Bruselas pide "prudencia" fiscal a España por la elevada deuda pública

MADRIDEn Bruselas preocupa la deuda y déficit público español, hasta el punto que ha pedido a Madrid una política fiscal "prudente" de cara al 2023. Es decir, reducir el gasto y focalizar los estímulos sobre las familias y empresas más vulnerables al incremento de los precios, en particular los energéticos. Esto se desprende de las recomendaciones de primavera que la Comisión Europea ha publicado este lunes, después de que los estados miembros enviaran sus planes de estabilidad para los tres años próximos. En concreto, el ejecutivo comunitario alerta de "desequilibrios" vinculados con el endeudamiento elevado de España y más "en un contexto de desocupación elevada".

Así, a pesar de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, la CE mantiene el rumbo hacia la "sostenibilidad fiscal a medio plazo" a través de las inversiones y reformas, muchas vinculadas al plan de recuperación. El objetivo es evitar que las cuentas públicas se desvíen más de lo previsto, a pesar de que Bruselas ya ha avisado de que la inflación retardará el retorno al PIB prepandémico, que en el caso de España los principales organismos supervisores sitúan para finales del 2023. En sus recomendaciones a España, la CE apela a una reducción del endeudamiento, público y privado, "creíble y gradual".

Ahora bien, Bruselas ha lanzado el aviso al mismo tiempo que asume que el escenario económico actual es de una "elevada incertidumbre" por la guerra en Ucrania. De hecho, a pesar del mensaje de prudencia, la Comisión también habla de "flexibilidad" en caso de tener que desplegar más estímulos.

Suspensión de las reglas fiscales

Tal como estaba previsto, este lunes Bruselas ha propuesto mantener suspendidas las reglas del pacto de estabilidad como mínimo todo el 2023, es decir, suspender los límites de deuda y déficit que se impone en los países. "La prórroga de la cláusula general de salvaguarda hasta el 2023 reconoce la incertidumbre elevada y los riesgos en un momento en que la situación de la economía europea no está normalizada", ha apuntado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en rueda de prensa este lunes.

Esta medida excepcional se aprobó el 2020 con el estallido de la crisis del covid-19, a raíz de la necesidad de los estados miembros de aumentar el gasto para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. España, que gracias a esto también ha suspendido sus propias reglas fiscales, hace semanas que pedía esta prórroga y, de hecho, el objetivo final del gobierno de Pedro Sánchez es caminar hacia normas fiscales más simples, personalizadas por países y que permitan reducir la deuda de una manera realista y priorizando inversiones esenciales como las ecológicas y digitales. Una tesis que recientemente también han subscrito los Países Bajos.

Las normas europeas limitan al 60% del PIB el nivel de endeudamiento que puede acumular un estado de la UE, mientras que el déficit –la diferencia entre los gastos y los ingresos de todas las administraciones públicas– tiene que ser como máximo del 3% del PIB anual.

A pesar de la aprobación del ejecutivo comunitario de prorrogar un año más la suspensión de las reglas fiscales, la medida todavía la tienen que ratificar los gobiernos de cada estado miembro en el Consejo Europeo. Justamente si la Comisión lo ha anunciado este lunes por la mañana es porque esta misma tarde los ministros de Economía de la zona euro se encontrarán en Bruselas en una reunión del Eurogrupo, por lo cual ya tendrán la oportunidad de hablar. Aun así, fuentes comunitarias ya auguraban el viernes que habría "consenso" entre los países.

El mensaje de la Comisión Europea ha coincidido con el del Banco Central Europeo (BCE), que ha recordado que dejará de comprar deuda el tercer trimestre y que pronto podría llegar una subida de los tipos de interés. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho este lunes que la reunión programada para el mes de julio del consejo de gobierno del organismo supervisor puede ser el momento oportuno para llevar a cabo la primera subida de tipo de interés de la zona euro después de una década. Además, Lagarde ha apuntado que es probable que la entidad esté en condiciones de "salir de las tasas de interés negativas a finales del tercer trimestre".

Impulso de las reformas

En su informe, la Comisión Europea ha reconocido que España ha hecho una parte de los deberes y, a pesar de que el paro continúa siendo elevado, en especial entre los jóvenes, admite que el 2021 "ha empezado a caer". Además, apunta que "las reformas del pasado y las actuales del mercado de trabajo y la continuidad del plan de recuperación ayudarán a abordar las vulnerabilidades de España". Es decir, el ejecutivo comunitario también reconoce "el esfuerzo suficiente" del Estado para reducir el déficit público hasta el 6,7% sobre el PIB el 2021, por debajo del que calculaba el mismo ejecutivo.

Con todo, Bruselas ha recomendado a España reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de las energías renovables, en particular de las instalaciones de autoconsumo. En este sentido, la CE insiste que hay que aumentar las interconexiones energéticas con los países vecinos y reducir así la dependencia de combustibles fósiles. Una política que se alinea con el camino emprendido por la comisión para prepararse para un mundo sin gas ruso.