Industria

Cuando España vio marchar dos fábricas de chips

La norteamericana AT&T y la catalana Piher acabaron cerrando en plena deslocalización del sector

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Un internauta mirando el web de Piher

Madrid / BarcelonaAlejandro Sánchez es uno de los pocos que han visto nacer y morir una fábrica de microchips en España. Todavía conserva recuerdos de una época en que la planta de la multinacional norteamericana AT&T producía 6.000 obleas de silicio a la semana en un polígono industrial en Tres Cantos (Madrid). Se había inaugurado en 1987 para cerrar en 2001. Ahora los mismos terrenos están abandonados, mientras el gobierno español intenta relanzar la industria a través de un PERTE de 12.250 millones de euros. “Cuando la fábrica cerró éramos un millar de personas con una formación que no se pudo aprovechar y nos dispersamos”, explica este doctor en física, que ahora trabaja en el Sincrotrón ALBA en Cerdanyola del Vallès. 

Pero, ¿qué pasó antes de llegar a este desenlace? España venía de años de hambre tecnológica. Quien fue ministro de Industria durante la época de José María Aznar, Josep Piqué (PP), recuerda que bajo el gobierno de Felipe González (PSOE) se había perdido una “inversión tecnológica importante” que “despertó la polémica”, apunta en una conversación con el ARA.

Más tarde “se intentó compensar la frustración”, añade Piqué, y es aquí donde entra en juego Tres Cantos. Rápidamente, se puso en marcha el engranaje de una “revolución tecnológica” en esta localidad madrileña que más tarde daría lugar al Parque Tecnológico de Madrid (PTM), una zona de casi 300.000 metros cuadrados que hoy cuenta con unas 80 compañías de sectores como la electrónica, las telecomunicaciones o la informática.

La guinda del pastel llegaría en 1987 con AT&T Electronics. La empresa escogía Tres Cantos para colocar su primera planta de microchips fuera de Estados Unidos. El encargado de dirigir el proyecto sería Jaime Martorell Suárez, a quien precisamente el gobierno español ha nombrado ahora comisario del PERTE de los microchips. Durante un año, AT&T envió a una treintena de trabajadores, entre ellos Alejandro Sánchez, a sus plantas de Estados Unidos antes de poner en marcha el proyecto más ambicioso que jamás haya acogido el Estado en el campo de los semiconductores. “Entonces en España había poca tradición en el sector”, apunta Sánchez. Después de unos años de margen para ponerlo todo a punto, asegura que Tres Cantos se llegó a convertir en uno de los centros con mejor rendimiento de la compañía.

Con los años, sin embargo, la fábrica fue cambiando de propietarios hasta que el último, la empresa Agere System, decidió bajar la persiana en 2001 y vender la planta a BP (British Petroleum) para la fabricación de placas solares. La decisión afectó a 1.000 empleados. “Estas fábricas requieren inversiones muy grandes para adecuarse a los cambios tecnológicos cada dos o tres años”, añade Sánchez. En el caso de los semiconductores, las fábricas europeas no resistieron el empujón de los competidores que venían de Asia.

Ni España ni Europa podían competir, recuerda Piqué. El exministro apunta que si bien la capacidad de diseño se quedó, “Europa decidió que le interesaba externalizar la producción hacia la Asia y, en particular, hacia Corea del Sur y Taiwán”. Es lo que se conoce como la gran deslocalización. Buscando reducir costes, las grandes multinacionales tecnológicas trasladaron a países asiáticos la fabricación de gran parte de la cadena de valor. Un proceso que ha puesto en riesgo la independencia geoestratégica, lamentan hoy desde el sector y desde la política.

El caso catalán

Este, sin embargo, no es el único mal final que ha protagonizado la industria de los semiconductores en España. Antes de la planta de Tres Cantos, en Catalunya estuvo Piher, un fabricante de capital local (su nombre viene de los apellidos Pipó y Heredero) que se dedicaba a los transistores. La empresa de Badalona se había expandido desde finales de los años 40 (tenían fábricas en Granollers, Badalona y Tudela, en Navarra), pero se encontró inmersa en una trama digna de una película de espías de la Guerra Fría. “Entraron en la lista negra del CoCom, el organismo de los Estados Unidos para la vigilancia de las exportaciones hacia el Este y su obsesión con que la tecnología norteamericana no llegara al enemigo”, explica el profesor honorífico del departamento de Historia Económica de la UB, Ángel Amado Calvo. 

Piher fue declarada culpable ante un tribunal de EE.UU. de haber exportado tecnología importada de los norteamericanos a Cuba y la Unión Soviética. El caso le costó una multa de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros al cambio) de la cual nunca se recuperó. En 1986 presentó suspensión de pagos. “De Piher salió gente muy muy formada que recogimos otras instituciones”, relata Paco Serra, que fue el primer director e impulsor del Centro Nacional de Microelectrónica. “Se vivió como un cierto trauma”, recuerda Josep Piqué, en aquel momento director general de Industria (1986-1988) del gobierno de Jordi Pujol.

El debate se reabre

Ahora, el lamento se ha apoderado de una Europa donde no hay fábricas de chips y semiconductores, uno de los componentes que más han sufrido los problemas en la cadena de suministro fruto de la crisis de covid-19. Esta carencia ha obligado a los gobiernos a arremangarse para revertir la dependencia en sectores indispensables como este. Un paso lo ha dado Europa, presentando una ley para que la UE produzca el 20% de los semiconductores de todo el mundo en 2030. El otro lo ha dado el gobierno español con la aprobación del PERTE de los microchips con una inversión pública de 12.250 millones de euros. 

“España apunta alto”, dicen desde el sector, que ven como el grueso de la inversión se va hacia la fabricación de los microchips más pequeños (los inferiores a 5 nanómetros). Un desarrollo que ven “complicado” por su alta complejidad y la ingente cantidad de dinero que requiere. “Hay muchos grados, no todo son chips de última generación, que quizás no es lo que nos conviene producir aquí”, razona Serra. Por su parte, Amado recuerda de los errores del pasado y pide que la elección de la ubicación de los proyectos no acabe convertida en una carrera entre vecinos.

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