Rechazo del Govern y del sector turístico a la sentencia que permite a Airbnb anunciar pisos sin licencia
El Tribunal Supremo consideró en enero que la plataforma de alquiler vacacional es un "intermediario neutral"
BarcelonaEl uso cada vez más habitual de plataformas digitales para contratar servicios y comprar productos hace tiempo que plantea un debate: ¿qué responsabilidad tienen estas empresas de internet sobre la veracidad de su oferta? En enero el Tribunal Supremo anuló la orden de la Generalitat del 2015 que obligaba a Airbnb a eliminar de su portal de alquileres turísticos más de 14.000 anuncios de pisos sin número de licencia inscrito en el registro catalán. La sala de lo contencioso administrativo consideró que el responsable de pasar este filtro es quien presta el alojamiento y no la empresa californiana, que tan solo lo anuncia. De hecho, pronunció la expresión preferida de las multinacionales tecnológicas norteamericanas: Airbnb es tan solo un "intermediario neutro" en este mercado. La Generalitat, sin embargo, todavía se opone a este planteamiento.
El Govern y el sector turístico, a través de entidades y patronales como Pimec y Foment, ha rechazado este lunes en un comunicado conjunto la sentencia del Supremo porque "afecta de forma muy negativa a las políticas que velan por garantizar una oferta de alquiler turístico legal". Así pues, consideran que eximir Airbnb de la responsabilidad de controlar la oferta provoca "una pérdida de control" por parte de las administraciones, un fraude para los turistas, un "perjuicio en la convivencia" entre visitantes y residentes y una competencia desleal respecto a los operadores que funcionan dentro de la legalidad. "Estas compañías de internet son la puerta de entrada de los alojamientos turísticos en los mercados y, si quieren, pueden evitar comercializar oferta ilegal y contribuir al control que realiza la administración", defiende este manifiesto conjunto.
9 millones de euros en multas a pisos turísticos irregulares
Tanto el ejecutivo catalán como las organizaciones empresariales del sector turístico consideran que obligar a mostrar el número de registro en los anuncios de Airbnb es una medida "adecuada" y está justificada por "razones imperiosas de interés general". Por otro lado, recuerdan que en el marco de las actuaciones de control sobre las plataformas del Govern ya se ha requerido a los operadores la retirada de decenas de miles de ofertas de alojamiento que no cumplían este requisito.
En este sentido, se han abierto 1.706 expedientes sancionadores a personas que alquilaban viviendas a turistas de manera irregular. De estos, 1.530 se han resuelto con multas de entre 3.001 y 30.000 euros, con una cantidad total que supera los 9,2 millones de euros.
