay que presentar tres nóminas de un contrato vigente de trabajo y estar empadronado en el municipio donde se reside. Como consecuencia, el gobierno español calcula que el bono joven tendrá 70.000 beneficiarios en todo el Estado, una cifra mínima sabiendo que solo en Barcelona hay 389.501 habitantes de entre 18 y 35 años. Quien cumpla todos estos requisitos podrá pedir el bono joven, que tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero, cuando dentro de unos meses el gobierno español firme los convenios con las autonomías. En el ARA hemos hablado con diferentes jóvenes barceloneses que tienen dificultades para pagar el alquiler pero se quedan fuera de la ayuda.

Roger Santacreu, 28 años, dependiente en una tienda de interiorismo: "Comparto piso porque con el sueldo no me llega"

Roger comparte piso en Barcelona con tres personas más, puesto que los 17.000 euros brutos que gana al año no le permiten vivir solo. O no al menos en un piso "grande y con condiciones" mejores que los diminutos estudios que se alquilan por 600 euros. Estudió la carrera de diseño y hace tres años que trabaja como dependiente en una tienda de interiorismo, donde lo han hecho indefinido. No puede solicitar el bono joven porque el alquiler del piso que comparte es de 1.200 euros, que repartido entre los cuatro sale a unos 300 cada uno sin contar las facturas. Tampoco cree que yendo a vivir a un piso de 40 metros cuadrados pagando 500 o 600 euros al mes y con la ayuda le saliera a cuenta: "Lo que se tiene que hacer es regular el precio del alquiler y ser realista con nuestra situación".

Clara Fernández, 25 años, consultora de comunicación: "No ha habido manera de que me hagan contrato"

Los alquileres de habitaciones también están incluidos en el bono joven y en este caso el umbral máximo se ha ampliado hasta los 450 euros de alquiler. El problema es que muchas de las personas que realquilan una habitación no acaban figurando en el contrato de arrendamiento y tampoco se les hace ningún contrato de habitación y, por lo tanto, quedan fuera de la ayuda. Es lo que le pasa a Clara Fernández. Tiene 25 años y es de Lleida, pero hace un mes y medio que consiguió trabajo como consultora en una agencia de comunicación en Barcelona y se ha tenido que buscar un lugar donde estar. "Pago 400 euros por la habitación y no me han hecho contrato", lamenta Clara. ¿El motivo? "Para hacer el cambio en el contrato de arrendamiento se tienen que pagar unos 100 euros y mis compañeras me dan largas", comenta, y explica que no tiene ni tiempo ni dinero para buscar otro piso.

Javier de la Sotilla, 24 años, periodista: "El requerimiento de estar empadronado no tiene en cuenta la temporalidad"

“El requerimiento de estar empadronado no tiene en cuenta nuestra realidad. Muchos venimos de fuera de Barcelona a trabajar durante un periodo de tiempo concreto y, dada la temporalidad de nuestros trabajos, es probable que nos veamos obligados a marcharnos de la ciudad en un futuro”. Javier es de Cambrils y está empadronado ahí, pero hace tres meses que ha encontrado un trabajo en Barcelona donde cobra 18.322 euros brutos al año y ha realquilado una habitación por la que paga 425 euros al mes. Tampoco aparece por escrito en el contrato del piso y no sabe si le sale a cuenta empadronarse por si tiene que volver a Cambrils.

De la Sotilla no ve el bono joven ni "realista" ni una solución factible: "Si se quiere incentivar la emancipación de los jóvenes, se tendría que ir a la raíz del problema: combatir la elevada tasa de paro y la precariedad laboral entre los menores de 35 años, o apostar por la regulación de los alquileres".

Laia Catalán, 25 años, coordinadora de ensayos clínicos en la Valle d'Hebron: "En Barcelona no encontrarás un piso por 600 o 900 euros"

Hasta hace poco Laia Catalán vivía con sus padres en el Poblenou. Ha alquilado un piso en Ciutat Vella por 1.100 euros con dos amigos suyos y lo han amueblado de cero. "No ha sido fácil porque me he dejado casi todos los ahorros para pagar la entrada", recalca Catalán. Hacía tiempo que ahorraba para poder dar el paso, pero no se decidió hasta que en diciembre la renovaron por seis meses más en la Valle d'Hebron, donde trabaja como coordinadora de ensayos clínicos. Ella tampoco podrá acceder a la ayuda, que cree que no es justa con la realidad de las grandes ciudades: "En Barcelona, que es donde están la mayoría de oportunidades laborales, no encontrarás un piso por 600 euros o 900 euros".

Andreu Punsola, 24 años, becario en una consultoría técnica de ingeniería: "Si los precios fueran razonables, no harían falta ayudas para llenar los bolsillos de los propietarios"

Tres nóminas de un contrato vigente y garantía de seguir cobrando los próximos seis meses. Este es un requisito difícil de cumplir para alguien como Andreu Punsola, que tiene la carrera de ingeniería, pero está con un contrato de prácticas mientras acaba de estudiar el máster. Desde septiembre de 2020, explica, lo están renovando como becario. No ha visto ni un solo contrato laboral que no sea de prácticas y todos han sido temporales. El 65,6% de los contratos que se firmaron el año pasado en Catalunya tenían una duración de menos de un año.

Con esta situación y un sueldo de 9.500 euros brutos al año por 30 horas semanales tiene que pagar un alquiler de 1.200 euros que comparte con tres personas más. Andreu sabe que no podrá recibir 250 euros del bono joven, aunque tampoco cree que tenga que existir. “Si los precios de las viviendas fueran razonables y tuvieran coherencia con lo que se cobra, no habría que dedicar fondos estatales para llenar los bolsillos de los propietarios de pisos, que ya cobran lo suficiente”.