La segunda parte de la reforma de las pensiones se presenta convulsa

MADRIDEl ministro de Inclusión y la Seguridad Social, José Luis Escrivá, celebraba todavía no hace un año un acuerdo con los agentes sociales para la reforma del sistema de pensiones. El consenso, sin embargo, era sobre un primer bloque de medidas que, entre otras cosas, recuperaba la revalorización de las pensiones según el IPC y dejaba atrás el factor de sostenibilidad del PP aprobado en 2013. Escrivá dejó para la segunda mitad de este 2022 toda una segunda fase (y no poco polémica). Son los elementos más pesados, como por ejemplo los planes de pensiones públicos, que llegan precisamente este jueves al Congreso de los Diputados, y lo hacen en una votación muy ajustada. A esta norma, sin embargo, se suman otros que apenas se tienen que empezar a negociar y que tienen por objetivo "compensar" el gasto futuro. Eso sí, todas están comprometidas con Bruselas.

Mecanismo de equidad intergeneracional

Escrivá ya lo aprobó con los sindicatos

A finales del año pasado, gobierno español y sindicatos mayoritarios se anticiparon en el calendario y cerraron un acuerdo –sin la patronal– para el mecanismo de equidad intergeneracional, que ha de servir para llenar la hucha de las pensiones y cubrir el gasto una vez se jubile la generación del baby boom, la más numerosa y la que hace tensar la capacidad de financiación del sistema. La medida pasa por aumentar las cotizaciones 0,6 puntos durante diez años. Será un aumento "contingente y temporal" y se empezará a aplicar a partir del 2023 y hasta el 2032. Por un lado, la empresa asumirá un aumento de las cuotas de las cotizaciones de 0,5 puntos porcentuales, mientras que el trabajador asumirá 0,1, que se traducirían en una reducción del sueldo neto.

Planes de pensiones de empresa

La norma llega este jueves al Congreso en una votación ajustada

Escrivá quiere impulsar los planes de pensiones complementarios. Por eso, el gobierno español ha ideado una norma que regula unos fondos públicos para los planes de pensiones colectivos o de empresa. En concreto se crearán unos fondos de pensiones de promoción pública. Es decir, unos fondos donde los trabajadores puedan acumular sus ahorros, o una parte, para su jubilación a través de planes de pensiones de empresa. Se denominan fondo de pensiones de promoción pública porque será el Estado quien los controlará, a pesar de que la gestión será privada. A pesar de que la semana pasada en comisión el anteproyecto obtuvo luz verde, después de que EH Bildu se abstuviera en la votación a cambio de un aumento del 15% de las pensiones no contributivas, la votación de este jueves llega muy ajustada.

En todo caso, la norma final también está pendiente de las enmiendas. Por un lado, el PSOE quiere retirar el destope de las bases máximas que proponía Unidas Podemos y que aprobó por error la semana pasada. Esto abriría la puerta a que empresas y administraciones públicas tuvieran que cotizar por todas las percepciones salariales y no solo por las que están por debajo de la base máxima (4.139 euros al mes este 2022). Por otro, Cs consiguió hacer entrar enmiendas que ampliaban las deducciones.

Cotizaciones de los autónomos

La negociación con los agentes sociales continúa encallada

El gobierno español quiere que los tres millones de autónomos a quienes puede llegar a afectar la reforma paguen unas cuotas de acuerdo con sus ganancias o, en el lenguaje que se está utilizando en el marco de la negociación, de acuerdo con los "ingresos reales". La negociación con los agentes sociales, sin embargo, hace meses que está encallada y, en este caso, el tiempo juega en contra: según el calendario con Bruselas, la reforma tiene que estar terminada el 30 de junio. Por eso, el gobierno ha planteado aprobar nuevas cuotas para los próximos tres años y completar la norma en 2025. La última propuesta de Escrivà es un esquema de 13 tramos para los años 2023, 2024 y 2025 con cuotas de entre 250 y 550 euros al mes. Ahora bien, el ministerio de Inclusión y Seguridad Social también trabaja en la definición del concepto "ingresos reales", que, por ahora, no convence a las organizaciones. Entre otras cuestiones, esto delimita las deducciones que puedan aplicar los trabajadores.

En la última reunión de ayer, Escrivá también planteó un nuevo esquema de protección, es decir, mejoras en las prestaciones para los autónomos en caso de no poder continuar con la actividad. La propuesta, por ahora, ha recibido la buena sintonía de las organizaciones como UPTA y Uatae (esta última pide menos cuotas para los autónomos con menos ingresos) pero no de ATA, la organización vinculada a la patronal.

Cómputo de años

Escrivá negociará su “ampliación” o “adecuación” 

Este es uno de los puntos que más crispación han levantado, no solo de los sindicatos, sino también del socio minoritario dentro del gobierno de coalición, Unidas Podemos. En el documento enviado a Bruselas se recoge de forma vaga "la ampliación del periodo del cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación". En general, esto se traduce en una reducción de las pensiones. Después de un tira y afloja y muchas publicaciones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha negado que esto se traduzca en ampliar solo el cómputo de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, es decir, de los 25 actuales a los 35 (una medida que desapareció de los documentos oficiales). Ahora bien, desde el ministerio sí que mantienen abierta la puerta a "adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, previendo la posibilidad de elección de los años que integren la base reguladora en las carreras más largas". Es decir, que la extensión del periodo se pueda combinar con la elección de los años cotizados más favorables, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas vidas laborales no son tan continuadas, sino que tienen altibajos. Además, el gobierno español también se ha comprometido a revisar la base máxima de cotización.

Bajo la mirada de Europa

La Comisión Europea reclama una “compensación” por el aumento del gasto

La reforma de las pensiones, junto a la laboral, siempre han estado bajo la lupa de Bruselas. Dos hitos muy controvertidos porque en la Comisión Europea (CE) siempre le ha preocupado el peso que puedan suponer las prestaciones para las cuentas públicas. Por eso, en el último análisis del semestre, la CE recordó a España la "necesaria introducción de medidas compensatorias para mitigar los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal [del sistema de las pensiones] en el largo plazo".