El escándalo de la línea 9: ya acumula 14 años de retraso y 5.000 millones de euros de sobrecostes

BarcelonaLa línea 9 del metro de Barcelona se presentó como la más larga de Europa. Era en 2000. Pasadas dos décadas, ahora se ha sabido que la obra (que todavía no se ha completado) también puede batir otros récords: ya acumula 14 años de retraso y una desviación sobre el coste inicialmente previsto de casi 5.000 millones de euros, según ha alertado un informe de la Sindicatura de Cuentas.

Este informe analiza las cuentas de la línea 9 hasta el 31 de diciembre del 2016 y destaca que las obras ya acumulaban entonces una década de retraso. Ahora, cuatro años después, todavía no ha entrado en funcionamiento el tramo central, entre la Sagrera y Zona Universitaria. Por lo tanto, dado que la obra todavía no se ha completado, los sobrecostes continuarán aumentando.

Pero no es el único problema. El informe destaca que el coste inicial de construcción era de 1.967 millones de euros. Pero el 31 de diciembre del 2016 el gasto ya ascendía a 6.916 millones, un importe que incluía el coste de la inversión (4.796 millones) más los costes financieros (2.120 millones), tanto de las obras presupuestarias como de las concesionadas. Con estos números, según la Sindicatura, el coste de 6.916 millones superaba en 4.949 millones el previsto inicialmente. Estos sobrecostes suponen un incremento del 250%. O, dicho de otro modo: más del triple.

Además, como se detalla en el estudio, casi un tercio de los costes de la obra (2.120 millones) han sido financieros, es decir, intereses que se han tenido que pagar a las entidades que han financiado la construcción.

Pero el desvío del coste y el retraso de las obras no son los únicos problemas que ha detectado la Sindicatura de Cuentas. En el análisis también se cuestionan algunos aspectos de la contratación desde Ifercat y GISA, las empresas públicas de la Generalitat encargadas de la obra.

Autoadjudicación del presidente de Infraestructuras

Entre las adjudicaciones que cuestiona la Sindicatura de Cuentas destaca la de un contrato de servicios (en concreto, por la asistencia técnica para la ingeniería de integración de los sistemas e infraestructuras y coordinación de pruebas de la L9) por valor de 640.000 euros. Este contrato se adjudicó a una unión temporal de empresas (UTE) y podría ir contra la ley porque el entonces presidente de Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, era el administrador único de una de las empresas de la UTE.

Quer dimitió en noviembre de 2015, después de los registros en la sede de Infraeatructures.cat en una investigación relacionada con la trama del 3%, y de haber sido imputado en otra causa relacionada con una adjudicación de la Agencia Catalana del agua.

Justificación insuficiente de adjudicaciones

Así, se destaca que en los expedientes adjudicados a partir de la entrada en vigor de la ley de contratos del sector público (LCSP), en abril del 2008, no se van preponderar los criterios cuantificables de manera automática respecto de los que requerían un juicio de valor, sin que esta excepción al criterio general establecido en la ley de contratos constara debidamente motivada.

Pero, además, en el informe de valoración de la oferta técnica de tres de los siete expedientes adjudicados durante el periodo 2009-2010 por GISA e Ifercat no constaba ninguna justificación de las puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores. Y en el periodo 2011-2015 se incluyó la justificación en todos los expedientes, pero "se hacía de una manera genérica que la Sindicatura considera insuficiente".

También se destaca que, en las ofertas declaradas presuntamente anormales o desproporcionadas durante el periodo 2010-2014, los informes técnicos de valoración de las alegaciones presentadas por los licitadores no estaban suficientemente motivados. En ninguno de los expedientes fiscalizados en que se rechazaron ofertas presuntamente anormales o desproporcionadas constaba la propuesta de exclusión de la Mesa de contratación. La Sindicatura, en este aspecto, también cuestiona la actuación de la Oficina Técnica de Evaluación entre 2011 y 2015.

La Sindicatura lamenta también la tramitación de modificaciones de algunos contratos entre el 2006 y el 2016; y en diez expedientes adjudicados por GISA e Ifercat entre 2009 y 2010 se han detectado "determinadas incidencias relacionadas con los objetos de los contratos, los importes, las fechas o los tipos de contratos" que suponen un incumplimiento de la ley de contratos del sector público y "se considera que debe de haber un fraccionamiento indebido de los contratos".

Además, la Sindicatura destaca certificaciones de obra y sobrecostes acordados con los contratistas no previstos en el proyecto aprobado, diferencias de mediciones superiores al 10% y se indica que el coste de la inversión prevista en el plan económico y financiero del 2016 no incluía algunos conceptos.