Seis años de un maná europeo que se acaba: de las expectativas a la realidad

MadridUna crisis sin precedentes como la de la pandemia de la covid-19 llevó a una solución sin precedentes: los fondos antipandemia para la reconstrucción. Un maná europeo de 750.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos que rompió algunos tabúes –por ejemplo, el del control estricto de la deuda–, pero también mantuvo concesiones a los países del norte que lo hacían salomónico: se puso techo a las transferencias y el control del dinero adjudicado se endureció.

Seis años después de aquel acuerdo histórico, los fondos bautizados como Next Generation llegan a su punto final. Lo hacen habiendo pasado de unas expectativas a una realidad que, en general, deja un buen sabor de boca. El gobierno español, por ejemplo, atribuye a este maná el hecho de que España sea hoy la locomotora europea en términos de crecimiento. En Cataluña, la Generalitat saca pecho de haber sido la comunidad "pionera" en la captación de fondos. Fuentes de la conselleria de Economía explican que están analizando su impacto, pero en un primer análisis con la Universitat de Barcelona han situado en un 6,2% el impacto acumulado sobre el PIB entre 2021 y 2027.Pero también hay voces más prudentes: han quedado deberes pendientes, una parte del tejido empresarial continúa haciendo malabares para tener acceso a este tipo de oportunidad y los retos continúan planeando sobre la economía catalana y española. Además, entre lo que se anunció al principio –las expectativas– y lo que finalmente se ha sido capaz de gestionar hay brechas.

Un ejemplo son los préstamos que no se han pedido, apunta Josep Reyner, del Col·legi d'Economistes de Catalunya: "El impacto general [de los fondos] es positivo [...] Pero hay una cierta distancia entre lo que se pretendía y lo que ha acabado pasando". En cambio, desde el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), que durante este tiempo también han hecho un seguimiento de la ejecución de los fondos, recuerdan que haber pedido menos préstamos supone no estar tan condenados al retorno de estos y sus intereses. Recuerdan, de hecho, que las subvenciones se financian mediante la emisión de deuda conjunta de la UE a los mercados financieros. "Es una segunda capa de la que no se habla lo suficiente", indica la investigadora de la ODG, Nicola Scherer.

Bruselas exigía que las ayudas del Plan de Recuperación de cada país estuvieran ejecutadas a más tardar este 31 de agosto. Eso significa que este día se deben haber completado los hitos y objetivos comprometidos. Sin embargo, el cierre final se prolongará. De hecho, el Estado tiene previsto pedir el séptimo y último desembolso este septiembre: unos 25.000 millones de euros, la mayoría transferencias. El gobierno español ha trabajado con la Comisión para agilizar su cobro a través de simplificar la verificación y certificación de los 148 hitos y compromisos pendientes.

España ya ha recibido 78.000 millones de euros, el 76,5% del total de los fondos asignados, tras haber cumplido con 338 hitos y objetivos, según los últimos datos del gobierno español. La inyección total de dinero será de más de 100.000 millones de euros entre el período 2021 y 2026. En el caso catalán, la Generalitat ha captado 10.889 millones de euros (4.048 millones asignados a la Generalitat y 6.841 millones que ha gestionado el Estado), según los últimos datos disponibles del ministerio de Economía. Desde la conselleria d'Economia se tienen datos un poco más actualizados por el grado de ejecución de la misma Generalitat: 4.075 millones.

El esfuerzo de las pymes

A escala estatal ha habido 1,5 millones de beneficiarios. De todos ellos, el 68% son pymes y microempresas. Mientras que en Cataluña, con datos hasta el 30 de junio, se han beneficiado más de 197.186 particulares y autónomos y 70.198 empresas. Desde la Conselleria de Economía, sin embargo, solo se dispone de información detallada de 52.985 compañías: 451 son grandes empresas, que han captado más de 1.770,7 millones de un total de 5.554 millones. "Es un importe muy notable, lo que también tiene cierta lógica dado que concentran grandes inversiones y proyectos", indican fuentes de Economía. Las pymes, aseguran, representan el 99% de empresas beneficiarias, captando un 68% de las ayudas.

Ambas administraciones han presumido del impacto en la pequeña y mediana empresa. Pero para Reyner estas han estado en un claro segundo plano. "No diría que han estado ausentes, pero teniendo en cuenta que somos una economía de pymes, la verdad es que los grandes proyectos [inversores] son los que han capitaneado las grandes empresas y administraciones inversoras del Estado", apunta. Algunos de los proyectos que más éxito han tenido entre este tejido empresarial, y que han sido impulsados por el mismo gobierno, son el Kit Digital o el Kit Consulting.

A escala estatal, los principales beneficiados de los fondos europeos son: Adif, Adif-Alta Velocidad y la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), según el listado oficial de los 100 mayores perceptores de fondos europeos.

Proyectos impulsores

En el impacto de los fondos sobre la economía, para los economistas han jugado un papel clave los proyectos masivos o que han actuado sobre sectores más tradicionales. Por ejemplo, el autoconsumo energético, las actuaciones urbanas y las zonas de bajas emisiones. También los cambios en las flotas del transporte público. A todos ellos se suman los sectores tradicionales de la economía catalana y española, es decir, con un peso importante en el crecimiento, como es el automóvil, que ha tenido el PERTE de más dinero. "Se ha traducido en la gigafactoría de baterías o en Martorell con la digitalización de la planta [Seat]", reflexiona el economista del Colegio. Seat, Renault y Mercedes Benz son las tres empresas del automóvil que más se han beneficiado.

El reto principal también era crecer en áreas en las que no hay tanta tradición. Aquí han entrado en juego proyectos más complejos o innovadores. "Era la oportunidad para dar un salto cualitativo y es aquí donde se ven las carencias", dice Reyner. Por ejemplo, el Estado y Catalunya, que tenía especial interés, ha visto pasar de largo una fábrica de microchips, que el gobierno español pretendía conseguir. "Hemos puesto una base para poder avanzar en investigación y diseño, es un primer paso", indica Reyner.

Aquí debería entrar en juego el fondo España Crece que el gobierno español ha aprobado para dar una "continuidad" a los fondos europeos. De hecho, la base de este fondo es una parte de los fondos.

Desde el Estado, fuentes del ministerio de Economía defienden que "se ha conseguido avanzar en ámbitos muy intensivos en conocimiento, como los semiconductores, la computación de alto rendimiento, la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas y las ciencias de la salud".

El reto de las reformas

"No es una cuestión solo de dinero", añade el economista del Colegio. Los fondos europeos han estado vinculados a reformas y compromisos y este echa de menos que algunas hayan sido "poco ambiciosas". "No solo se trataba de justificar cobrar [el dinero], sino de apostar por reformas estructurales que pusieran la economía en una dimensión de más productividad", dice. Por ejemplo, si bien reconoce que la reforma laboral ha supuesto acabar con el mal de la temporalidad, la precariedad continúa siendo alta.

En este sentido, las dificultades del gobierno español para sacar adelante algunas medidas en el Congreso y después de una relación cada vez más tortuosa con los socios de investidura tampoco han puesto fácil alcanzar todos los cambios prometidos, por ejemplo, en materia de vivienda o fiscalidad. De momento no solo se ha aparcado la reforma del suelo, sino también la equiparación del diésel con la gasolina.

Agilidad en la administración

Finalmente, una de las grandes incógnitas desde que se empezaron a desplegar los fondos era si la administración pública sería capaz de gestionar tanto dinero en tan poco tiempo. "Ha sido un reto mayúsculo", reconocen desde la consejería de Economía. Aquí, además, algunos expertos han criticado la centralización. También territorios como Cataluña, que junto con 148 regiones europeas ya presionó a Bruselas para evitar, precisamente, una centralización de los fondos de cohesión, uno de los más sustanciales de la UE.

Finalmente, Reyner echa en falta la constitución de organismos independientes que puedan hacer un seguimiento y análisis de la ejecución del dinero. "Aquí se tiene que dar un paso y muy importante. Tenemos herramientas, hacemos un seguimiento, pero se tienen que tener garantías de que esto se haga de forma neutral y a veces somos prisioneros de un discurso que tiene más tendencia a vender el producto, que no a hacer un análisis racional de su impacto". También desde el ODG se detecta "poca transparencia". "Accedemos a una lista de 100 empresas grandes, pero después es muy difícil seguir el rastro [de los fondos]", lamentan.