Más allá de la reducción de jornada: el cajón laboral que Yolanda Díaz quiere abrir después del verano

MadridAnte la falta de apoyos parlamentarios, el gobierno español decidió dejar para después del verano la negociación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Es una de las grandes promesas de la legislatura actual, sobre todo para quien ha hecho bandera desde el primer minuto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al tiempo que cara visible de Sumar, el socio minoritario del gobierno de coalición.

Ahora bien, no es la única carpeta en materia laboral que el gobierno, y en particular Díaz, debe sacar del cajón después de las vacaciones de verano. Tras llegar a un acuerdo con el PSOE por la aprobación de nuevos permisos remunerados por nacimiento y cuidado de los hijos, esta segunda mitad del año estará marcada por la mejora de los salarios y el endurecimiento de los despidos, entre otras políticas económicas.

Meses de atraso en la reducción de jornada

En junio, ante las enmiendas a la totalidad que planeaban sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y sin tocar el salario, el gobierno decidió dejar para septiembre su negociación y votación en el Congreso de los Diputados. Aunque se mostró optimista, Díaz no tiene los votos ligados de los socios de investidura para sacar adelante la medida. Esto complica la intención de que las empresas tengan que adaptar sus convenios colectivos a la medida antes del 31 de diciembre del 2025.

Quien más problemas ve es, principalmente, Junts. De hecho, una de las enmiendas a la totalidad es suya. En esta posición de Junts también ha tenido un papel clave el rechazo frontal de las patronales catalana y española a reducir la jornada.

La ministra debe conseguir que los de Carles Puigdemont retiren la enmienda para que al menos la norma se pueda tramitar. Esto abriría la puerta a poder introducir modificaciones y, por tanto, a encontrar un texto que convenza a Junts. "Estamos avanzando en el acompañamiento a las pymes [a la hora de reducir la jornada]", indicó Díaz a principios de agosto en una entrevista en RNE. La ministra de Trabajo ha planteado incorporar ayudas directas a estas empresas, así como a los autónomos, y excepcionalidades en cuanto al despliegue de la reducción de la jornada para convencer a Junts. Asimismo, desde Treball también se han mostrado abiertos a replantear las medidas contra el absentismo laboral, lo que gusta a la patronal, aunque esto ha generado "preocupación" entre algunos de los socios de izquierda, como Podemos.

De la mano con la reducción de jornada hay un refuerzo del derecho a la desconexión, así como el endurecimiento del registro horario. En este sentido, Díaz ha advertido de que podría aprobar este último elemento por separado, en consejo de ministros y sin necesitar del aval del Congreso de los Diputados.

Salario mínimo interprofesional

Díaz quiere convocar a los agentes sociales para negociar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2026. "A la vuelta del verano seguiremos subiendo el SMI", afirmó durante la entrevista en RNE. La subida de 50 euros de este 2025, que dejó al SMI en 1.184 euros mensuales brutos en 14 pagas, se acordó con CCOO y UGT, pero sin la patronal española CEOE.

En paralelo al diálogo social, Díaz convocará a la comisión de expertos del SMI para que recomiende qué porcentaje debe subir. La comisión de expertos se encarga de asesorar al gobierno español en cuanto al aumento del SMI. Forman parte miembros del ejecutivo, los agentes sociales y profesionales académicos. Se constituyó en 2021 para determinar cómo debía incrementarse el SMI para que se traduzca en un 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Más allá del diálogo social, Díaz tendrá que hablar con el ministerio de Economía, que siempre ha ido con pies de plomo a la hora de defender subidas importantes. Desde el año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, el SMI acumula un incremento de un 61%. La última subida benefició a unos 2,4 millones de trabajadores.

Más allá de una mejora del sueldo mínimo, sindicatos y patronales deben retomar este próximo otoño la negociación para un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), el marco estatal de referencia para empresas y trabajadores a la hora de revisar los convenios colectivos y, por tanto, futuros incrementos salariales. La actual AENC ocupa los años 2023, 2024 y 2025.

Modificaciones en el despido

Una carpeta que hace tiempo que los sindicatos reclaman abrir, pero que la patronal no quiere ni oír hablar de ello, es la de las indemnizaciones vinculadas al despido. CCOO y UGT incluso han llevado la batalla a Europa y el Comité Europeo de Derechos Sociales les ha dado la razón, y les ha dejado claro que las indemnizaciones que se pagan después de que un trabajador pierda el trabajo no son suficientes para compensar el daño sufrido ni para disuadir al empleador de echarlo. En el Estado, el Tribunal Supremo ya ha dejado claro que si quiere tocarse, debe ser por la vía legislativa, no por los tribunales.

Tras algunos intentos frustrados por modificarlas (se planteó durante la reforma laboral del 2021), Díaz quiere encauzar una reforma teniendo en cuenta la Carta Social Europea. De hecho, en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar se recoge el compromiso de establecer "garantías para las personas trabajadoras frente al despido, cumpliendo con la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en la extinción de la relación laboral". El ministerio de Trabajo estudia tener en cuenta las circunstancias personales y laborales del trabajador despedido.

Estatuto del becario

"Acabaremos con los falsos becarios", afirmó Díaz hace unos días. El Estatuto del Becario lleva más de dos años en un cajón. Tras un acuerdo con los sindicatos, el texto se sometió a consulta pública y en 2025 ha recibido el visto bueno de la secretaría de estado de Empleo. Llas fricciones con el PSOE en torno a esta materia han sido constantespero ahora se habrían resuelto y su aprobación definitiva en consejo de ministros también debería llegar esta segunda mitad del año. Después, dará el salto al Congreso de los Diputados, dejando en el aire su aprobación y entrada en vigor definitiva.

El Estatuto del Becario unifica criterios sobre las prácticas laborales no remuneradas. Además, incorpora un período de descanso mínimo semanal y anual, al igual que los trabajadores. Otra de las principales novedades es la cobertura por parte de la empresa de los gastos esenciales vinculados al trabajo, como pueden ser el transporte, las dietas o el alojamiento, siempre que el estudiante no se esté beneficiando de otras ayudas.