UGT denuncia que el fraude en prácticas no laborales cuesta 1.500 millones a la Seguridad Social

El fraude en prácticas no laborales costó más de 1.500 millones de euros a la Seguridad Social en 2018, el último año del que se tienen datos. Así lo constata un estudio hecho público este jueves por el sindicato UGT que avisa que los datos muestran "una normalización del fraude" en aquellos convenios de prácticas no laborales escondiendo la existencia de una relación laboral.

"El problema es que muchas empresas en lugar de contratar a la persona joven cuando entra a cubrir un trabajo estructural como haría cualquier otro trabajador, la contratan como estudiante en prácticas o becario y así se ahorra dinero", denuncia el responsable de juventud de UGT, Eduardo Magaldi. Además, el sindicato denuncia que en muchos casos la empresa o incluso la plataforma a través de la que encuentran la oferta de trabajo "les obliga" a matricularse a centros formativos o cursos digitales para hacerles pasar por estudiantes en prácticas.

Las prácticas no laborales son aquellas que se formalizan a través de un convenio con el SEPE, son remuneradas y tienen por objetivo hacer de trampolín entre jóvenes de 18 a 25 años, desocupados, sin experiencia profesional y no matriculados a ninguna formación, al sector o empresa donde quieran empezar a trabajar. Los jóvenes que se acogen tienen que recibir de la empresa una remuneración como mínimo del 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) mensual y vigente en el momento del convenio. Además, la empresa está obligada a dar de alta al trabajador a la Seguridad Social.

"Son jóvenes que tendrían que cobrar 1.000, 1.200, 1.300 euros por el trabajo que hacen como cualquier otro trabajador", añade Magaldi. Por eso este tipo de fraude no solo tiene un impacto en la Seguridad Social, es decir, en las cotizaciones que se dejan de pagar, sino que también se ha traducido en una pérdida de 16.242 salarios entre 2014 y 2018, según el estudio. En este periodo el fraude en cotizaciones fue de 6.615,2 millones de euros.

Regulación de las prácticas

UGT reclama al gobierno español que "avance" en la creación urgente de un Estatuto de las Prácticas No Laborales de forma que se dé "certeza" a este colectivo de personas becadas para acabar "con su situación de precariedad".

De hecho, en las últimas reuniones del mes de julio del diálogo social sobre la reforma laboral se abordaron las cuestiones alrededor de los contratos de formación y prácticas así como la temporalidad, explican fuentes del ministerio de Trabajo, unos puntos que se pretenden retomar ahora en septiembre. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anticipado que el objetivo es acabar con la "precariedad" y por eso el ministerio busca reformar el artículo 11 del estatuto de los trabajadores, que regula este tipo de contratos.

Delimitar bien el tipo y tiempo del contrato de formación, la remuneración, que no haya ninguna "confusión entre un becario o una persona que cubre un lugar estructural de trabajo y establece una relación laboral con la empresa" o hacer un seguimiento exhaustivo son las principales medidas sobre las que trabaja el ministerio, explican las mismas fuentes. "Se quiere dar pie a la contratación estable y que no sea una puerta de entrada a la precarización ", añaden.