Ocupación

Los servicios de ocupación incluirán un "tutor personalizado" para mejorar la búsqueda de trabajo

El consejo de ministros aprueba el anteproyecto de ley de políticas de ocupación que transformará el SEPE en una Agencia Estatal de Ocupación

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Yolanda Díaz

MADRIDEl consejo de ministros de este viernes ha aprobado en primera lectura el anteproyecto de ley de ocupación que busca mejorar la inserción de las personas que buscan trabajo y blindar sus derechos cuando acceden a los servicios públicos de ocupación. Además, la normativa quiere rediseñar la gestión de las políticas de ocupación a través de la transformación total del SEPE, el actual Servicio Público de Empleo Estatal, en una Agencia Española de Empleo; y también quiere introducir cambios en su gobernanza.

Para mejorar el camino de las personas desocupadas en la búsqueda de trabajo, la nueva norma recoge la creación de una “cartera común de servicios” que podrán ofrecer tanto la nueva Agencia Española de Empleo como las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de sus propios servicios de empleo. Esta cartera incluirá mejoras en la orientación, la intermediación, la formación y el asesoramiento.

Por ejemplo, se quieren crear perfiles individualizados de los usuarios en los que se tenga en cuenta la situación familiar, el ámbito territorial, si son o no de un colectivo prioritario, entre otros, que permitan ofrecer ofertas de trabajo adecuadas y que garanticen la recalificación. “Tenemos que ofrecer recomendaciones concretas que mejoren la empleabilidad”, defienden fuentes del ministerio de Trabajo, que creen que esto también se traducirá en una mejora de las políticas activas de empleo, como las formaciones subvencionadas con dinero público para la recalificación de un trabajador que se ofrecen en estos casos. Además, la norma quiere blindar que el proceso pueda tener un canal digital y presencial del servicio para todo el mundo. 

La nueva norma también consagrará el principio de "no discriminación" a la hora de acceder al mantenimiento de la ocupación, ampliando la lista de colectivos de atención prioritaria: por razones de edad, sexoafectivas, etnia, etc.

A todo este procedimiento se añade la figura de un “tutor personalizado”, también llamado "orientador". Desde el ministerio de Trabajo aseguran que esto implicará un “indudable” refuerzo de personal de los servicios de ocupación del Estado, si bien no concretan una cifra de trabajadores. Con todo, el compromiso que ha recogido el gobierno español con la Unión Europea es tener a 7.000 orientadores por cada millón de personas en 2024. “Se tendrá que detectar quién necesita este acompañamiento”, apuntan fuentes del ministerio de Trabajo. 

Del SEPE a la Agencia de Ocupación

La Agencia Española de Empleo, que sustituirá al SEPE, tendrá más recursos y autonomía. Desde el ministerio de Trabajo hacen un paralelismo con la Agencia Tributaria. “El tránsito será pacífico y ordenado”, aseguran fuentes del ministerio, que apuntan que no se traducirá en un sobrecoste para los ciudadanos. A través de esta agencia se estructurará una plataforma única con el objetivo de agrupar todas las vacantes de trabajo del territorio, también aquellas que dependen de agencias privadas. De hecho, una de las novedades principales es que las empresas estarán obligadas a comunicar al nuevo SEPE si tienen ofertas de trabajo disponibles. “Esto no conlleva que no puedan seguir ofreciendo sus vacantes”, apuntan desde el ministerio. La gobernanza de este nuevo sistema será compartida entre la Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales y un Consejo del Sistema Estatal de Ocupación donde estarán representados sindicatos y patronales, además de las administraciones autonómicas y locales. 

Para llevar a cabo toda esta transformación, el ministerio de Trabajo cuenta con una partida en los presupuestos del Estado para el 2022 de más de 7.000 millones destinada a las políticas activas de ocupación y también se cuenta con 150 millones de los fondos europeos de aquí a 2023 solo para la digitalización del nuevo SEPE. 

Con todo, la norma todavía tiene un año de tránsito, apuntan fuentes del ministerio de Trabajo, porque justo ahora se abre a audiencia pública y, por lo tanto, puede ser mejorada por las comunidades autónomas, los sindicatos y las patronales. Con todo, este cambio es uno de los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación y, en consecuencia, a la llegada de los fondos europeos.

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